La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su documento de Precriterios 2025, anticipa un mayor déficit público para 2024, que se ubicará en 5.9 % del PIB (mayor al 5.4 % aprobado por el congreso). Lo anterior, parece no justificarse ante el hecho de que la economía se encuentra creciendo incluso por encima de su potencial (de 2.4% estimado por la propia Secretaría). La SHCP advierte también que en 2025 se observará un ajuste fiscal por cerca de 3.0 % del PIB; el cual podrá realizarse, en gran medida, por la conclusión de los proyectos de infraestructura de la administración actual, así como por un menor costo financiero de la deuda por la reducción esperada en las tasas de interés.
Cabe señalar que, de acuerdo con el FMI, esta disminución del gasto público no sólo estará ocurriendo en México, pues 2024 se trata de un año electoral en 88 países que representan más de la mitad de la población mundial. Sin embargo, advierte que se requieren planes de ajuste fiscal creíbles y duraderos capaces de crear espacio fiscal suficiente en un contexto de desaceleración económica y altas tasas de interés reales.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el comportamiento reciente del déficit público, así como de otras variables macroeconómicas como el crecimiento y el desempleo, muestran características similares a las de la teoría del ciclo político, la cual establece que los gobernantes provocan una mayor actividad económica y empleo a través del gasto público y/o la oferta monetaria (entre otras variables), para hacer creer a los votantes que realizan un trabajo adecuado y verse beneficiados en las elecciones. Esta teoría también señala que, comúnmente, luego de pasadas las elecciones, la inflación crece y que incluso puede presentarse una desaceleración en la economía.
En su análisis, de 1990 a 2024, el CIEP identificó cinco ciclos políticos relacionados tanto a elecciones presidenciales como a intermedias. En promedio, el aumento del gasto público en año electoral es de 1.0 punto porcentual (pp) del PIB y la reducción del gasto en el año posterior es de 0.75 pp del PIB (sin contar 2025). El ajuste fiscal esperado para el próximo año es de casi 3.0 pp del PIB, el más alto para un año posterior al electoral desde la década de los 90s.
Ante ello y por los proyectos planteados por las tres candidaturas presidenciales, surgen dudas de que la consolidación fiscal planteada efectivamente se llevará a cabo, pues implicaría posiblemente que la próxima administración tenga un escaso margen para impulsar proyectos de infraestructura propios y que el comportamiento del gasto público sería recesivo. Recordemos que durante las campañas los tres candidatos presidenciales han prometido diversos proyectos en materia de energía, agua y transporte; así como un mayor gasto en programas sociales.
De mantenerse la inercia de gasto y deuda impuestas por el gobierno saliente y sin el fortalecimiento de los ingresos púbicos, la sostenibilidad de las finanzas públicas estaría en riesgo. Las alternativas son una reforma fiscal que fortalezca los ingresos, una revisión al gasto y a los programas sociales y/o un mayor endeudamiento. La evolución de estas variables debe ser responsable con la trayectoria de la deuda pública, tal y como lo establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
El documento del CIEP puede consultarse en www.ciep.mx.