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María Idalia Gómez y Jonathán Nácar

El ofrecimiento fue por un millón 300 mil pesos en efectivo. Ese el monto que asegura el abogado que debe pagar a cambio de obtener una resolución favorable para su cliente, Sidronio Casarrubias Salgado, identificado por las autoridades como uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, y quien permanece en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, desde octubre de 2014.

El pago se haría a un secretario de un juzgado de Tamaulipas y, de lograrlo, pondrían en la puerta de salida a uno de los hermanos Casarrubias Salgado, si conseguían su objetivo, quitarle el delito de delincuencia organizada. No se consumó, el funcionario judicial “se echó para atrás”.

La conversación entre el abogado y su cliente ocurrió hace poco más de un año, revelaron a ejecentral fuentes del gobierno federal. Los investigadores de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) investigaban al grupo criminal de los Guerreros Unidos y habían conseguido interceptar varios de los números telefónicos.

No fue lo único que descubrieron los analistas, sino que lograron algunos hilos de toda una estrategia legal y de difusión de información que en los últimos años han implementado los integrantes de Guerreros Unidos. Por ejemplo, detallaron las fuentes, en los estrados judiciales de al menos seis estados del país, los hermanos Casarrubias Salgado han tramitado cerca de 100 amparos, en promedio uno por mes desde mediados de 2014, para defenderse, además han interpuesto quejas, inconformidades y demandado la inejecución de sentencias. Pero no son los únicos del cártel que lo han hecho, al menos cinco más mantienen una estrategia similar.

Las fuentes aseguran que se trata de una estrategia de litigio que busca generar presión en las autoridades y dispersar un esquema de corrupción entre varios frentes. Adicionalmente esas escuchas revelan la estrategia que implementaron bajo el argumento de ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos, particularmente la tortura, como una de las formas con las que buscan obtener su libertad. 

Una parte de estas escuchas también son del conocimiento de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), que al igual que México mantienen una investigación desde 2014 contra el grupo de Guerreros Unidos.

Implicado. El Mochomo, líder del cártel Guerreros Unidos, está relacionado con la supuesta desaparición de los 43 normalistas.

Los primeros descubrimientos

El rastreo al grupo criminal de Guerreros Unidos comenzó en los últimos meses de 2014. Antes de eso, a pesar de las peticiones que le hacía la procuraduría de Guerrero para investigar de manera conjunta ante la violencia desatada en la región de Iguala, la entonces PGR no se había interesado en el tema.

La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa obligó a desempolvar las detenciones que se habían tenido y comenzar una investigación en campo y de inteligencia. Las pesquisas se acentuaron los cuatro años siguientes. 

De acuerdo con la información recabada por este periódico con fuentes cercanas al caso, en los diferentes expedientes relacionados a Guerreros Unidos se ubican más de 40 números de teléfono intervenidos o que fueron rastreados en diferentes momentos. El número se debe, explicaron, a que desechan los celulares regularmente.

El seguimiento telefónico, autorizado por distintos jueces, permitió a la entonces PGR decomisar autos, ranchos y algunos negocios de los integrantes de Guerreros Unidos. También practicar cateos y encontrar fosas clandestinas.

Al igual que los agentes estadounidenses, los investigadores mexicanos lograron documentar cómo se llevaba la operación de trasiego de pastillas desde Guerrero hasta Nueva York y Chicago, y la forma de esconder en vehículos los paquetes de las drogas sintéticas.

Por ejemplo, en una de esas llamadas la PGR descubrió las extorsiones a los empresarios mineros de Guerrero y en otra más cómo invertirían en camiones para transportar a los trabajadores a la mina de Cocula y así poder contar con una renta fija.

Las pesquisas permitieron que para 2017 fueran detenidos más de 100 integrantes de la organización criminal, identificada por Estados Unidos como uno de sus objetivos prioritarios por ser de alta peligrosidad y tener un efectivo método de trasiego de drogas que le ha permitido introducir grandes cantidades de fentanilo a su territorio.

«Un juzgado le da su libertad, fue algo realmente muy grave, un atrevimiento, un desafío, una afrenta al Estado mexicano.” Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, el 5 de julio de 2020, sobre la liberación de El Mochomo.

100 Amparos

Las diferentes llamadas telefónicas entre integrantes de Guerreros Unidos fueron documentadas, una a una, por los investigadores en los últimos años.

Uno de los primeros datos de sobornos que aparecen en el registro, confirmaron distintas fuentes, es el caso de los hermanos García Reteguín, a quienes la PGR identificó como lavadores de dinero de Guerreros Unidos en distintos negocios ubicados en Guerrero, principalmente una llantera que servía como centro de operaciones.

Entre 2014 y 2015, un juzgado de Guerrero giró una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y otros delitos. Las escuchas de los investigadores revelaron que sus abogados lograron contactar a un secretario del juzgado Segundo de Distrito en Tapachula, Chiapas, quien se comprometía a “ayudarlos” con su caso. Y así fue, de acuerdo a los documentos oficiales y los funcionarios consultados, los abogados de uno de los hermanos García Reteguín, Luis, obtuvo el amparo que después fue ratificado por el Segundo Tribunal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y anuló la orden de captura en su contra, aunque existe una recompensa por su captura como parte de Guerreros Unidos no hay una orden vigente para detenerlo.

El siguiente caso ocurrió en Tamaulipas a finales de 2018, cuando los abogados de la Familia Casarrubias Salgado intentaba liberar a uno de los tres hermanos presos, Sidronio, quien ante el Ministerio Público federal había dado detalles de todas las operaciones de Guerreros Unidos, y había contado su propia historia de venta de drogas en Estados Unidos que le valieron ocho años de prisión. 

El primer argumento que presentaron los abogados, de acuerdo a los amparos, fueron las violaciones graves al procedimiento y la tortura. De una de las llamadas interceptadas, los investigadores infieren que posiblemente algún funcionario relacionado con el Ministerio Público recibió algún soborno, pero no es contundente. Sin embargo, las fuentes confirmaron que el caso no se defendió adecuadamente.

En julio de 2018, Óscar García Vega, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de México, determinó que Sidronio Casarrubias Salgado fuera absuelto del juicio que tenía abierto por portación de armas de uso exclusivo del ejército; asimismo señaló que la confesión de Casarrubias, en la que narra la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, no tendría valor probatorio puesto que, muy probablemente, habría sido obtenida por torturas, violando el debido proceso al obtenerlas.

No logró su libertad porque tenía otra causa penal por delincuencia organizada y drogas. El segundo argumento que presentaron los abogados es que se le estaba juzgando dos veces por un mismo delito. Es en este caso que los investigadores escucharon que el defensor del capo estaba negociando el pago de un millón 300 mil pesos. Pero al final, asegura el litigante “se echó para atrás”. Su cliente sigue preso y se le acumularon más delitos.

La estrategia de presentar amparos y distintos incidentes a favor de los hermanos Sidronio, Mario y Adán Zenen se extendió por al menos cinco estados: Jalisco, estado de México, Ciudad de México, Sonora y Tamaulipas.

Hasta ahora han eliminado algunos delitos o repuesto los procedimientos, pero ha provocado una carga de trabajo para los fiscales al dispersar los casos en todo el país, así dividen los esfuerzos y ante la falta de coordinación “encuentran espacios de oportunidad”.

Los beneficios que han recibido a través de distintos recursos legales, confirmaron las fuentes, nunca han sido investigados por las autoridades, ante la posibilidad de que funcionarios judiciales o de la fiscalía hubieran recibido sobornos por ellos, a pesar de existir la sospecha.

La información-desinformación

Cuando ocurrió la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, los líderes de Guerreros Unidos implementaron una estrategia de confusión en la zona de Iguala, al darse cuenta de que se generaría un escándalo porque se trataba de estudiantes, a quienes ellos en principio identificaron como integrantes del grupo criminal de Los Rojos, sus enemigos.

Para llevar a cabo esta confusión, ordenaron a las organizaciones de transportistas y policías comunitarias, así como familiares de los policías de Iguala detenidos, que cerraran la ciudad, hicieran un escándalo en demanda de justicia para los agentes y otros detenidos.

Esa capacidad que mostró el cártel, también se refleja en las llamadas telefónicas, que aparecen documentadas y tiene la Fiscalía, en las cuales presumen de conocer periodistas y miembros de defensores de derechos humanos, incluso de Naciones Unidas, a través de los cuales denunciarán que fueron torturados.

Aparece en las llamadas el nombre de la ahora senadora Nestora Salgado a quien en distintas ocasiones intentan ver personalmente para conseguir “su apoyo”, pero no lo consiguen, aunque le envían distintos documentos para que conozcan su caso.

A través de familiares de los detenidos, dan cuenta en las llamadas de acuerdo a los investigadores, se movilizaron demandando la libertad de los detenidos. Los litigantes aprovecharon debilidades en los expedientes y lo que para algunos debió ser la reposición del proceso, en realidad fue la liberación de decenas de los detenidos como parte del cártel.

Así, el sábado 31 de agosto de 2019, Gildardo López Astudillo alias El Gil, señalado como jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala, Guerrero cuando sucedió el ataque y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y quien habría recibido órdenes de sus jefes de qué hacer con los estudiantes, fue liberado del penal del Altiplano, pues de acuerdo con la resolución del juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, en la causa penal 66/2015 se consideró que al menos 81 de poco más de 100 pruebas presentadas en su contra se recaudaron de manera ilegal. Ahora se convirtió en testigo protegido, porque existía en su contra otros casos.

De acuerdo con la sentencia emitida por Juan Manuel Trespalacios Castán, secretario del Juzgado Primero de Distrito, en sustitución del juez Ventura, se desecharon las 107 pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) en contra de El Gil, señalando que algunas habrían sido obtenidas de manera ilegal y otras no tenían relación con los hechos de Iguala de septiembre de 2014. 

El 14 de septiembre de 2019, el juez Samuel Ventura ordenó la liberación “inmediata” y “absoluta” de 24 policías municipales, ligados a la desaparición de los normalistas, denunció el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina. En vísperas de que se cumpliera el quinto aniversario del llamado Caso Iguala, el funcionario federal señaló que, con las más de 20 liberaciones, ya sumaban 77 personas liberadas de las 142 detenidas, y advirtió que “pueden otorgarse diversas libertades más”.

›El subsecretario de la Segob informó el 4 de octubre de 2019, que el mismo Juzgado Primero de Procesos Penales Federales a cargo de Ventura Ramos otorgó autos de libertad a tres personas más vinculadas al caso Iguala, con lo cual sumaban 30 las liberaciones. Y actualizó que, de las 142 personas detenidas, sólo quedaban 64 bajo proceso. 

Los tres liberados fueron: Osiel Benítez Palacios alias Oso, presunto integrante y líder, junto con sus hermanos, del grupo delictivo conocido como los “Peques Los Tilos”, quienes fungían como brazo armado de Guerrero Unidos, con presencia en Iguala, Cocula, Taxco y Huitzuco.

Así como Raúl Javier Crespo, expolicía municipal de Iguala; y Carlos Canto Salgado, presunto integrante de Guerreros Unidos, vinculado con el entonces operador financiero del cártel, Raúl Núñez Salgado, La Camperra. Canto aparece en un video difundido en junio de 2019, en el que es torturado por agentes federales cuando lo interrogan. 

Recibido como licenciado en Derecho por la UNAM, y como piloto aviador por la Escuela Naval Militar, donde también se desempeñó como jefe de Departamento, asistente y docente, el juzgador Samuel Ventura Ramos ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial: 

Oficial judicial en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito; Actuario judicial en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito; Secretario en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito; Secretario en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito; Secretario en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León; Secretario en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito; Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Puebla; Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Veracruz.

Según la información disponible fue en abril de 2017, cuando Samuel Ventura asumió como titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas.

El 11 de noviembre de 2019, de nueva cuenta el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas denunció durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, que dos semanas atrás un juez federal había concedido la libertad bajo caución a Marco Antonio Ríos Berber alias El Cuasi, presunto sicario de Guerreros Unidos, dentro de los primeros detenidos por la desaparición de los 43, y a quien la Fiscalía General de Guerrero encontró en su celular decenas de fotografías de sus víctimas.

Dentro de los funcionarios implicados presuntamente en la comisión de irregularidades e ilícitos, es el extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, sobre quien hay una orden de aprehensión en su contra, así como la ficha roja de Interpol para ubicarlo luego de que se presume huyó de México. 

El lunes 22 de junio de este año, el juez del Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Samuel Sánchez Sánchez, admitió a trámite el amparo que el exfuncionario solicitó para evitar ser arrestado por la supuesta alteración y ocultamiento de pruebas en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, del que lo acusa la Fiscalía de Gertz Manero. Fijando audiencia para el próximo viernes 17 de julio.

En septiembre de 2018, prácticamente en las mismas fechas en que ocurrieron los hechos, ocho detenidos por la desaparición de los normalistas fueron puestos en libertad. 

Agustín García Reyes, “El Cheje o Chereje”; Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”; Patricio Reyes Landa, “El Pato”; y Salvador Reza Jacobo, “Lucas o El Wereke”, quien fueron detenidos el 7 de noviembre de 2014, señalados por la PGR de Jesús Murillo Karam como “miembros de la organización criminal de Guerreros Unidos y, quienes al rendir su declaración, supuestamente confesaron haber recibido y ejecutado al grupo que les entregó los policías municipales de Iguala y Cocula”, sostuvo el entonces procurador. 

›El 15 de septiembre de 2019, el subsecretario Alejandro Encinas anunció la solicitud para que se investigara al juez Samuel Ventura Ramos, quien ordenó la liberación de 77 personas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “Hemos solicitado al Consejo de la Judicatura una investigación sobre el desempeño del juez y una revisión de todos los funcionarios que intervinieron en estos hechos, y que se reoriente y revise toda la investigación para atribuir la responsabilidad, incluso a los que fueron liberados”, subrayó en conferencia de prensa.

Sin embargo, el 19 de septiembre se dio a conocer que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Matamoros, Tamaulipas, a cargo de Martha Georgina Comte Villalobos determinó la liberación de los presuntos implicados, dado que la PGR no logró demostrar su participación en los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

Días después, el 26 del mismo mes, el mismo Juzgado decretó la libertad de ocho implicados más, por la falta de elementos para procesar con las reservas de ley por el delito de delincuencia organizada. El acuerdo notificado al Segundo Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, se ordenó la reposición del procedimiento contra Salvador Reza Jacobo, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Miguel Ángel Landa Bahena; Gildardo López Astudillo, alias El Gil; Jonathan Osorio Cortés, entre otros, por falta de pruebas.

Tras siete meses en prisión, el 22 de octubre de 2018, Erick Uriel Sandoval Rodríguez alias La Rana, dejó la prisión federal de Gómez Palacio, Durango, luego de que fue implicado por la PGR como supuesto integrante de Guerreros Unidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lo celebró, puesto que las pruebas presentadas por la familia de Sandoval Rodríguez evidenciaron que su detención fue errada y que, por tanto, había sido privado injustamente de su libertad.

En la mayoría de estos casos no existen seguimiento a las llamadas telefónicas, porque con la llegada de la nueva administración se suspendieron por un tiempo, recuperándose hasta ahora que se detectó, nuevamente, un intento de soborno, ahora para liberar a José Ángel Casarrubias. 

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