El tribunal que juzga los crímenes más atroces del conflicto colombiano anunció este martes que investigará a las FARC, la disuelta guerrilla que firmó la paz en 2016, por el reclutamiento de 18.667 menores de 18 años en sus cinco décadas de levantamiento armado.
“Instrumentalizar niños y niñas en el conflicto ha arrojado dolor en la sociedad colombiana”, expresó el presidente de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, en una conferencia de prensa en Bogotá.
El tribunal detalló que al menos 5.691 de los casos corresponden a menores de 14 años o menos, lo que infringe las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Las Farc-EP reclutaron y utilizaron sistemáticamente, para el desarrollo del conflicto armado, a niños y niñas de este rango de edad, contrariando sus propias disposiciones”, sostuvo la JEP en un comunicado.
La investigación priorizará los hechos ocurridos entre 1996 y 2006, periodo que concentra la mayoría de casos. Solo en 2013, 1.766 menores fueron reclutados, según la JEP.
Un grupo de 26 excombatientes de la disuelta guerrilla marxista fue llamado a dar su “versión voluntaria” sobre estos hechos.
Los jueces decidirán luego si presentan cargos por “crímenes internacionales”, entre ellos desaparición forzada, homicidio y violencia sexual, asociados al reclutamiento de menores.
Según el tribunal, varios de los menores fueron sometidos a “abortos forzados” y “acceso carnal violento”.
La JEP imputó en enero a ocho altos mandos de la que fuera la guerrilla más poderosa del continente por el secuestro de 21.396 personas entre 1990 y 2016. Los exguerrilleros aceptaron su responsabilidad y esperan una sanción.
Docenas de exmilitares también han sido imputados por el asesinato de 6.400 civiles que fueron ejecutados por el ejército y presentados como bajas en combate a cambio de beneficios, en el escándalo conocido en el argot militar como “falsos positivos”.
Surgida del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, la JEP ofrece a quienes acepten su responsabilidad y reparen a las víctimas penas alternativas a la prisión.
El tribunal aún no ha emitido su primera sentencia