MARÍA IDALIA GÓMEZ | @gosimai Tiene casi 60 años de edad y le bastaron 17 meses para vulnerar, por segunda ocasión, los controles de un penal de máxima seguridad, y con su fuga de El Altiplano, el narcotraficante más poderoso del continente, Joaquin Guzmán Loera, “El Chapo”, burló todos los esquemas de seguridad del gobierno.
El preso 3578, número que le fue asignado a “El Chapo” en febrero de 2014 cuando ingresó nuevamente al penal de El Altiplano, en Almoloya de Juarez, Estado de México, ya no fue localizado dentro de las instalaciones a las 20:52 horas de el sábado, en una primera revisión de los tiempos de cámaras y reportes, descubrieron que el narcotraficante tenía entre dos y cuatro horas de ventaja, porque no se tenía su ubicación clara . Guzmán Loera ingresó en 1993 a ese mismo penal, entonces llamado Almoloya, pero unos años después fue trasladado de urgencia al de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, la razón de este cambio fue porque durante más de dos años había logrado planificar su fuga, pero fue descubierto por las áreas de inteligencia. En el segundo penal lograría huir en el año 2001. Por los primeros datos que EJE CENTRAL obtuvo tras conocerse de esta segunda fuga, El Chapo utilizó los mismos esquemas que desde la primer intento: el sometimiento del personal del penal a través de la intimidación y los sobornos, lo que le habría permitido salir, primero, por un túnel de desagüe que lo colocó en un área del penal con poca seguridad y desde donde lo habrían sacado empleados del mismo centro penitenciario.
Funcionarios de primer nivel del gobierno federal explicaron que se inició una revisión e investigación de todo el personal del Centro Penitenciario y un número no determinado de custodios fueron relevados por personal de las fuerzas armadas, quienes tomaron el control del material grabado de las cámaras y documentos de registro de cada uno de los presos y sus visitas, acción en la que participó la PGR.
Los penales federales cuentan con cinco cinturones de seguridad, dos de ellos integrado por elementos del ejército, policía federal y personal entrenado de custodios, para poder salir El Chapo debió burlar todos estos retenes y la salida inmediata es la carretera que lleva al municipio de Almoloya o a Toluca, como puntos más cercanos.
De acuerdo a las mismas fuentes, ya están bajo investigación y siendo interrogados en carácter de presentados, los funcionarios de primera línea del penal, para establecer la cadena de complicidades y apoyos, también se determinan las amenazas que recibieron por parte de integrantes del Cártel de Sinaloa.
El primer dato que identifican las fuentes consultadas es que el narcotraficante construyó una operación que inició desde hace un año, el 16 de julio de 2014, cuando Guzmán Loera organizó y encabezó una supuesta huelga de hambre “hasta nuevo aviso”, junto con Edgar Valdés Villarreal, “La Barbie”, por la supuesta violación a sus derechos por no contar con atención médica, aseo y ropa interior adecuados, y no se respeta el tiempo de visita familiar.
Siete meses después, en febrero de este año, el control de “El Chapo” se mostró aún más fuerte, cuando logró que 137 reos junto con él (el 12% de todos los presos y de los más peligrosos) firmarán una carta de 11 cuartillas que enviaron como queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y entregada a distintos medios de comunicación, en la que denunciaban la mala calidad de los alimentos, trato indigno a sus familiares los días de visita, hacinamiento y falta de condiciones para la visita intima.
En esa carta acusaron de corrupto y represor al director técnico del penal. a quien identificaron como Librado Carmona García.
Esta acción no sólo mostró la capacidad de liderazgo y sometimiento de Guzmán Loera sobre el resto de los presos, porque a pesar de las reglas de convivencia restrictiva y que él estaba ubicado en el módulo 1, un área de mayor seguridad, logró integrar las 137 firmas.
Esto incrementó la presión a los autoridades penitenciarias, que enfrentan desde los últimos tres años la falta de recursos económicos y de personal, y la sobrepoblación dentro de El Altiplano, hasta en un 58% rebasado, ya que fue construido para 724 presos y hasta hace dos meses había mil 148 reos, por ello el personal no tiene la capacidad de control total dentro del penal, ni de seguir todas las normas internas lo que los expone, los hace vulnerables y otorga algunas libertades a los reos como de contacto y reunión. Estas debilidades, precisión uno de los funcionarios consultados, le permitieron a El Chapo intimidar al personal y sobornarlo.
De acuerdo a la estructura de la Secretaría de Gobernación, además del cuerpo directivo del penal federal, los principales responsables de la administración, vigilancia y seguridad de los penales federales son: - Monte Alejandro Rubido, comisionado Nacional de Seguridad - Juan Ignacio Hernández Mora, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRD) - Samuel Ibarra Vargas, director general del OADPRD