Responde ONU a México sobre tortura
Relator asegura: "mi afirmación de que la tortura es generalizada en México se basa en cientos de testimonios"
Responde al gobierno de México el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez; dijo que su “afirmación de que la tortura es generalizada en México se basa en cientos de testimonios que yo mismo recogí en mis visitas a las cárceles y centros de detención en México, donde casi todos, incluidos niños y niñas, me dijeron que habían padecido actos de brutalidad durante su detención”.
Hay impunidad para la tortura, eso sí, pero no es un Estado fallido ni mucho menos. México tiene instituciones y tiene capacidad técnica, jurídica y científica para lidiar con el problema de la tortura, pero es cierto que la impunidad es un factor importante
En conferencia de prensa agregó: “recogimos muchos testimonios diferentes: de supervivientes, de personas que están ahora en libertad, pero también de reos en muchas cárceles distintas”.
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Méndez realizó una visita a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 y redactó un informe que el lunes presentó ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Tanto en el informe como en su presentación ante el Consejo, el relator afirmó que la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la Justicia son generalizados en México.
Tras la presentación del informe, el embajador de México ante la ONU en Ginebra, Jorge Lomónaco, aseguró con rotundidad que la afirmación de que la tortura es generalizada era una falacia, y citó el hecho de que el relator sólo incluya 14 casos en su informe.
Consultado sobre su afirmación de que la práctica de la tortura queda impune, Méndez respondió que “a pesar de que hay denuncias de cientos, miles de casos de tortura, muy pocos casos se investigan y casi ninguno llega a un proceso”.
Méndez volvió a indicar, como ya hizo en su presentación, que los agentes de seguridad del Estado tienden a detener para investigar, y no a la inversa, lo que deja espacio a los malos tratos y a la extracción de confesiones de dudosa legalidad.