El impacto económico de la doble recesión, la económica y la sanitaria, tendrá un efecto negativo en la economía formal del país para llevar el empleo a niveles de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero donde alrededor de 8 de cada 10 personas laborando en la informalidad. Es decir, donde en promedio sólo 1 de cada 5 trabajadores está en la formalidad.
Con la reforma laboral para prohibir la subcontratación u outsourcing de personal o trabajadores en México, “se traducirá en que (los empleadores) no den de alta al trabajador (ante el IMSS), eso te lleva al mercado de la informalidad”, comentó el consultor privado en materia laboral, Ramsés Palomo, fundador de la firma Singh Consulting Group.
También participante del parlamento abierto de análisis en la Cámara de Diputados a la iniciativa presidencial de reformar la subcontratación de personal, señaló que derivado de la crisis económica de 2019 y golpe económico adicional por la pandemia del SARS-CoV-2 en 2020, la gran mayoría de las empresas carecen de los recursos para incrementar sus costos laborales.
“Hubiera sido buena”, la regulación pero “la decisión, fue en el peor momento (...) el mayor golpe al sector empresarial fue con cero apoyo (económicos y/o fiscales por parte del gobierno federal) y súmale que tenemos que entender que hoy es un delito subcontratar”, agregó el abogado en materia laboral.
Datos oficiales muestran que en abril de 2020, en plena pandemia sanitaria, el 92.2% de las empresas no recibieron apoyos. En ese momento, el gobierno federal apoyó a 130 mil 350 empresas, lo que significó sólo el 7.0%.
Incluso, a marzo pasado, poco más de 343 mil 800 empresas recurrieron a la reducción del personal, más de 247 mil compañías disminuyeron la paga y más de 547 mil disminuyeron la compra de insumos o materia prima para paliar los efectos negativos de la pandemia.
“Quizá por desconocimiento y sin dolo, un empleador se puede convertir en un delincuente a la par de un narcotraficante y tener prisión”, indicó Palomo, al infringir la normatividad laboral.
Impulsando la informalidad
“Venimos de una recesión económica muy complicada y lo que están haciendo con esta reforma es recaudar más impuestos. El empleador no tiene dinero para pagar la carga tributaria y le va a decir al trabajador: ‘te despido o te pago en efectivo’ porque yo no puedo pagar los impuestos”, indicó el especialista, que también es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Trabajadores de Capital Humano.
Esa falta de liquidez se refleja en datos oficiales. A marzo, alrededor de 713 mil empresas o 38% de las más de 1.87 millones de empresas encuestadas por el Inegi, dijeron necesitar apoyo a través de exenciones o reducciones fiscales; más de 638 mil (34% de las encuestadas) señalaron necesitar transferencia de efectivo; poco menos de 654 mil compañías (35% de las encuestadas) indicaron requerir diferimientos de impuestos.
Esa falta de liquidez orillará a las empresas a salir de la formalidad y lo que ocurre en localidades como Oaxaca donde 81 de cada 100 trabajadores lo hace en la informalidad o en estados como Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz donde la informalidad laboral se ubica entre 70% y 77%, según Palomo, la reforma laboral es “reflejo de lo que va a suceder en México”.
En el segundo trimestre del año, en promedio nacional el 56% de la población trabajadora lo hace en la informalidad. Es decir, de los 55.2 millones de trabajadores en todo el país, 31.0 millones están fuera de la Ley Laboral mexicana, es decir 1 de cada 4 habitantes en el país. Vale la pena recordar que México es el décimo país más poblado del mundo.
Hasta junio pasado, destacaron cuatro entidades que reportaron una informalidad menor al 50% de la reportada por Oaxaca, estos fueron Nuevo León (38%), Baja California Sur (37%), Coahuila (37%) y Chihuahua (36%).
El deceso de Mary Kay
En el actual estado de salud de las empresas por la doble recesión, se puede evidenciar con empresas como Grupo Aeroméxico, la segunda mayor aerolínea en México, que está en proceso de salir de la reestructura de deuda a través de la Ley de Quiebras de Estados Unidos o Grupo Posadas, una de las mayores cadenas de hoteles en el país, que recientemente llegó un acuerdo con sus principales acreedores para reestructurar su deuda y con ello someterá ese acuerdo para su legalización en una corte de Estados Unidos.
Aunque se desconoce su situación financiera de la estadounidense Mary Kay, por ser una empresa privada (sin acciones o títulos de deuda en los mercados bursátiles), la productora y comercializadora de productos de belleza, fue una de las empresas que logró un amparo provisional contra la reforma laboral.
“Hay que esperar para ver qué determinan los tribunales. Si continúa, esto pues Mary Kay tendrá un gran impacto porque sus vendedoras no pueden ser parte de su fuerza laboral. (por costos). No los puede dar de alta en el IMSS”, señaló Ramsés Palomo.
Aunque, la otra cara de la moneda, por la situación económica actual, un revés a la reforma, será un respiro para algunas compañías.
“Si el juez confirma la suspensión (para Mary Kay), será irreversible. Esa será la llave para que (los empresarios) encontremos un vehículo jurídico para poder continuar (laborando). Sí Mary Kay u otra empresa obtiene la suspensión definitiva, seguramente muchos tomarán esa vía legal”. para preservar las fuentes de empleo, aseguró el especialista.