A Carlos Lomelí, el exdelegado de Bienestar en Jalisco, la Secretaría de la Función Pública (SFP) le sigue siente investigaciones, cuatro relacionadas con contratos a sus empresas y tres por conductas ilegales, que tendrían como sanción la inhabilitación de hasta 20 años.
La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dio a conocer que estas indagatorias se abrieron desde mayo pasado, es decir, antes de su renuncia. Así lo informó al finalizar la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y antes de que la transmisión fuera cortada de manera intempestiva.
“La Secretaría de la Función Pública tiene en curso no una, sino siete investigaciones que ya arrojan indicios de conductas irregulares. La primera que se abrió en mayo de 2019, cuatro investigaciones se realizan sobre las empresas relacionadas con Carlos Lomelí, las cuales son sancionables a través de procedimientos administrativos”, resaltó la funcionaria.
Aunque detalló que desde el pasado 8 de julio, la dependencia informó a Gabriel García Hernández, coordinador de los llamados “superdelegados”, de las investigaciones y dejó a su consideración el actuar con Lomelí Bolaños, pero no fue hasta el viernes pasado cuando el servidor presentó su renuncia.
Desde hace dos meses, Mexicanos Contra la Corrupción (MCC) dio a conocer una presunta red farmacéutica conformada por al menos nueve empresas, vinculadas todas con el también excandidato a la gubernatura de Jalisco. Las empresas habrían recibido contratos con el gobierno federal y de algunas entidades.
Tras conocer la denuncia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una investigación, que inició la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la SFP.
Sandoval Ballesteros se comprometió a llevar hasta las últimas consecuencias las indagatorias, ya que “en el actual Gobierno no se van a tolerar los posibles conflictos de interés”.
Primeros encuentros
La secretaria de la Función Pública detalló que, tras las primeras pesquisas, se puede determinar que Carlos Lomelí podría haber incurrido en conductas ilegales, señaladas en los artículos 52, 58, 60 y 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El artículo 52 establece que incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero, valores; bienes muebles o inmuebles.
El artículo 58 refiere que incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal.
En el caso del artículo 60 se prevé que incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un conflicto de interés.
De acuerdo con el artículo 61 de la Ley, cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí, sus familiares o sus socios.
Es por estas violaciones a la ley que el exfuncionario podría ser destituido, que ya no es aplicable dada su renuncia, una sanción económica que determinen las autoridades correspondientes y la inhabilitación como servidor público de hasta 20 años.
En cuanto las investigaciones avancen, la dependencia podrá determinar si dará parte a las autoridades penales para la cancelación de contratos a las empresas relacionadas con Carlos Lomelí y para la sanción que consideren correspondiente.
Aunque, durante todo el discurso la funcionaria se basó en la Ley de Austeridad Republicana, la cual no ha entrado en vigor, dijo que está muy próxima a aprobarse, pero que las sanciones e investigación se realizan de acuerdo a la actual ley vigente.
Por último, Irma Eréndira Sandoval reveló que actualmente realizan dos mil investigaciones contra servidores públicos.
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