PGR da revés contra Ley Anticorrupción a modo

Jonathan Nácar Dávila |@jonathanjdn

La Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte dos acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y gobernadores de Quintana Roo y Veracruz, por las normas avaladas en esas entidades que se consideran violatorias de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.

El vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, señaló en rueda de prensa que por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto se presentaron estas acciones porque “ninguna institución ni ningún servidor público de cualquier nivel de gobierno puede estar al margen de la ley”.

Es conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise las disposiciones y normas aprobadas recientemente en los congresos de esos estados, que el Gobierno de la República considera pondrían en riesgo el recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción y para “que no haya cabida a leyes locales a modo”.

En el caso de la acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes en materia de anticorrupción aprobadas por el Congreso de Veracruz, se trata de la primera acción legal por parte del gobierno federal que busca frenar el andamiaje de protección constitucional que pretende instaurar el aún gobernador del estado, Javier Duarte.

Fue el 30 de junio, que el Congreso estatal aprobó la creación de la Ley Anticorrupción, con 29 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, cuya implementación pretende que sus magistrados, propuestos por el Ejecutivo estatal, se mantengan hasta por una década en el cargo.

Aunque de acuerdo con la modificación del artículo 67 de la Constitución Política de Veracruz, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual dependerá de la Fiscalía General del estado, deberá ser nombrado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, según la previa convocatoria pública.

Sin embargo, el nombramiento de este fiscal podrá ser objetado por el gobernador del estado dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos aplicables.

Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz ha reiterado las acusaciones respecto a que Javier Duarte pretende que sea el Congreso Local quien autorice una especie de blindaje a fin de que las investigaciones sobre corrupción y otros delitos durante su administración no representen ningún riesgo le autorice un blindaje para proteger su salida e irse sin ningún riesgo.