Los principios que rigen al gobierno federal, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, son la austeridad y el combate a la corrupción. Sin embargo, esas prioridades no se reflejan en el ejercicio del gasto.
Hasta el 9 de octubre, la administración pública federal desembolsó tres mil 388 millones de pesos en combustibles, principalmente gasolina, a través de 713 contratos. Ese monto supera el gasto programable estimado en 2020 para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Función Publica (SFP), que es mil 911 millones y mil 461 millones de pesos, respectivamente, para un total de tres mil 373 millones de pesos.
Es decir, a pesar de que el presidente López Obrador ha girado instrucciones a todas las dependencias de gobierno para reducir al mínimo los gastos del gobierno —lo cual incluye disminuir el parque vehicular y el consumo de gasolina— en los hechos se destinan mayores recursos a combustibles que a las dependencias encargadas de velar por las garantías fundamentales y combatir la corrupción.
En ese sentido, a pesar de que el gobierno debe y pretende eficientar el gasto como lo establece el Artículo 134 de la Constitución, sólo 52.4% de los contratos de gasolina se adjudicaron a través de licitaciones públicas. El 40% o mil 354 millones de pesos se compró en adjudicación directa y el restante en invitaciones a cuando menos tres vendedores (5.0% del total) y 2.6% en una modalidad que el sistema CompraNet (de la SFP) ubica como compras o contrataciones con crédito externo, según un análisis realizado por ejecentral.
AUSTERO. El pasado 3 de mayo, el presidente López Obrador emitió un memorándum en el que ordena recortar en 30% el consumo de combustibles.
Respecto a las compras a través de adjudicaciones directas, destaca la información del Quién en los Precios de Combustiblesque semanalmente divulga el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, quien actualiza los precios más altos y más bajo en la gasolina regular o “magna”.
Sheffield informó que del 10 al 16 de octubre el precio más alto de la gasolina regular en el país fue de 21.13 pesos y el más bajo de 17.70 pesos, es decir un diferencial 19.4%. Considerando las adjudicaciones directas y los precios máximos y mínimos de la Profeco, en adjudicación directa (sin competencia como en las licitaciones), se habrían comprado alrededor de 12.4 millones de litros.
Esa cantidad, considerando el tanque de un vehículo Nissan Versa de 41 litros y su autonomía de 16.5 kilómetros por litro de gasolina (en conducción en ciudad) habría alcanzado para recorrer 32 mil veces de ida y vuelta toda la República mexicana, de Tijuana, Baja California a Talismán, Chiapas.
De los más de 700 contratos de venta de combustible, los de mayor monto concentraron casi dos terceras partes (59.5% del total), con más de dos mil millones de pesos y se realizaron a través de 10 dependencias.
Policía Federal (hoy parte de la Guardia Nacional) a través de cuatro contratos (los de mayor monto) concentró 24.2% de las compras, Diconsa (hoy parte del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex) contribuyó con 8.9%; la Secretaría de Marina colaboró con 8.0%; la ahora Fiscalía General de la República participó con 4.8%; Capufe con 3.6%; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con 3.2%; el ISSSTE (a través de dos contratos, los de mayor monto) concentró 2.5%; Correos de México (antes Servicio Postal Mexicano, Sepomex) con 1.6%; la Secretaria de Bienestar con el 1.6% y la Secretaría de Turismo con el 1.1 por ciento.
En algunos casos, las compras de combustible incluyen lubricantes y aditivos. ejecentral omitió en el ejercicio los contratos para la compra de combustible para plantas de energía eléctrica o calderas, aunque también en algunos casos consideraron la compra del carburante para el parque vehicular.
Combustible vs. derechos humanos
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado 8 de septiembre a la Cámara de Diputados es una muestra de que la gasolina es más relevante que dependencias enteras, como la CNDH y la SFP.
Del gasto propuesto para 2020 —que asciende a 7.065 billones de pesos— se desprende que por cada peso gastado en combustibles la Comisión Nacional de los Derechos Humanos gasta 56 centavos y la Secretaría de la Función Pública 44 centavos.
Asimismo, por cada 10 mil pesos que se gastan del presupuesto, la CNDH gastará 2.7 pesos y la SFP el equivalente a 2.1 pesos. Es decir, por cada peso erogado, las dependencias en cuestión tendrá 0.03% y 0.02%, respectivamente.
›El proyecto del presupuesto se hizo a pesar de que Amnistía Internacional, una organización civil integrada por personal de más de 150 países que buscan detener los abusos contra los derechos humanos, advirtió en una carta sus preocupaciones por los primeros 100 días del gobierno de la 4T, en marzo pasado.
La organización lamentó la falta de progreso en algunas áreas clave para los derechos humanos, como la mejora de las instituciones policiales, la inmediata atención a la violencia que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos, y la aceptación de la competencia del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar denuncias individuales, entre otras.
“Tanto las medidas de austeridad como el combate a la corrupción han permitido destinar recursos, como nunca, al bienestar de la población”, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en el memorándum emitido el 3 de mayo de 2019.
En tanto, la organización civil local, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en mayo pasado, con motivo de la visita al país de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió también su preocupación en una carta abierta.
Es “inaceptable (la) práctica del presidente de la República de atacar a las organizaciones de la sociedad civil mediante descalificaciones, lo cual se ha traducido en cerrar los espacios de diálogo sociedad civil-gobierno, así como negar el derecho de la ciudadanía de participar en la construcción de políticas públicas, incluidas y principalmente las de seguridad”, publicó la CMDPDH.
Combate a los corruptos
En materia de lucha anticorrupción, a pesar de que el proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 considera un incremento de 56.5% (el segundo más elevado) para la SFP, es un monto reducido ante las tareas que tiene de ser una de las principales insignias que quiere el presidente en su administración con el abatimiento de la corrupción.
Ese sello, además de pretender sea un estandarte, el presidente de la República ha dicho que “el combate a la corrupción dará mucho dinero para el desarrollo del país”.
Del gasto propuesto para 2020 se desprende que por cada peso gastado en combustibles la CNDH gasta 56 centavos y la Secretaría de la Función Pública 44 centavos.
Considerando que siete contratos para la compra de gasolina tienen un mayor monto que todo el gasto programable de la Secretaría de Función Pública, el gobierno federal resaltó que en mayo pasado firmó un Memorándum de Entendimiento con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para definir el marco de cooperación de la SFP: 1) Impulsar la austeridad republicana; 2) Ciudadanizar el combate a la corrupción; 3) relanzar el Servicio Profesional de Carrera; 4) democratizar las tecnologías y 5) proteger la denuncia y a los alertadores internos.
La SFP, como miembro del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se opuso a que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial fueran eximidos de presentar su declaración de intereses, como lo establece el Artículo 108 de la Constitución .
En ese objetivo de abatir la corrupción, la nueva administración, asegura que reestructuró a la SFP con un enfoque de integridad institucional, mayor vigilancia ciudadana, cultura participativa de la integridad y rendición de cuentas para abatir también la impunidad y para ello trabaja en el uso de aplicaciones tecnologías.
Sin embargo, ante una investigación del periodista Carlos Loret de Mola, que señala el supuesto conflicto de interés de Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por empresas y bienes omitidos en su declaración patrimonial.
Otros señalamientos de conflicto de interés en la 4T son contra el jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, como lo señaló Carlos Urzúa después de su renuncia al cargo de titular de la SHCP.