Como cada año, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) ha presentado esta semana su reporte sobre la violencia que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos ambientales. Los datos son escalofriantes incluso para un país marcado por la violencia extrema. Este reporte de extraordinario valor para comprender los retos que enfrentan las comunidades en defensa de sus territorios y para proteger sus recursos naturales, puede consultarse en https://www.cemda.org.mx/informe-2022/.
Durante 2022 se reportaron 197 eventos que involucraron agresiones, frente a 108 del año previo, prácticamente se duplican las agresiones de un año a otro. Entre 2014, año en que el Cemda comienza a reportar estos eventos de agresión, y 2022, se han registrado 781 casos para un promedio de 86.8 año, lo cual nos permite poner en perspectiva lo que significa que hayan ocurrido 197 eventos el año pasado.
Lo que es importante entender es que estos eventos se conforman por diversos tipos de agresiones y, nuevamente, es muy preocupante que se hayan reportado 587 agresiones específicas, desde intimidación (148), hostigamiento (116), amenazas (64), agresiones físicas (61), daños a propiedad (36) o criminalización (23), entre las principales.
Oaxaca ocupa el primer lugar en número de eventos que involucran agresiones, con 34 casos en 2022, frente a 24 en 2021, un aumento dramático de 10 eventos. Destaca negativamente que en 2022 hasta siete estados superan los 10 eventos de agresión, mientras que en 2021 solamente Oaxaca rebasó esa cifra: Oaxaca (34), Ciudad de México (27), Chihuahua (21), Jalisco (20), Chiapas (19), Guerrero (17) y Quintana Roo (11).
De las distintas agresiones, 24 fueron letales en comparación de las 25 que tuvieron lugar en 2021. Entre 2014 y 2022 se reportaron 148 agresiones letales, para un promedio anual de 16.4, lo cual refleja una tendencia creciente de violencia letal en contra de los defensores ambientales.
Guerrero destaca como el estado con mayores agresiones letales con un total de siete, seguido con tres por Chihuahua, Oaxaca y Puebla.
Otro dato a tomar en cuenta es que 16 de las 24 agresiones letales ocurren contra población indígena; en 17 de estos casos se ejercía la defensa ambiental en forma colectiva y en siete se considera probable ejecución extrajudicial.
Las cifras pueden parecer pequeñas en un contexto en el que la violencia y la inseguridad nos arrojan cada año millones de víctimas. Sin embargo, no debe perderse de vista que este tipo de agresiones tienen por objeto amedrentar en su conjunto a comunidades rurales y pueblos indígenas que hacen frente a la degradación ambiental ante la inacción o abierta complicidad de las autoridades.
De igual forma, en un país en el que la cifra negra alcanzó un promedio nacional de 93.2 %, es de esperar que muchos delitos y agresiones ambientales no sean reportadas por miedo a sufrir represalias.
La contribución del Cemda para generar información pública y para acompañar a las comunidades en defensa de sus recursos y territorios es incalculable. Lo que no es claro es si las autoridades tienen el mismo compromiso con la protección de los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas mexicanos.
Dos preguntas centrales: ¿qué piensan hacer las autoridades federales y estatales para proteger a los defensores de derechos ambientales y a las pequeñas comunidades ante un contexto de violencia, agresiones y penetración creciente de organizaciones criminales en los mercados de recursos naturales?; ¿tienen algo relevante que proponer al respecto las “corcholatas” oficiales y opositoras o vamos a seguir reproduciendo la misma estrategia del avestruz?
