Se tambalea la promesa de un “México en Paz”

Juan Carlos Rodríguez

En 2013, cuando el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto presentó el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, se ofreció hacer más eficiente la lucha contra el crimen organizado con la creación del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad. Cuatro años después, el proyecto está en la congeladora.

En el arranque del sexenio, el gobierno federal se comprometió a duplicar la cobertura del espacio aéreo nacional y a desarrollar una estrategia de ciberdefensa para blindar con tecnología de punta instalaciones estratégicas del país. A la vuelta de cuatro años, las ofertas quedaron en el olvido.

En conjunto, el eje de gobierno denominado “México en Paz” está compuesto por 144 metas nacionales, de las cuales 44 (la tercera parte) están en peligro de no ser cumplidas y 22 presentan un rezago considerable.

De acuerdo con el Anexo Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno, donde están alojados los “Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas de mediano plazo”, 35 de las metas (24 por ciento) están en proceso de ser cumplidas, otras 31 ya se cumplieron y 12 no tienen datos que permitan saber el estatus en que se encuentran.

De las áreas que integran el rubro “México en Paz”, las que tienen las mejores calificaciones son las que le atañen a las secretarías de Gobernación, Defensa y Marina; en cambio, a dos años de que termine el sexenio, las áreas que experimentan un mayor atraso en el cumplimiento de sus metas son Seguridad Nacional, Prevención de la Violencia, Procuración de Justicia y violencia contra las mujeres.

Percepción ciudadana

Cuando el presidente Peña Nieto asumió el cargo, el porcentaje de ciudadanos que percibían un efecto positivo en las políticas públicas encaminadas a fortalecer la gobernabilidad democrática era de 43 por ciento y el objetivo sexenal era elevar ese porcentaje a 46. Sin embargo, el indicador se cayó en 2014 a 30 por ciento y desde entonces no se ha actualizado.

›Al comienzo del sexenio, las autoridades federales encargadas de la seguridad se propusieron crear el Sistema Nacional de Inteligencia “a fin de potenciar la generación de inteligencia estratégica para la seguridad nacional”. En 2014 se reportaba un avance de 20 por ciento, lo mismo que en 2015. Sin embargo, para este año, la cifra ya no se actualizó.

En materia de combate de delitos del fuero federal, el gobierno ha rendido buenas cuentas, pues se han logrado abatir en la zona noreste (de 92 delitos por cada 100 mil habitantes a 24), en la zona noroeste (de 201 a 33 delitos por cada 100 mil habitantes), en la región centro (de 94 a 25) y en la zona occidente (de 62 a 14). La única excepción es la zona sureste, pues de 51 delitos que había en 2012, la cifra creció a 56 en 2015, y en 2016 ya no se actualizó la cifra.

En materia de ilícitos, una de las metas que se han estancado es la reducción el número de hogares que han sido víctimas de la delincuencia. En 2012, 324 hogares por cada mil habían sido víctimas, y el objetivo del gobierno federal era bajar ese número a 291. Pero la cifra se movió al alza en 2014, con 331, y en los siguientes ya no hubo datos.

De igual manera, al principio del sexenio peñista se reportaban 8.4 robos de camiones de carga por cada 10 mil unidades en circulación, y la meta trazada era reducir ese índice a 5.7. En 2015, la indicen no sólo no bajó sino que se disparó a 12.2.

Prevención del delito

En el Cuarto Informe de Gobierno se señala que como parte del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018 (PNPSVD) se impulsaron acciones con la finalidad de impactar en los ámbitos individual, familiar, escolar y comunitario. Asimismo, agrega, “las estrategias preventivas y participativas fueron fortalecidas para reducir los factores de riesgo de la violencia y la delincuencia”.

Sin embargo, los indicadores del propio gobierno revelan que los esfuerzos de prevención están estancados. Por ejemplo, en 2013, el porcentaje de población joven que refiere vivir situaciones de violencia física y psicológica en su noviazgo era de entre 20 y 26 por ciento. La meta era bajar esa violencia al menos en un punto porcentual, pero las autoridades no han dado cifras de cómo ha evolucionado el objetivo.

El año 2014 representó un retroceso para las metas que buscaban reducir la percepción de inseguridad, pues ese año aumentó el porcentaje de personas que declaraban sentirse inseguros en la calle, el transporte público, los parques, los centros recreativos, la escuela y la vivienda. Desde entonces no ha logrado retomarse la tendencia a la baja.

La procuración de justicia también atraviesa por horas bajas. Un ejemplo de ello es el incremento de devoluciones o desechamientos de casos por parte del Poder Judicial de la Federación respecto de las consignaciones remitidas por la Procuraduría General de la República (PGR).

Al inicio de la administración, 10 por ciento de los casos consignados por la PGR era devueltos, y la meta era baja a 8.2 por ciento. Sin embargo, el número no ha dejado de crecer: en 2014 fue de 13.5, en 2015 de 17.3 y en lo que va del año ya es de 23.8 por ciento.

Otra señal de que el programa nacional de Procuración de Justicia no avanza como debiera es el tiempo promedio requerido para la integración de la averiguación previa. En 2013, se necesitaba 223 horas y la meta sexenal era bajar a 200. No obstante, en 2015 el indicador se elevó hasta 316 horas y en 2016 se tiene un promedio de 280.

Nota metodológica.

Criterios para valorar las metas

Se considera “cumplida” la meta que alcanzó o rebasó el objetivo planteado para 2018. Se le da un valor de 5 por tener un desempeño “alto”. Se considera “en proceso de ser cumplida” la meta que tiene un avance de entre 50% y 66%, en virtud de que ha transcurrido el 66% del sexenio. Se le da un valor de 4, equivalente a un desempeño “medio-alto”. Se considera “con rezago”, aquella meta que tiene un avance de entre 20% y 50%. Se le asigna un valor de 3, por tener un desempeño “medio”. Se considera “en peligro de no ser cumplida” aquella meta que tiene un progreso inferior a 20%. Su valor numérico es 2, por tener un desempeño “medio-bajo”. Se considera meta “sin datos” a aquella que no tiene registro sobre su avance a lo largo del sexenio. Se le asigna un valor de 1, por considerarse que tiene un desempeño “bajo”.

Los avances

A poco más de dos años de que concluya el sexenio, 31 metas de seguridad que ya se cumplieron. Entre ellas están: Porcentaje de la población que siente confianza hacia la Policía Federal (se buscaba un 53.6%; en 2014 se llegó a 57%).

Incorporación de la perspectiva de no discriminación en la legislación federal y estatal. (la meta era 59% de los ordenamientos; este año se llegó a 87%).

Certificación de instructores de las instituciones policiales en el Sistema Penal Acusatorio (el objetivo era 593 instructores y este año ya se contabilizan dos mil 416).

Tasa de internos en hacinamiento en los centros penitenciarios del país (en 2013 el porcentaje de reos hacinados era de 24.4% y la meta era bajar a 14.4; este año se redujo a 13.2).

Eficacia de las medidas preventivas y de protección otorgadas a personas defensoras de derechos humanos y periodistas (el objetivo era 93%, pero ya se alcnazó el 97%).