Violación de derechos abre puerta a Nestora
Los abogados aseguran que se vulneró su derecho a la asistencia consular.
REDACCIÓN
Nestora Salgado podría salir libre y sin los cargos en su contra, debido a que violaron su derecho a la asistencia consular, al que tiene puede acceder por ser ciudadana de Estados Unidos.
El martes pasado, los jueces Primero y Segundo del Distrito Judicial de Morelos, decidieron regularizar el procedimiento en las tres causas penales por secuestro, que hay en contra de la integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero, ante la violación de su derecho.
A través de un comunicado, sus abogados explicaron que en su momento las autoridades no le dieron a conocer su derecho a la asistencia consular, por tener la ciudadanía estadounidense, ya que Nestora Salgado migró al país vecino a los 20 años y, al momento de su detención, residía en el estado de Washington.
Sobre esta cuestión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la violación del derecho a la asistencia consular tiene como resultado la reposición del procedimiento desde el momento en que se decrete la retención.
“La decisión judicial implica dejar sin efecto todo lo actuado en las tres causas penales, y en los siguientes días, recabar nuevamente la declaración preparatoria de la comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero”, dijeron sus abogados.
De acuerdo con sus abogados, Salgado declarará esta noche a las 20:00 en el penal de Santa Martha Acatitla, a partir de allí los jueces tienen 72 horas para resolver su situación jurídica, es decir si la dejan en libertad o le vuelven a dictar auto de formal prisión.Con esta decisión y las nuevas pruebas de descargo que se han presentados en los últimos 12 meses, la defensa legal estima que existen elementos suficientes para que los jueces emitan los autos de libertad en los tres casos.
Nestora Salgado fue detenida en agosto de 2013 en Olinalá, Guerrero, acusada de secuestro y asociación delictuosa, posteriormente se le imputaron los cargos de homicidio y robo.
Durante tres años, sus abogados y otros activistas han demandado la libertad de la ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá.
