Desde su creación en 1970, al inicio de la administración del presidente Luis Echeverría, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha tenido la misión de ser el rector, instrumentador y evaluador de la política nacional en ciencia y tecnología; sin embargo, después de medio siglo de intentos, aún le falta camino para logrado.
Las razones de este fracaso han sido, en general: falta de un marco legal que le diera sustento, falta de presupuesto, visión de largo plazo, federalización, vinculación con los sectores productivos y transversalidad.
A finales del sexenio pasado, el director de Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza comentó en entrevista que el organismo seguía siendo “poco más que un distribuidor de becas”. La llegada de Covid-19 parece mostrar que el organismo, y con él la política de ciencia y tecnología de México, ha caminado en círculos.
Está científicamente demostrado (y les dieron el Premio Nobel por ello a Kydland y Prescott), que una política pública no muy buena pero sostenida, que permita a los participantes conocer las reglas y aprender a moverse con ellas, da mejores resultados que estar cambiando de políticas en busca de “la mejor”. La historia reciente de la ciencia y la tecnología en México parece ser una demostración de que este principio es cierto, al menos en la parte de lo que no resulta.
Los primeros resbalones
Al final del sexenio de Echeverría, en 1976, Conacyt presentó el Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología, mismo que fue desechado en la siguiente administración, la de José López Portillo.
El Conacyt formaba parte entonces de la Secretaría de Programación y Presupuesto, cuyo titular, Miguel de la Madrid Hurtado, fue designado como el candidato presidencial del PRI y, por tanto, fue el siguiente presidente.
A la administración de De la Madrid le tocó lidiar con la tremenda crisis económica que dejó su predecesor. Entre el tercer trimestre de 1982, cuando se da el cambio de gobierno, hasta el final de 1983, el PIB se redujo en 3.23% y la inflación se disparó a 96 por ciento. El presupuesto asignado entonces a ciencia y tecnología (CyT) fue dos quintas menor al del último año de López Portillo.
En el último año de la administración (1988), el presupuesto para CyT tocó un mínimo histórico, apenas 0.19% del producto interno bruto del país (PIB).
Crecimiento concéntrico
Tras ganar una elección muy cuestionada, Carlos Salinas de Gortari plasmó en su Plan Nacional de Desarrollo la intención de fomentar la ciencia y la tecnología, tanto a nivel de gasto como de recursos humanos. De manera acorde, en los primeros cuatro años de su gobierno, el presupuesto en CyT creció hasta ser el 0.35% del PIB.
Entre las iniciativas que tomó Salinas, sugeridas por investigadores desde que era presidente electo, estuvieron: nombrar un Consejo Científico Asesor de la presidencia, hacer una reestructuración de Conacyt, aumentar el gasto para ciencia y reforzar a grupos científicos productivos y promover el desarrollo de algunas de las áreas más débiles.
Por otra parte, la integración de Conacyt a la Secretaría de Educación Pública, si bien era un obstáculo para la transectorialidad, no lo era para descentralización y permitió que en 1992 se reorganizaran diversos centros de investigación y desarrollo en lo que ahora se conoce como el conjunto de centros Conacyt.
También se intentó formar los Sistemas Regionales de Investigación, que no prosperaron salvo en el Mar de Cortés. En buena medida, este fracaso se debió a la falta de financiamiento, ya que para 1993 el presupuesto para CyT fue el mínimo histórico en términos del PIB: 0.18 por ciento.
Con las crisis económica, social y de gobierno que se desataron en la transición a la presidencia de Ernesto Zedillo, la continuidad de iniciativas y financiamiento quedó en entredicho; más aun, el sistema mexicano de investigación y desarrollo, que en el Plan Nacional de Desarrollo 1995- 2000 se le había relegado como subapartado de educación en el apartado de “Desarrollo social”.
Zedillo incluso recurrió a un préstamo con el Banco Mundial para el Programa de Apoyo a la Ciencia en México que tenía propósitos como profesionalizar, descentralizar, difundir, vincular y financiar la actividad científica y el desarrollo tecnológico. A lo largo de su sexenio, el presupuesto para CyT creció de manera lenta pero sostenida hasta alcanzar el 0.36% del PIB en su quinto año.
Por otra parte, el 21 de mayo de 1999, se aprobó la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, con lo que el Conacyt dejó de existir solo por decreto presidencial y la política en la materia tuvo sustento legal.
Paralela e independientemente, 23 de noviembre de 1998 se creó la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt), una iniciativa que desde entonces ha sido el principal impulsor de la descentralización.
Paso a paso
México parecía estar listo para entrar al siglo XXI. A la fecha es el único país latinoamericano que ha diversificado su economía lo suficiente como para no depender principalmente de la extracción o explotación de recursos naturales; sin embargo, esto se ha logrado con la maquila y la manufactura, faltaba avanzar hacia lo que se conoce como la economía del conocimiento que, justamente, se basa en la ciencia y la tecnología. Las administraciones panistas dieron algunos pasos en esa dirección.
El Programa Especial de Ciencia y Tecnología de la administración de Vicente Fox establecía que la inversión nacional en Investigación y desarrollo debería alcanzar el 1% del PIB sugerido por la ONU. Hasta ese momento, nunca había llegado siquiera al 0.4%, cifra que, de hecho, se alcanzó al término de su administración.
Además, el 2 de junio de 2002 la Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley de Ciencia y Tecnología. De ella se desprendieron la creación del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que sería el órgano encargado de definir la política de estado en la materia; el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), que con la participación de universidades, centros de investigación y desarrollo, la Rednacecyt y cámaras empresariales sería una instancia de coordinación y un contrapeso al poder de Conacyt y la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Un par de años después, la Ley de Ciencia y Tecnología estableció en su artículo 9 bis que “el monto anual que el Estado Federación, entidades federativas y municipios-destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país”.
Para acercarse a esa cifra un año después, se dispuso que los recursos derivados de las multas electorales de carácter federal se destinen al Conacyt, y se establecieron los recursos de los Fondos Mixtos de manera equitativa en los estados.
En la administración de Felipe Calderón se empezó a poner atención al concepto de innovación, es decir, en la llegada al mercado de los productos creados, mejorados o renovados desde la ciencia y la tecnología. Esto implicaba la inclusión del empresariado y el posible derrumbe de la barrera de incomprensión y desconfianza que siempre había existido entre la iniciativa privada y los científicos mexicanos.
En ese sentido, la creación del Grupo Vincula, con participantes de todos los sectores, parecía que por fin la ciencia y la tecnología se incorporarían al aparato productivo nacional. Sin embargo, en 2012 la reducción del presupuesto federal para ciencia y tecnología cortó los planes.
En ese mismo año, el entonces presidente del FCCyT, Juan Pedro Laclette, presentó sendas denuncias ante Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación para investigar a los funcionarios responsables por no presupuestar el equivalente al 1% del PIB a ciencia y tecnología entre los años 2006 y 2011. En ese sentido, el sexenio de Calderón, si bien no llegó ni al 0.5%, estuvo cerca con 0.49% en 2010 y tuvo el promedio más alto de cualquier sexenio en inversión en CyT como porcentaje del PIB con 0.45 por ciento.
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