Quizás la demostración más clara de la ruptura del exsecretario de Hacienda y Crédito Público con el Presidente de la República fue la publicación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) aprobado por la Cámara de Diputados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la semana pasada.
Como todos vimos, sorprendentemente el Ejecutivo federal, para cumplir con lo que establece el artículo 5 de la Ley de Planeación respecto a que el Plan Nacional debe ser aprobado por ese órgano legislativo y realizar las observaciones que estime pertinentes, le envió a los diputados dos documentos diferentes y sin aclarar el por qué.
Quién sabe qué negociaciones se hicieron al interior de las fracciones parlamentarias que al final el PND aprobado es, como comentó el propio Presidente “lo del plan de desarrollo, que hubo dos versiones y la versión que quedó es la versión que yo autoricé, que incluso me tocó escribirla”.
Es decir, los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda estuvieron haciendo un Plan de Desarrollo sin tomar en consideración la opinión del Presidente, lo cual suena absurdo y más absurdo es que lo envíen como anexo, y al mismo tiempo, a la Cámara.
Por cierto, este anexo no aparece en el DOF, lo cual quiere decir que no existe, que fue un trabajo innecesario que involucró a dependencias y entidades federales, estatales y municipales, así como la realización de foros de consulta abiertos a instituciones académicas, organizaciones sociales, empresarios y ciudadanos en todo el país.
Hasta este momento, nadie sabe qué está mal en el proyecto abandonado del PND, pero sería muy conveniente saberlo para que todos aquellos que participaron con propuestas y ponencias se enteren de qué fue lo que en realidad sucedió.
Sin embargo, hay un problema que el Ejecutivo federal tiene que solventar, y es cumplir con lo que dicta la Ley de Planeación en cuanto a qué debe contener el PND y que en su artículo 21, lo expresa de la siguiente manera: un diagnóstico general de la situación actual; los ejes generales; los objetivos específicos; las estrategias y, quizás lo más importante, los indicadores de desempeño y sus metas.
Si revisamos la propuesta de Plan desechada por los legisladores, observamos que cumplía con los requisitos de la ley; en cambio, la propuesta aprobada no lo hace por lo que no será posible darle un seguimiento puntual al no haber indicadores ni metas cuantificables en el tiempo.
Como es la primera vez que el PND se envía a la Cámara para su aprobación y los diputados apenas están en su primer año, quizás se les pasó revisar si el documento que aprobaron cumplía o no con la ley o si hicieron observaciones, cosa que no sabemos o no se ha dado a conocer.
Es indiscutible que el Ejecutivo es el responsable de elaborar el PND, pero también es necesario que se le pueda, periódicamente, dar seguimiento a los avances del Plan, sobre todo de los grandes proyectos mencionados.
La única manera de cumplir con la Ley de Planeación es que en los estatutos y programas sectoriales sí se observe con lo dispuesto en la norma, porque si no se hace ¿de qué manera podrán, la autoridad y los ciudadanos, saber si se está cumpliendo con el PND en tiempo y forma?
Estamos de acuerdo en que se tienen que cambiar muchas cosas de estos instrumentos, en que los servidores públicos deben trabajar con otra mística, pero también que se debe cumplir con las leyes o proponer los cambios que se crean convenientes.