Dependiendo del tema y de la perspectiva desde la que se observe, tres lustros pueden ser relativamente poco tiempo o puede ser mucho, lo cierto es que en términos generales hablar de quince años es hacerlo del tiempo suficiente para hacer un corte de caja y concluir qué tanto han cambiado las cosas.
Fue el 10 de junio de 2011 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la conocida como “reforma en materia de derechos humanos”, misma que supuso un cambio radical en la concepción que en el Estado mexicano se tendría de los derechos humanos y, con ello, de los mecanismos para garantizarlos.
Desde luego, un cambio de esta profundidad e implicaciones no pudo presentarse sin que se haya presentado la exigencia de buena parte de la sociedad, lo cual dejó patente lo impostergable y relevante que era esta nueva forma de concebir a los derechos humanos.
Indudablemente, esta reforma supuso un importante logro del Poder Legislativo en beneficio de todas y de todos, sin embargo, ha sido en su implementación en donde han estribado los principales obstáculos en el logro de los objetivos perseguidos por esta decisión.
Ideas como el poner en el foco del quehacer público a la dignidad humana y obligar a cumplir con el principio de progresividad de los derechos humanos a todas las autoridades, llegaron para transformar de manera contundente las convicciones y el actuar no solo al poder público, sino de toda la sociedad. La apuesta que a partir de ese día realizó el Estado mexicano al poner en el centro a las personas, no sólo busco satisfacer añejas necesidades internas, sino que puso al día a nuestro país en lo que a la Comunidad Internacional correspondía.
No obstante, la reforma en materia de derechos humanos tan reconocida dentro y fuera del país se ha convertido en un buen ejemplo de uno de los cuestionamientos que a menudo se le realizan al derecho respecto a sus alcances para efectivamente lograr reflejar en la realidad, aquello que se encuentra establecido en la norma. Hoy podemos ser testigos de que muchos de los reclamos históricos siguen presentes y, en algunos casos, se han agravado las situaciones que los han producido.
En quince años en los que han transcurrido las administraciones de los presidentes Calderón Hinojosa, Peña Nieto, López Obrador y de la presidenta Sheinbaum Pardo, muchas de las históricas asignaturas pendientes del Estado mexicano lo siguen estando y, a pesar de cambios constitucionales como el mencionado, algunos de los grandes flagelos de la sociedad mexicana persisten.
Por lo que hace a algunas de las instituciones encargadas de proteger y promover derechos humanos, ejemplos como la lamentable y efectivamente progresiva irrelevancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos resultan inexplicables al observar un marco jurídico que pareciera describir una situación distinta a la real. Por lo que hace a las comisiones estatales de derechos humanos, en la actualidad luchan de materia cotidiana para sobrevivir en un entorno que no ha sido el óptimo para un despliegue razonable de sus capacidades institucionales en aras de cumplir con sus mandatos constitucionales.
Así, los recién cumplidos quince años de la reforma en materia de derechos humanos deben servir para reflexionar sobre los logros obtenidos a partir de la misma, y los esfuerzos que en adelante se deben emprender para alcanzar el ansiado e indispensable cambio que se persiguió con la misma: poner al centro de todo a la dignidad humana.
