Enrique Del Val

Uno de los grandes temas de la actual administración ha sido su preocupación por la actitud y forma de operar de las empresas del ramo farmacéutico; por ello, se tomaron algunas medidas que, a la vuelta del tiempo, demostraron no ser las correctas. Tal fue el caso de la concentración de las compras en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, originando la mayor escasez de la que se tiene memoria en el abasto de medicamentos de nuestro país. 

Otra medida errónea, sugerida por alguien que no tenía la menor idea de lo que es la adquisición de medicinas y material de curación, fue la de utilizar a la oficina de la ONU, denominada UNOPS, para encargarse de hacer los concursos y comprar donde pudiera, con base en su supuesta “gran experiencia”. 

Tal experiencia resultó un fracaso, y esperamos que los responsables en la ONU sean lo suficientemente honrados para cuando menos devolver algo de la comisión que les pagó nuestro país.

Pero en el origen sí tenía y todavía tiene razón el gobierno en lo referente a la actitud de los empresarios y las acciones de sus empresas, mismas que han sido dañinas para el pueblo de México, tal como ha sido demostrado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que a mediados de mes multó a diversas compañías y personas físicas por coludirse en el mercado que distribuye medicamentos.

Las empresas sancionadas fueron Casa Marzam, Nadro, Casa Saba (aunque ya no existe como empresa), Fármacos Nacionales (Fanasa), Almacén de Drogas y la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana (Diprofar). Adicionalmente, se inhabilitó a 10 directivos de las empresas mencionadas, muchos de quienes tienen apellidos famosos y, ciertamente, no por su buen comportamiento empresarial.

Se incurrió en varias acciones ilegales, algunas de las que muestran la forma de actuar de una parte del empresariado nacional y extranjero, como por ejemplo: ponerse de acuerdo para no surtir en días de descanso obligatorio o de festividad religiosa; la limitación de surtir una parte de lo solicitado por las farmacias; ponerse de acuerdo en los descuentos que debían y podían otorgar a sus clientes, así como en homologar de forma escalonada los precios de venta de los medicamentos a las farmacias para que ninguno de los involucrados perdiera participación del mercado.

Esta investigación no es reciente, abarca de 2006 a 2016, es decir, los periodos de las administraciones de Calderón y Peña Nieto. Las multas consignadas alcanzan la cifra de 903 millones de pesos, en función de la ley vigente en aquellas fechas.

Estamos frente a un cartel oligopólico que duró 10 años, y no sabemos si lo que han hecho de 2016 para acá ha afectado a las familias mexicanas, sobre todo a las más pobres, quienes recurren a la farmacia de la esquina por los medicamentos, con o sin receta, y materiales de curación. 

Según el cálculo la Cofece, las familias mexicanas gastan 24 mil millones de pesos y la afectación para los bolsillos de la población ha sido superior a los dos mil millones de pesos.

En casos como estos, en los que se afecta a los que menos tienen, no debería quedar todo en el pago de una multa. También deberían pagar con tiempo en la cárcel, porque lo que han hecho es de tal naturaleza que se les debería sancionar severamente para poner un ejemplo a la iniciativa privada de que con la salud del pueblo no se permite la corrupción.

Hasta el día de hoy, ninguna de las principales Cámaras que defienden y representan a los empresarios ha hecho el menor comentario sobre el tema. ¿Dónde queda lo de que son socialmente responsables?

Buen punto para la Cofece y para el gobierno, por su preocupación para que no haya corrupción en ninguna operación pues, como vemos, el mercado no siempre actúa de manera, digamos, correcta, porque ética ya es mucho decir. 

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