Oscar Moha

Una vez más la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, crea conmoción en la “Policía Moral” que está integrada por Ministros de Culto, asociaciones de Padres de Familia, partidos políticos de ultraderecha y algunas Instituciones, al anunciar que en breve será inaugurada una clínica para personas transgénero que atenderá física y psicológicamente a la comunidad LGBTT.

El acuerdo de crear un hospital exclusivo era un compromiso de campaña de la Jefa de Gobierno. Hace poco más de un año se anunció su creación y hasta la semana pasada -cuando lo recordó Sheinbaum en una conferencia de prensa- los ultras comenzaron a mover sus redes para cuestionar y frenar el proyecto, haciendo creer a sus seguidores que el presupuesto asignado (18 millones de pesos) debió emplearse mejor en otros rubros “y no para atender a lesbianas y homosexuales”.

Pastores y sacerdotes difundieron en redes que las prácticas que lleva a cabo la mujer que encabeza el Gobierno de la CDMX está llevando a los niños a “hipersexualizarse” y a “desintegrar a las familias”, pues con estas políticas “se tiene claro que la intención del Gobierno es restar moral a la sociedad, desintegrar a las familias e imponer una cultura homosexual en la Ciudad de México… y luego en todo el país”. Incluso organizan reuniones virtuales para que diputados de otras entidades militantes de la ultraderecha como Elsa Méndez Alvarez, de Querétaro; Karina Banda Iglesias, de Aguascalientes; Marisela Sáenz Moriel, de Chihuahua, y algunos de la capital del país encubran su homofobia y desacuerdo con estas acciones.

En junio del año pasado los ultras también se dieron golpes de pecho cuando la Jefa de Gobierno comentó que en las escuelas primarias y secundarias se permitiría a varones y mujeres utilizar indistintamente falda o pantalón sin ser discriminados, lo que provocó el encono de Iglesias y dirigentes espirituales que de inmediato se dieron a la tarea de difundir en sus nichos que con esta medida se “incitaba a los estudiantes niños y adolescentes a imponer una “modalidad travestista institucional (drag kings), dictada desde el Gobierno capitalino”.

Hoy, integrantes de estos colectivos y seguidores de los Frentes Nacionales e Internacionales pro Familia engañan a padres de familia, amas de casa, Ministros de Culto y ciudadanos con escasos índices de cultura haciéndoles creer que esta “ideología de género” viene del extranjero, y que estas políticas harán que la homosexualidad y el aborto se conviertan en sacramentos y además las familias serán desintegradas en todo el mundo dando paso a una ideología feminista, donde los niños podrán acusar penalmente a sus padres de maltrato por oponerse a que los menores decidan cambiar de sexo a discreción.

Los integrantes de la extrema derecha están en espera de que desde Estados Unidos les alleguen dólares vía el actor Eduardo Verástegui (fundador del “Movimiento Viva México”), quien ha sido nombrado por el Presidente Donald Trump como uno de sus asesores para asistir a los hispanos. Al parecer los grupos Pro Vida, especialmente los allegados a la Iglesia Católica, serán respaldados en efectivo y en especie por la Casa Blanca, ya que de ahí emanan las políticas anti aborto y en contra de los derechos de los matrimonios igualitarios que “destruyen a las familias”, por lo que deben ser “condenados”.

Una de las armas que más votos les reditúan a estos grupos ultraconservadores, y que les hace ganar adeptos en Iglesias donde líder es el único juez quien toma decisiones colectivas y familiares como si fuera uno de sus principales integrantes, es infundir miedo religioso al condenar las políticas que el Gobierno lleva a cabo, basando sus desaprobaciones en datos erróneos, sesgados o de fuentes de poca credibilidad. Así, el Ministro de Culto puede manipular a discreción a qué partido o candidato otorgarán sus sufragios en próximas elecciones.

Legisladores de partidos más serios podrían tomar como base la intromisión religiosa de los líderes en cuestiones de índole político pues estarían frente a una posible violación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en su Artículo 29 que indica: constituye una infracción asociarse con fines políticos; realizar proselitismo a favor o en contra de candidato o partido político alguno, así como “promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de los individuos… y oponerse a las leyes del País o a sus Instituciones en reuniones públicas”.

PALABRA DE HONOR: En la mañanera de este jueves el Presidente López Obrador dijo que en el 2014 hubo “consigna” para que los Ministros de la Suprema Corte se negaran a hacer una consulta ciudadana sobre la Reforma Energética.

La actual Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, que precisamente fue Ministra de la SCJN en ese año, debe saber de esta y otras “consignas”. Ojalá se diera la oportunidad de sentirse arrogantemente libre para compartirlas de manera pública.

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