Foto: Cuartoscuro

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Redacción ejecentral

Sin que la Cámara de Diputados aprobara la proveeduría de recursos económicos al Instituto Nacional Electoral, este organismo realizará la consulta popular promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a expresidentes, la cual se realizará el 1 de agosto.

El Consejo General del INE aprobó en sesión extraordinaria el calendario y los lineamientos que se habrán de seguir para cumplir con este procedimiento, el cual ya cuenta con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante la sesión, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, resaltó que ni el Ejecutivo Federal ni la Cámara de Diputados hicieron mención alguna del presupuesto requerido para este proceso.

“El problema es de diseño legal, porque cuando Instituto Nacional Electoral tiene que proyectar su presupuesto para el año corriente (.-..) todavía no hay modo de saber si habrá o no alguna solicitud o no, y si procederá o no, una consulta popular”, señaló.

Indicó que el instituto no puede saber si habrá una consulta cuando construye su presupuesto y este año, además de las elecciones el INE recibió el mayor recorte presupuestal de su historia.

Córdova Vianello indicó que la misma consulta popular implica un problema de legalidad, pues el artículo 126 de la Constitución refiere que ningún órgano puede destinar recursos a un proyecto o programa que no están contemplados en el Presupuesto de Egresos.

Recordó que el instituto realizó – y aún lo hace – gestiones para emprender la consulta. En la más reciente propuesta realizada a la Secretaría de Hacienda, dijo, se planteó reducir el número de casillas para este ejercicio.

“Dependerá de las suficiencias presupuestales de este instituto el que la consulta pueda llevarse a cabo, y si se lleva a cabo, pues en qué condiciones y con qué dimensiones”, dijo Córdova Vianello. CJG

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