Pide Lydia Cacho a Ignacio Mier conducirse con la verdad

5 de Noviembre de 2024

Pide Lydia Cacho a Ignacio Mier conducirse con la verdad

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Recordar que la figura de Mario Marín quedó marcada por su presunta implicación en la detención, privación de la libertad y tortura de la destacada periodista Lydia Cacho en el año 2005

El diputado federal de Morena, Ignacio Mier, se encuentra envuelto en una nueva polémica tras la revelación de que habría contratado como su escolta a Raymundo Clemente Romero, quien ocupó previamente el cargo de jefe de seguridad del exgobernador de Puebla, Mario Marín, conocido como el “gober precioso.”

Recordar que la figura de Mario Marín quedó marcada por su presunta implicación en la detención, privación de la libertad y tortura de la destacada periodista Lydia Cacho en el año 2005.

La revelación de esta controvertida contratación surgió durante una entrevista entre la periodista Lydia Cacho y Viridiana Lozano del medio poblano “Ambas Manos”. Durante la conversación, Cacho identificó a Raymundo Clemente Romero como uno de los testigos de los abusos que sufrió a manos del gobierno de Mario Marín.

“Ambas Manos,” el medio que documentó esta conexión, registró la presencia de Raymundo Clemente Romero, un exministerial y exjefe de seguridad de Mario Marín, como escolta de Ignacio Mier durante su reciente gira por el estado de Puebla.

Lydia Cacho, reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos y el periodismo de investigación, respondió a esta noticia con un mensaje contundente en sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter, Cacho expresó: “Bueno, es de políticos rechazar la verdad para inventar su verdad basada en la negación. A @NachoMierV le da igual que tengamos fotos, videos y copia de la nómina del sujeto en cuestión. También el gober precioso decía que su voz no era su voz en las grabaciones. Podía haber dicho que desconocía los antecedentes del escolta. La verdad es siempre más sencilla”.

Este señalamiento de Lydia Cacho ha avivado un debate público sobre la ética y la responsabilidad de los funcionarios públicos al seleccionar a su personal de seguridad, especialmente cuando existe un historial vinculado a violaciones de derechos humanos.

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