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María Idalia Gómez y Jonathán Nácar

Hoy, en el primer informe en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre le caso Ayotzinapa se confirmó la misma hipótesis que desde 2015: La noche del 26 de septiembre de 2014, los líderes del Cártel de Guerreros Unidos tomaron el control de Iguala y municipios vecinos, y operaron, con el apoyo de autoridades municipales y federales la persecución, captura y desaparición de estudiantes de la escuela normal. Y hoy siguen desaparecidos 40 de los 43 normalistas.

Ofreciendo pocos datos y asegurando que son nuevas líneas de investigación cada una de las áreas involucradas: Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República (FGR) y hasta el GIEI, coincidieron en que ellos ofrecen “la auténtica verdad”.

A pesar de que esas pruebas y líneas de investigación están en el expediente desde 2014 y se sumaron en los cuatro años siguientes, que suman más de dos mil tomos, entre lo que integró la entonces Procuraduría y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Lo más novedosos fueron dos elementos: que ahora colaboran casi toda la administración pública, como sostuvo el subsecretario Alejandro Encinas, y que el enfoque fundamental es que: el Estado ocultó evidencias y, como acusó el fiscal Alejandro Gertz Manero se dio un “encubrimiento generalizado” de sus antecesores, aunque no ofreció las pruebas de esta afirmación.

El informe comenzó desde “la única verdad es que no hay verdad”, que soltó Encinas y que después de ofrecer un informe como si fuera ministerio público, concluyó asegurando que el basurero de Cocula, como destino final de los jóvenes, “se ha colapsado”.

Gran parte de lo que informaron fue expuesto en la Recomendación y ampliación de la CNDH desde 2016 y 2018. Si bien es cierto que nunca se había solicitado la captura de militares, aunque sí habían sido interrogados, no se informó de qué delitos fueron acusados ni el rango; pero desde 2016 se había solicitado la captura de agentes federales sin que el fiscal Alfredo Higuera tuviera éxito.

Con la investidura de ser el encargado de perseguir los delitos, Gertz Manero aseguró también que desde “la cúspide” del gobierno se protegió a los responsables, es decir al Cártel de Guerreros Unidos. No ofreció datos concretos. También acusó al entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, de ser el principal operador de ello y como pago, dijo, le dejaron robar mil millones de pesos.

El fiscal también aseveró, sin aclarar si ya atrajeron los casos o denunciaron a los responsables, que la responsabilidad de los tres niveles de gobierno se demuestra “con la matanza que ocurrió en forma simultánea con la desaparición de los jóvenes, ya que hay acusaciones de que cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala por diferentes grupos delictivos y sus cómplices oficiales en esa lucha feroz entre criminales y encubridores burocráticos a lo que no se le dio seguimiento alguno por las autoridades competentes».

Sin embargo, Gertz Manero no mencionó que fue la propia Unidad antisecuestros de la PGR que acusó penalmente, entre 2015 y 2017 a integrantes de los cárteles de Guerreros Unidos, Los Tilos y Los Rojos por secuestros y narcotráfico.

Encinas reclamó a los jueces no pedir sanciones contra los torturadores que fueron liberados, y Gertz Manero arremetió asegurando que hubo “tortura generalizada”, cuando nunca se ha demostrado que todos los detenidos liberados hubieran sido víctimas de ello, sólo unos cuantos casos. Algo que desde 2015 y hasta 2016 se denunció formalmente.

Ayer los padres reconocieron las buenas intenciones de López Obrador, pero le dijeron claramente: “no tenemos nada”, en voz de María Martínez, mamá de Toño.

Nueva narrativa

La única verdad es que no hay verdad respecto a la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y de los homicidios y agresiones cometidas el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala”: Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. 

No cabe la menor duda de que el gobierno anterior, en todas sus instancias, desde la cúspide del poder, hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad.”: Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. 

La investigación sobre el paradero y destino de los muchachos no está separada de aquella de quienes obstaculizaron la investigación; ambos son rieles de ese camino, donde se requiere el compromiso de autoridades del gobierno”: Francisco Cox Vial, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Avances” imprecisos

Esta es una lista de los progresos en las investigaciones del caso Iguala presentados esta mañana en Palacio Nacional; sin emgargo, los datos tienen imprecisiones o falta de detalles:

Se informó de 25 órdenes de aprehensión contra presuntos autores intelectuales que abarcaban supuestamente a policías municipales, federales y miembros del Ejército, funcionarios y exfuncionarios de la hoy FGR. Pero no se reveló el número de a cuántas personas se les busca detener, cargos y/o rango de éstos, los delitos por los que se les investiga, ni los municipios de referencia.

El fiscal general informó que Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR, “cobró” o “se robó”, junto con “varios cómplices”, más de mil millones de pesos; no obstante, la orden de aprehensión en su contra es por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia. Tampoco se especifica quiénes fueron sus cómplices del daño que causó a la dependencia.

De igual manera, el titular de la FGR hace referencia a “la cúspide del poder” y “los operadores más elementales” que convirtieron al Gobierno de la República “en el operador de un encubrimiento generalizado” del caso Iguala, pero no señala quiénes serían los funcionarios o exfuncionarios en específico que “encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar” la trama de la desaparición de los normalistas.

Alejandro Gertz aseguró que tras haberse roto la barrera del encubrimiento y de la mentira, “ahora conocemos toda la trama y la urdimbre criminal que los padres y la población sabían que existía”; sin embargo, familiares de los 43 normalistas reprocharon que después de seis años “no tenemos nada”.

Omar Gómez Trejo, fiscal especial del caso Iguala, informó que el policía federal Víctor Manuel ‘N’ había sido vinculado a proceso, por su probable participación en los hechos de Iguala, pero no especificó su nivel de participación.

YA SE SABÍA DESDE HACE AÑOS

A diferencia de lo que se dijo en la conferencia de prensa, que eran pruebas y líneas novedosas de investigación, en realidad entre 2014 y 2016, las pesquisas de la PGR y la Recomendación de la CNDH son elementos que existen en el expediente:

Los normalistas fueron separados en al menos tres grupos al ser capturados por los criminales.

Guerreros Unidos controlaba a las autoridades de por lo menos cuatro municipios, todos bajo investigación: Iguala, Cocula, Huitzuco y Taxco.

Policías municipales fueron interrogados y/o acusados penalmente.

Iguala era un punto estratégico para el tránsito de droga en Guerrero y eso generaba la confrontación entre Guerreros Unidos y Los Rojos.

Los líderes de Guerreros Unidos fueron los responsable de operar la detención y desaparición de los 43 estudiantes.

Se identificó e interrogó a militares por su presencia de los militares en un hospital y en Puente del Chipote. Se pidió la investigación a fondo.

Se identificó y se pidió la investigación de la participación de al menos cuatro agentes de la Policía Federal en la noche de Iguala.

La Unidad antisecuestros dio vista al Órgano Interno de Control y a la Visitaduría de la PGR para que investigara la posible tortura de al menos seis detenidos.

La CNDH pidió la investigación de funcionarios públicos por su posible actuación irregular en las pesquisas.

La solicitud de que se investigara a las corporaciones que participaban en el programa Guerrero Segur y Grupo de Coordinación Guerrero.

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