El 20 de agosto de 2007, apenas 12 días después de que el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anunciara la construcción de la Línea 12, Francisco Bojóquez, director del STC Metro, recomendó usar rodadura neumática que daba mayor seguridad que la férrea.
Sin embargo, al mes siguiente, un dictamen técnico del Gobierno del DF (GDF) avisa que usará rodadura férrea porque es más barata y permitirá un ahorro del 7% del presupuesto, criterio que acabaría imponiéndose.
Así, la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro empezó una trayectoria llena de tropiezos e irregularidades técnicas y financieras que las investigadoras María del Carmen Pardo López y Marcela I. Vázquez destacan en el artículo que publicaron en Gestión y Política Pública (Vol. temático 2018, CIDE).
Un momento crucial fue cuando a mediados de 2010 al interior del SCT Metro se decidió que fuera la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y su socia Provetren las que, por adjudicación directa, se encargaran de hacer los trenes, aunque el elevado monto del contrato de mil 588 millones de dólares, obligaba a licitarlo.
Cuando Ebrard estaba por concluir su mandato, inauguró la L12, el 30 de octubre de 2012, mismo día en que se entregaron los dictámenes de seguridad. Sin embargo, el consorcio certificador no constató físicamente la compatibilidad entre vías y trenes, lo hizo a partir de un documento de CAF.
Esta decisión “apresurada” dio pie a que el gobierno de Miguel Ángel Mancera, “tuviera que decidir suspender el servicio, dado que la línea presentaba fallas muy severas”, escribieron las investigadoras. En noviembre de 2015, a pesar de las críticas, Mancera reabrió la Línea 12.
Las demandas administrativas y legales se acumularon, y para Prado y Vázquez, “esta historia pondrá a prueba la imparcialidad del órgano de contraloría interna, para conocer la eficacia de sus medidas y el grado de autonomía que tiene respecto del ejecutivo del GDF. Hasta ahora, los funcionarios sancionados han sido en su mayoría de nivel medio, cuyas faltas se deben fundamentalmente a irregularidades administrativas y violación a los procedimientos”. Y así ha sido, hasta ahora.