En una respuesta conjunta a las propuestas del gobierno federal, diputados del PAN, PRI y PRD presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, buscando asegurar el abasto de medicamentos o, en su defecto, el reembolso de gastos a derechohabientes, beneficiarios y la población sin seguridad social.
La iniciativa, respaldada por figuras como Laura Barrera Fortoul, Éctor Jaime Ramírez, Ana Laura Sánchez, Frinné Azuara, entre otros, surge como alternativa a medidas gubernamentales, como la creación de una Megafarmacia, tachada de ineficaz para resolver el desabasto y que podría aumentar los tiempos de traslado de medicinas.
En el contexto de la propuesta, se hace hincapié en la obligación del Estado, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de suministrar tratamientos de manera oportuna, permanente y constante. Se destaca que, ante interrupciones en el suministro, las autoridades vinculadas deberían reembolsar los gastos erogados por los pacientes.
“Nos sumamos a la iniciativa del Diputado Éctor Jaime para garantizar el abasto de medicamentos. En caso de tener que comprarlos, el gobierno deberá reembolsarte. Para la Coalición Legislativa PRI, PAN, PRD, la salud de las y los mexicanos es prioridad”, expresó Barrera Fortoul en redes sociales.
Una vez aprobada la iniciativa, los prestadores de servicios de salud tendrían 90 días para establecer los procedimientos necesarios, basándose en asignaciones anuales del Presupuesto de Egresos de la Federación. El reembolso se contemplaría cuando los pacientes recurran a servicios privados o sociales de salud, cuando los insumos estén en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, y cuando los medicamentos sean prescritos por profesionales de instituciones públicas.
En contexto, se destaca que el gasto de bolsillo de los mexicanos en salud ha aumentado, llegando al 38.8% del gasto total en salud, según datos de la ENIGH 2022 del INEGI analizados por el CIEP. Un hogar afiliado al IMSS gasta un promedio de 5,350 pesos anuales en medicamentos no proporcionados por el sector público, evidenciando la falta de surtimiento de 45 millones de recetas en los últimos años, según reconocimiento del propio gobierno.
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