Lamentablemente, lo que muchos preveíamos que iba a pasar en el país, está ocurriendo con la creciente militarización de casi todos los aspectos de la vida pública. El origen de la creciente participación de los militares en temas que por muchos años correspondían a los servidores públicos civiles, viene desde la presidencia de Felipe Calderón; pero, sin duda, se ha acrecentado de una manera creciente en la actual administración.
El papel que deben jugar las fuerzas armadas en un régimen democrático era muy claro, tal como tiene que ser, y se puede definir como la protección y defensa de la soberanía nacional, sin inmiscuirse en temas que están, o estaban, claramente definidos en las diversas leyes.
Las fuerzas armadas siempre han sido respetadas en nuestro país y sus acciones estaban al margen de posibles ilícitos, no porque no los hubiera, sino porque eran menores en relación con sus actividades normales.
Pero el deseo de este gobierno por combatir la corrupción y acelerar sus principales obras y acciones, ha hecho crecer la participación de los militares, lo cual quizá se convierta en uno de sus grandes tropiezos, no solo económicos, sino también políticos.
¿Por qué se juzga a priori que los servidores públicos civiles son incapaces? Por ejemplo, ¿quiénes fueron responsables del fracaso rotundo en el abasto de medicamentos? ¿los que se dedicaban a ello en el IMSS? o los recién llegados al gobierno, que tomaron la peregrina idea de consolidar dichas adquisiciones en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que resultó un fiasco y a partir de ahí no han podido resolver el problema.
La justificación era que había una tremenda corrupción, sin embargo, hasta el día de hoy no han consignado a servidor público alguno ni proveedor y ya casi han pasado tres años del nuevo gobierno.
Utilizando el mismo argumento de la corrupción se han ido pasando funciones a las fuerzas armadas y en la actualidad controlan no sólo lo que les corresponde militarmente, sino que, entre otras, construyen obras civiles, controlan puertos y aduanas, distribuyen libros de texto y ya no digamos el papel de la guardia nacional que, por fin, se reconoce que depende de ellos.
Ahora, la realidad está demostrando el error cometido, pues las fuerzas armadas ya están siendo señaladas de actos de corrupción e incumplimiento de las leyes en materia de adquisiciones y obras públicas, lo cual, por cierto, era lógico que ocurriera.
Recientemente hemos leído y visto, gracias a las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, así como de organizaciones académicas o de la sociedad civil, tales como el CIDE o el IMCO, que tanto la Sedena como la Semar incumplen con las leyes a las cuales están obligadas, asignando adjudicaciones directas en exceso y ya se ha publicado que varias de éstas han sido hechas a empresas fantasmas.
¿Cómo van a resolver y, sobre todo, corregir o castigar a los responsables de estas irregularidades? Ahora sí fueron realizadas por elementos militares, sin la participación de servidores públicos civiles. Aquí no se vale la opacidad argumentando aspectos de seguridad nacional, porque estamos hablando simple y sencillamente de obras civiles, no de la construcción de cuarteles.
Por el bien de la nación y de las fuerzas armadas, sería recomendable que poco a poco dejaran en manos de civiles lo que les corresponde hacer y también convendría, por el bien de los ciudadanos, que aspectos tan importantes como el combate al narcotráfico y las mafias que lo controlan fueran labores centrales y prioritarias no, como se está documentando, la convivencia entre ellos.
Este gobierno, que impulsó la militarización de labores que corresponden a diversas secretarías de Estado, debería emprender poco a poco acciones para devolverles el ejercicio de las dichas labores.
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