Piden que titular de SIBISO comparezca por apoyo a la revocación
Daniela Álvarez Camacho, diputada del PAN, señaló que el titular de SIBISO debe explicar la operación de directores ejecutivos de las 16 alcaldías
CIUDAD DE MÉXICO, 01OCTUBRE2018.- Decenas de personas se dieron cita a las afueras del nuevo Congreso de la Ciudad de México en donde se llevó acabo la sesión solemne de la I Legislatura donde tomaron posesión los 16 nuevos alcaldes. FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM
/Misael Valtierra/Misael Valtierra
Daniela Álvarez Camacho, vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, promovió un punto de acuerdo para que el titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), Carlos Alberto Ulloa, comparezca por la participación de funcionarios de esa dependencia en la captación de firmas para la revocación de mandato.
Y es que la legisladora del PAN señaló que se debe explicar la operación de directores ejecutivos de Participación Ciudadana de las 16 alcaldías, quienes solicitaron a los promotores de apoyos sociales, a través de terceras personas, participar en la captación de firmas.
La legisladora presentó un audio en el cual se escucha a la directora en la alcaldía Venustiano Carranza, Astrid de Jesús Miranda, mientras gira instrucciones sobre la capacitación que recibirá para recabar 60 mil firmas.
Tras presentar el audio la legisladora capitalina indicó que el titular de SIBISO debe explicar la operación de funcionarios en las alcaldías, y es que, recordó, estos fueron ingresados a las alcaldías a través de un decreto de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
“Que nos conteste ¿Cuáles son los instrumentos normativos que establecen de forma concreta las funciones y entregables de estos directores? ¿Cuántos de estos fueron denunciados por hecho relacionados al ejercicio de revocación de mandato?”, indicó.
A ello, añadió que estos funcionarios tienen sueldos de más de 77 mil pesos mensuales con cargo al erario, lo que al año representan más de 13 millones, que, apuntó, bien podrían ser usaos para brindar atención médica a la ciudadanía.
“Más de 13 millones al año, nos cuestan tan solo estos 16 directores u operadores políticos”, señaló. CJG