Uno de los temas fundamentales para la próxima administración se refiere a la necesidad de contar con una mayor cifra de recursos fiscales. Sin duda, este gobierno ha hecho un gran esfuerzo en mejorar sustancialmente la fiscalización de los grandes contribuyentes, lo cual, según los datos aparecidos en la prensa, ha sido exitoso.
Pero a la vez seguimos siendo un país con una terrible desigualdad que, según un muy buen artículo de Guillermo Knochenhauer aparecido en la revista digital Sin Permiso, “únicamente el 12 por ciento de la población, menos de 16 millones de personas, tienen un ingreso que les permite vivir sin carencias de vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud, esparcimiento y acceso a educación de calidad.”
A esta cifra habría que agregar la gran proporción de trabajadores informales que no pagan algún tipo de impuestos, más allá de los cobros de piso que hace sobre ellos el crimen organizado y muy bien organizado.
Por eso, hay que insistir en la renuencia y renuncia que ha hecho este gobierno de incrementar los impuestos a los que más tienen. Recordemos que durante su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que durante los primeros tres años no crearía nuevos impuestos ni elevaría la tasa de los existentes, pero al finalizar este gobierno el resultado es que nada ha pasado y, como hemos mencionado, solo se ha mejorado la fiscalización del SAT mientras que, como se refleja en el artículo antes mencionado, “los milmillonarios mexicanos -los grandes contribuyentes- incrementaron su patrimonio en un 11 por ciento entre 2019 y 2021.”
Por ello es preocupante que, según apareció en la prensa, la candidata de Morena haya declarado que todavía hay margen fiscal, dando a entender que no piensa proponer una verdadera reforma fiscal para que el gobierno pueda atender las necesidades de varios sectores que son fundamentales para un buen desarrollo de la nación y sus habitantes.
La SHCP ha indicado que la estimación de las llamadas Renuncias Recaudatorias es la siguiente: 40 por ciento por el IVA, 30.8% por los estímulos fiscales; 19% por ISR de personas físicas; 9.7% por ISR de empresas y 0.6% por impuestos especiales.
Con este panorama, cualquier cambio en los tratamientos fiscales afectará sin duda a los sectores beneficiados, lo que puede traducirse en una reducción de la producción, un incremento en los precios finales o una reducción en las ventas.
Siendo realistas, el único margen para obtener mayores ingresos podría ser por la vía de la eliminación del IVA en los productos exentos, lo cual sería un golpe a las familias de la clase media y a aquellos que están en la pobreza.
No se puede estar conforme con lo que está pasando en sectores como la salud y la educación, que han sido de los más afectados con la política de egresos seguida por este gobierno, que en términos reales ha sido la reducción de apoyos a estos sectores.
Es por ello que se debería abrir un gran debate nacional con expertos y personas preocupadas en estos temas para que, con datos reales, se pueda demostrar que la única solución viable es, irremediablemente, el incremento de las tasas impositivas a los que más tienen y a sus empresas, varias de ellas oligopólicas conocidas por todos y que gozan de franquicias gubernamentales, operando en sectores como las telecomunicaciones, por ejemplo.
México ya no puede seguir con este esquema fiscal que protege a los más ricos en detrimento del resto de la población. Claro que puede haber margen en algunas de las renuncias, pero serían mínimos para emprender el reto de la reducción de la pobreza y un país menos desigual. Un cambio de gobierno siempre ofrece la oportunidad de tomar grandes retos, y quizás éste es uno de los principales. Ojalá haya la oportunidad de tener la mente abierta para lograrlo.
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