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Bernardo Naranjo

Nadie habla de ellos. No aparecen en discursos, planes nacionales, programas ni informes de gobierno. Como si no existieran, desde hace décadas funcionarios de todos colores planean acciones que los ignoran y el Congreso omite la asignación de recursos para atenderlos. Son como fantasmas en el sistema educativo mexicano. Son todas las niñas, niños y jóvenes de entre 3 y 17 años que no asisten a la escuela en México. Debían cursar la Educación Básica o la Media Superior, pero no están inscritos en ninguna escuela y no hay mecanismos ni apoyos federales para identificarlos, (re)incorporarlos y acompañarlos. En estados y municipios ha llegado a darse algunas acciones, pero en muy pocos casos.

›Las primeras cifras del Censo 2020 del INEGI, anunciadas la semana pasada, nos ofrecen con crudeza la dimensión del problema. Su desatención hizo que el número de quienes no asisten a la escuela creciera 11.6% con respecto al que identificó el Conteo 2015 del propio INEGI (4’762,863 personas): en apenas cinco años, este trágico número se incrementó en 553,924 niñas, niños y jóvenes, y hoy ya rebasa a la población total de países como Irlanda, Nueva Zelanda o Costa Rica, entre muchísimos otros. Y no sobra recordar que el Censo se levantó en marzo pasado y, por tanto, esta cifra no considera aún los graves efectos de la pandemia en la asistencia escolar.

¿Quiénes son y dónde están todas estas personas? Podríamos pensar que viven en zonas remotas y aisladas de nuestro país, y que en su mayoría son víctimas de la falta de escuelas y maestros. No es así, de hecho, 2’087,104 de ellos, casi el 40%, están en localidades de más de 100 mil habitantes (hay cerca de 220 mil tan sólo en la CDMX), mientras que 1’039,161 (19.5%) se ubican en poblaciones de menos de mil personas. 

El problema más frecuente, claramente no es la falta de escuelas, sino la falta de acciones. Y, desde luego, la falta de articulación de las diferentes instancias públicas que debían tener a ésta como preocupación central: SEP, DIF y Bienestar Social, por la parte federal, los gobiernos estatales y municipales de todo el país.  

Las consecuencias del problema son muy evidentes. Quienes están fuera de la escuela difícilmente accederán a buenas oportunidades laborales, además de que la baja escolaridad está relacionada con un bajo nivel socioeconómico y una menor expectativa de vida, entre muchos otros problemas. Y si bien puede pensarse que la inasistencia podría ser un mal menor entre los niños más pequeños (3 a 5 años), es necesario establecer que quienes no van a la escuela normalmente pertenecen a familias de los estratos menos favorecidos, quienes ya llevan desventaja con respecto a sus pares por las condiciones económicas y culturales del hogar. Su inasistencia al preescolar sólo ensancha esa brecha, de manera que ésta ya será enorme cuando apenas ingresen a la primaria.    

¿Puede haber una prioridad mayor en el sector educativo, que la de asegurar que todas las niñas, niños y jóvenes en edad escolar reciban atención educativa? Al ser constitucionalmente obligatorias la educación básica y media superior, la lógica diría que la asistencia escolar es la obligación más elemental del estado en materia educativa. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 omite el tema de la inasistencia escolar en la educación básica y solamente se refiere al “cumplimiento del derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior” (PND, 2019); en tanto que el Programa Sectorial de Educación 2020–2024 únicamente hace referencia a la inasistencia entre la población indígena y personas con necesidades educativas especiales, pero deja fuera a quienes no tienen esas condiciones: “…a pesar de la expansión de los servicios educativos y los altos niveles de cobertura alcanzados en la educación básica en el promedio nacional (94.6%), se estima que cerca de 14.9% de las niñas, niños y jóvenes indígenas de tres a 17 años de edad no asiste a la escuela y, asimismo, 31.7% de la población de seis a 17 años de edad con algún tipo de discapacidad es analfabeta …” (PSE, 2020).

¿Por qué entonces tantos políticos, académicos y periodistas hablan de muchos temas –gasto educativo, programas diversos, temas laborales–, pero no de la inasistencia escolar de niños y adolescentes? Una posible respuesta es que no es un tema atractivo para la discusión pública. 

Al no haber sensibilización sobre el tema, damos por hecho que ya está resuelto. El propio Programa Sectorial parece conformarse con los “altos niveles de cobertura” de la educación básica, que la ubica en 94.6%. Hay unos 26 millones de personas de entre 3 y 14 años según el Censo 2020, por lo que si esa cobertura fuera correcta (el propio Censo nos dice que la inasistencia de 3 a 14 años de edad supera los 3.5 millones de personas), el 5.6% restante que estaría afuera representa cerca de 1.4 millones de personas sin escuela. 

¡El documento rector de la política educativa puede ignorar a 1.4 millones de niñas, niños y jóvenes cuyo futuro está en grave riesgo y no pasa nada! Claramente hemos normalizado la tragedia. 

Otra razón de la marginación del tema es que los afectados no tienen forma de integrarse ni reunirse como para ser un grupo políticamente activo. Tampoco tienen capacidad de interlocución pública ni serán una amenaza para nadie, pues no suelen hacer marchas, bloquear carreteras o tomar edificios públicos para atraer la atención a sus necesidades.   

 

Es posible atender este primerísimo y muy esencial reto del sector educativo. Más que recursos, se requieren voluntades para articular esfuerzos de gobiernos, escuelas y familias.

TIEMPOS EXTRAS

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció hace unos días que la beca del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (para quienes no estudian ni trabajan) aumentará 15% y pasará de 3 mil 748 a 4 mil 310 pesos mensuales. Algunas preguntas: ¿Por qué apoyar a las personas que no asisten a la escuela hasta que cumplen 18 años? Sería más eficaz y equitativo hacerlo desde antes. Y si el programa no tiene evidencia de su impacto y vamos a invertir más de 20 mil millones en él, ¿Por qué no utilizar parte del tiempo de los jóvenes beneficiarios en tareas de reforzamiento académico para estudiantes de educación básica; así como labores de mantenimiento escolar? Todos ganarían.

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