De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), levantada por primera vez por el Institujto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2016, en promedio 82.2% de las unidades económicas de México percibieron actos de corrupción “muy frecuentes” o “frecuentes”. Los estados con mayor percepción de corrupción son Tabasco (92.7%), Veracruz (92.1%), la Ciudad de México (91.5%), Chiapas (88.5%) y Zacatecas (87.8%), mientras que los más bajos encuentran en Colima (62.2%) y Nayarit (62.3%). Las unidades económicas identifican que los actos de corrupción se realizan para agilizar trámites (64.6%), evitar sanciones (39.4%), obtener licencias o permisos (30.7%), evitar clausura de establecimientos (29.7%), pagar menos impuestos (23.9%); evitar inspecciones (22.9%) u obtener algún servicio público (22.2%). Esto dentro del contexto en el que los costos por cumplir las regulaciones se calcula en 115.7 mil millones de pesos (0.56% del PIB) y donde cada unidad económica gasta 48 mil 871 pesos para hacer frente a cargas administrativas. En lo que se refiere al hecho de haber sufrido o participado en actos de corrupción, 561 de cada 10 mil unidades económicas resultó víctima de actos de corrupción, aunque la tendencia se incrementa conforme crece el tamaño de la empresa, de hecho tanto la pequeña (1,049) mediana (1,175) y grande (1,317) rebasan el millar de actos de corrupción por cada 10 mil unidades económicas. Sin embargo, el impacto real de la corrupción se multiplica cuando hablamos de actos de corrupción detectados por cada 10 mil unidades económicas: si bien a nivel nacional el promedio es de tres mil 55 actos de corrupción por cada 10 mil unidades económicas, para el estado de México la cifra llega hasta 57 mil 909 casos, seguido por Guerrero (34,236), Tlaxcala (30,554), Quintana Roo (25,963), Sonora (24,062) y Aguascalientes (23,728). A los datos de esta película de horror hay que añadir que, de acuerdo con el Reporte Parcial de la cuenta Pública 2016, presentado la semana anterior por la Auditoría Superior de la Federación, al menos cuatro mil millones de pesos fueron posiblemente desviados solamente durante el gobierno de Javier Duarte, lo cuales afectan principalmente programas de salud y educación. Grano de arena en el desierto de la corrupción e impunidad nacionales. Ante esto ¿cómo han avanzado los estados en la implementación del Sistema nacional Anticorrupción? Nueve entidades tienen pendiente la aprobación o incluso presentar iniciativa de reforma constitucional materia anticorrupción a nivel local, mientras que en Jalisco ya fue aprobada, es deficiente de acuerdo a los criterios establecidos por el Semáforo Anticorrupción desarrollado por Coparmex, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). De acuerdo con esta base de datos, sólo 11 estados aprobaron la ley del Sistema Anticorrupción local y ocho presentaron el respectivo proyecto de ley. Nuestro país no puede darse el lujo de fracasar en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero se perciben nubes negras e intentos por sabotear su entrada en vigor. A pesar de que nuestra clase política se llena la boca con discursos y declaraciones contra la corrupción, especialmente en tiempos de elecciones, los pactos de impunidad y los intereses arraigados en torno al uso indebido del servicio público pesan demasiado como para permitir que la corrupción sea efectivamente combatida en México. Ahora que la oposición se plantea la necesidad de construir alianzas electorales, debería definir sin tapujos de qué lado está y, en congruencia, encabece decididamente la defensa del Sistema Nacional Anticorrupción.
6 de Mayo de 2025
