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Redacción ejecentral

Legisladores de oposición solicitaron a la Mesa Directiva del Senado, encabezada por Olga Sánchez Cordero, su apoyo para interponer una controversia constitucional en contra del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que declara de seguridad nacional las obras prioritarias de su gobierno.

Fue durante la sesión de este jueves que el senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón informó sobre un acuerdo suscrito por distintas bancadas para interponer la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Tal y como tiene usted en su conocimiento, el día de hoy se entregó en la Mesa Directiva una solicitud firmada por los coordinadores de los grupos parlamentarios, y que las senadoras y senadores que integramos dichos grupos suscribimos plenamente, solicitando que en términos de la representación legal que ostenta la Mesa Directiva y su persona podamos entablar una controversia constitucional”, indicó.

El senador emecista indicó que las senadoras y senadores que suscriben el acuerdo, consideran que el decreto del presidente López Obrador “se aparta gravemente y violenta nuestra Constitución”.

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Apuntó, también que se trata de un decreto que atenta contra la división de poderes y, dentro de la figura de controversia constitucional, se encuentra la regularización ante la invasión de competencias.

“Este acuerdo excede la esfera de competencias que tiene el Ejecutivo federal, y legisla en materia de obras y asignaciones, facultad exclusiva de este Senado y su homóloga la Cámara de Diputados”, dijo.

Por ello, llamó a Sánchez Cordero a que, como ministra en retiro, para que suscriba la controversia constitucional.

Por su parte, la senadora Claudia Anaya apeló a la transparencia como una conquista de la sociedad que nadie debe destruir y que, como Senado, se está obligado a obligar defender y vigilar que se cumplan los pilares de la democracia.

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En ese sentido, señaló que el acuerdo presidencial sobre las obras prioritarias abre la puerta a las llamadas “partidas secretas”.

“Es un acuerdo que da forma arbitraria e ilegal, declara de interés público y de seguridad nacional los proyectos y obras de esta administración, violando el principio de máxima publicidad”, indicó.

Frente a ello, exigió que se establezca una controversia constitucional, pues vulnera el principio de la división de poderes y trasgrede las facultades del Congreso de la Unión.

Aseguró que no hay “lugar a interpretaciones” y que en términos jurídicos el acuerdo es ilegal, mientras que en lo político es un retroceso que debilita los contrapesos no solo entre poderes, sino también con la sociedad. CJG

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