Oliver Campos Martínez, desplazado hace siete años junto con su familia de Pueblo Viejo, Oaxaca, interpuso una queja ante la Comisión
Nacional de los Derechos humanos para pedir que la Primera visitaría General ejerza la facultad de atracción porque la Defensora de Oaxaca no ha dado respuesta.
Hace seis años, Ocampo Martínez y otras catorce personas fueron expulsados a punta de pistola de pueblo Viejo, agencia municipal de San Francisco del Mar por no pertenecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y votar por el Partido de la Unidad popular, informó El Universal.
De acuerdo con el solicitante, el 14 de noviembre de 2013, el agente municipal de esta comunidad ikoots (huave), Homero Salinas, no aceptó que un grupo de ciudadanos simpatizaran con el Partido de Unidad Popular, por lo que incurrió en hostigamiento, violencia, decomiso de bienes y suspensión de servicios,
Además, en la asamblea los acusó de no realiza el sequío comunitario por pertenecer a una religión protestante y por unanimidad resolvieron expulsarlos.
Desde entonces, se vieron obligados a vivir en la cabecera municipal Pueblo
Nuevo bajo la protección del presidente municipal,, Leonel Gómez, pero debieron empezar de cero porque tuvieron que dejar sus propiedades y animales.
La Defensora de Oaxaca mantiene abierto el expediente por “presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades de Pueblo Viejo” y solicitó a la fiscalía
y a las secretarías General de gobierno y de Pueblos Indígenas y Afroamexicano actuar de “forma inmediata” para que sean restituidos sus derechos a los afectados.
El presidente municipal de San Francisco del Mar, Juan Carlos Vargas, se pronunció por establecer una mesa de trabajo con las víctimas para que puedan analizar la problemática que enfrentan y encontrar soluciones viables.
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