La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó que con base en resultados preliminares de una serie de trabajos de gabinete y campo, realizados al proyecto Malecón Tajamar Cancún, no encontró indicios de la existencia de daños ni responsabilidad ambiental atribuible al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).
La dependencia aseveró que el desmonte del pasado 16 de enero se ejecutó al amparo de autorizaciones válidas y vigentes otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para desarrollarse en un predio que no está considerado sitio RAMSAR ni se encuentra dentro del Área Natural Protegida (ANP) Sistema Lagunar Nichupté.
Hasta el momento la dependencia informa que la evidencia recabada sobre un presunto daño es indicativa de responsabilidad ambiental a la empresa BI & DI REAL ESTATE DE MÉXICO S.A. DE C.V., por realizar acciones de desmonte de vegetación forestal sin contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ni con Estudio Técnico Justificativo, ni con proyectos ejecutivos validados por la SEMARNAT.
Así mismo el boletín menciona que para la construcción de los proyectos en los diversos lotes del predio se deberán obtener nuevas autorizaciones, al amparo de la legislación vigente y en congruencia con las demás disposiciones estatales y municipales.
Por su parte la PROFEPA ha realizado inspecciones permanentes al proyecto y continúa profundizando en la revisión de los términos y condicionantes de las autorizaciones otorgadas por la SEMARNAT al proyecto Malecón Tajamar Cancún. Sin embargo, se precisa que las acciones de chapeo y desmonte realizadas por FONATUR se hicieron con base en los protocolos correspondientes.
En cuanto a la empresa BI & DI REAL ESTATE DE MÉXICO S.A. DE C.V continuará con los procedimientos para determinar la responsabilidad ambiental y administrativa y mantendrá colaboración estrecha con la Procuraduría General de la República (PGR) para determinar las responsabilidades penales que correspondan, por delitos contra la biodiversidad.