Foto: Gobierno Tamaulipas

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María Idalia Gómez

El ministro Juan Luis González Alcántara desechó la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas, por no existir materia, y con ello Francisco Javier García Cabeza de Vaca se mantiene en su cargo como gobernador de la entidad.

Sin embargo, aún falta que la Cámara de Diputados presente su propia controversia constitucional ante la Suprema Corte, para lo que aún tiene unos 15 días más, antes de que se le venza el plazo.

De acuerdo con el fallo del ministro, que fue de fondo, consideró que no existe materia de análisis, ya que el Congreso de Tamaulipas decidió no homologar la facultad constitucional y con ello no ejecutar el desafuero del mandatario estatal.

Pero el propio ministro aclara que su resolución no prejuzga de la responsabilidad penal o no de García Cabeza de Vaca, pero eso deberá resolverse después de que termine su mandato. Por lo tanto, la Fiscalía General de la República continúa imposibilitada de solicitar una orden de captura contra el gobernador, con lo que gana un primer round jurídico el gobernador panista.

Lo procedente es desechar la demanda promovida por el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo”, planteó el ministro.

Ejercieron su autonomía

González Alcántara, quien es el ministro que más recientemente se incorporó a la Corte y que en su carrera se ha distinguido por una visión federalista de la norma planteó que el Congreso del estado “en ejercicio de sus atribuciones, tal y como dispone el quinto párrafo del artículo 111 constitucional, decidió no homologar la declaración de procedencia que emitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que se estima que la determinación impugnada no afecta materialmente la decisión tomada por el Poder Legislativo de la entidad federativa”.

Con esto, los legisladores locales acataron el artículo constitucional “en ejercicio pleno de su autonomía, procedió como consideró que correspondía. Decidió no retirar ‘la protección o inmunidad procesal penal’ al gobernador estatal a quien se le imputa la probable comisión de un delito federal. Por el momento, determinó que no se pusiera a disposición de las autoridades federales al titular del Poder Ejecutivo local”.

Por lo tanto, el ministro  González Alcántara concluyó: “Se estima que no existe una afectación en la esfera de atribuciones del Poder Legislativo promovente, pues para resentir un agravio era indispensable que se hubiera obstaculizado el ejercicio de su ámbito competencial o que éste se viera mermado, lo cual no se desprende del escrito presentado por el Poder actor ni de los antecedentes por el traídos a cuenta, porque, se insiste, en uso de sus atribuciones constitucionales, decidió no homologar la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”.

Esta resolución permite a García Cabeza de Vaca mantenerse en el cargo. Sin embargo, la Cámara de Diputados federal preveía interponer su propia controversia constitucional, para lo que vence el plazo la última semana de mayo.

De presentarse este recurso y el resolver, la Suprema Corte determinará los alcances de la Fracción V del artículo 111 de la Constitución, y definir con ello si el Congreso local debe o no acatar la declaratoria de procedencia que emita la legislatura federal.

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