Seúl. La destitución de la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, por el parlamento carece de base legal y debe ser rechazada por el Tribunal Constitucional, indicaron hoy los abogados que representan a la mandataria, envuelta en un escándalo de corrupción.
Los representantes legales de la presidenta en suspensión entregaron una declaración de 24 páginas sobre el caso al Tribunal Constitucional, que determinará si destituir o reincorporar a la jefa de Estado después de una revisión que podría durar hasta seis meses.
“Como no hay pruebas de ofensas legales (citadas en la moción del juicio político), creemos que no hay fundamento para el enjuiciamiento”, señaló uno de los abogados ante los reporteros después de entregar el documento tal como solicitó la semana pasada el tribunal.
El abogado añadió que su postura es que no hay motivo para la destitución, y que lucharán por todos los hechos y temas legales, reportó la agencia surcoreana de noticias Yonhap.
El viernes pasado, la Asamblea Nacional aprobó el juicio político de la presidenta Park por un escándalo de corrupción que involucra a la presidenta y su íntima amiga Choi Soon-sil.
El órgano legislativo ha enlistado 13 cargos, entre ellos cinco violaciones de la Constitución y ocho ofensas legales.
Park, de 64 años, cuyo padre gobernó el país durante 18 años después de tomar el poder en un golpe de Estado en 1961, está bajo sospecha de jugar un papel en la presión ejercida sobre los conglomerados locales para que donasen grandes sumas de dinero a dos fundaciones controladas por Choi.
La presidenta también está acusada de haber permitido a Choi, sin cargos oficiales, ejercer influencia en el Gobierno, en los asuntos presidenciales e incluso nombramientos de altos cargos.
Park, quien ha negado todas estas acusaciones, calificándolas de “carentes de fundamento”, es poco probable que aparezca en la Corte Constitucional para las audiencias, consideró uno de sus abogados a la prensa.
El parlamento aprobó un voto de destitución contra Park,el 9 de diciembre pasado, y sus poderes se han suspendido hasta que la corte dé su veredicto, que puede tardar hasta 180 días, mientras sus abogados insisten que no hay motivo para destituir a la mandataria de su cargo. DA