La Federación Española de Fútbol está por cerrar un acuerdo para facilitar que las jugadoras de su selección puedan congelar sus óvulos. La iniciativa surgió de las propias futbolistas, entre ellas sus capitanas, que plantearon que los años de mayor rendimiento deportivo de una mujer coinciden, en buena medida, con los años de mayor fertilidad.
El argumento clave es que las futbolistas están sirviendo a su país “en contra de su tiempo biológico”. Y es que, ¿por qué una mujer no debería tener que elegir entre desarrollar su carrera y preservar la posibilidad de ser madre?
Y esto, no debería solo considerar a las mujeres atletas. Porque aquí hay un punto importante, y es que la posibilidad de preservar la fertilidad sigue dependiendo, en tantos casos, de la capacidad económica.
Congelar óvulos no es un procedimiento menor ni gratuito. Implica consultas, estimulación hormonal, extracción, vitrificación y, además, costos de almacenamiento. El tratamiento tampoco garantiza un embarazo futuro.
Por eso, lo interesante, es que el deporte profesional empiece a asumir algo que durante años se consideró exclusivamente un problema individual de las mujeres.
En este caso, fueron las propias deportistas quienes tuvieron que resolverlo por su cuenta. Ahora algunas federaciones, clubes y asociaciones comienzan a entender que la salud reproductiva también forma parte de las condiciones laborales y profesionales de una atleta.
La WTA, por ejemplo, estableció en 2025 una regla de protección de la fertilidad que permite a sus jugadoras ausentarse para someterse a procedimientos de preservación y regresar a competir con protección de su clasificación.
Esta es otra forma de avanzar respecto a los derechos reproductivos de las mujeres, porque este asunto tan solo se ha dejado pasar como una problemática que le corresponde a las mujeres. Porque la mujer que quiere desarrollarse profesionalmente tiene que hacer una especie de cálculo biológico y considerar factores como cantidad de hijos, cuidados, ausencia en la carrera y como retomarla.
Y claro que afecta, porque en determinados puestos de poder, la maternidad ha sido vista como una “complicaciòn”, llegando al punto de condicionar o dar preferencia a mujeres solteras y sin hijos, o en casos más contundentes, solo considerar al género masculino; en este caso, solo exhibiendo la cultura que se tiene sobre las paternidades.
Pero entonces, las instituciones están obligadas a generar condiciones para que ser madre no signifique abandonar una profesión, una carrera o un proyecto de vida.
México debería tomar nota; y no lo digo para copiar literalmente el modelo español, sino para llevar la discusión hasta sus últimas consecuencias.
Porque en nuestro país el punto de partida jurídico ya existe: La Suprema Corte ha reconocido que el derecho a la salud comprende la salud reproductiva y que el acceso a técnicas de reproducción asistida está relacionado con el derecho de las personas a decidir libremente sobre su reproducción. También ha establecido que hombres y mujeres tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos.
Entonces, ¿qué parte de la salud reproductiva debe garantizar el Estado y bajo qué condiciones?
Reconocer jurídicamente los derechos reproductivos no es suficiente, cuando el acceso efectivo a muchos tratamientos puede depender de tener los recursos suficientes para pagarlos en el sector privado.
Y con esto, no estoy diciendo que el Estado tenga que pagar indiscriminadamente cualquier procedimiento de fertilidad para cualquier persona, en cualquier circunstancia.
Estoy diciendo, que la salud reproductiva no debería convertirse en un lujo.
México necesita considerar una política nacional de fertilidad que contemple prevención, diagnóstico, preservación y tratamientos de reproducción asistida, con criterios médicos, transparentes y no discriminatorios.
Y debería hacerlo pensando no sólo en las mujeres, porque la infertilidad puede involucrar factores femeninos, masculinos o de ambos integrantes de una pareja. Además, existen personas solteras y familias diversas que también recurren a técnicas de reproducción asistida. La propia Suprema Corte ha reconocido que este derecho no puede restringirse a un único modelo de familia.
Si queremos hablar seriamente de igualdad, el siguiente paso no debería ser preguntarnos quién puede pagar la fertilidad, más bien, ¿cómo hacemos para que el dinero no sea lo que determine quién puede acceder a ella?
