Reconocen a familia Jenkins como autoridad legítima de la UDLAP

16 de Mayo de 2024

Reconocen a familia Jenkins como autoridad legítima de la UDLAP

La Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla ha reconocido el fallo de los tribunales y con ello se desconoce al patronato espurio

La toma de las instalaciones y el nuevo patronato que se nombró en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) es cosa del pasado, sin reconocimiento legal, por lo que la familia Jenkins vuelve a tener el control. Así lo determinó un Juez de Distrito del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito.

Fue con la resolución del pasado 30 de junio que se estableció que el intento por remover el original patronato presidido por Margarita Jenkins de Landa, el cual fue “instalado legalmente”, ha sido infructuoso.

De esta forma, se reconoció a la familia de la dirigente universitaria y a la Fundación Mary Street Jenkins como las autoridades encargadas de la institución académica.

Además, se advirtió que la octava sesión extraordinaria de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla ha sido declarada sin efectos, misma situación que ocurrió con “todos aquellos actos de la Junta en su intervención en la UDLAP”.

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En este sentido, hoy se dio a conocer que dicha Junta estatal ha reconocido el fallo del Segundo Tribunal Colegiado. Así, se desconoció al nuevo patronato en la sesión efectuada el pasado tres de agosto.

Ahora corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) acatar la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito y, con ello, dejar sin efectos las acciones legales que se iniciaron en contra del patronato original de la UDLAP.

Recordemos que fue en junio del año pasado que elementos de seguridad estatal y federal arribaron a la sede de la UDLAP para tomar las instalaciones y, con ello, remover a la familia Jenkins y la Fundación Mary Street Jenkins, las cuales fueron acusadas de un presunto fraude por más de 14 mil millones de pesos.

La comunidad universitaria no reconoció a la nueva dirigencia y se manifestó en repetidas ocasiones en las calles para exigir a las autoridades estatales un alto a dicha toma, la cual fue catalogada como ilegal. GA

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