El tema central del sexto y último periodo de sesiones ordinarias de la LXII Legislatura será, sin duda, la seguridad. Ello porque los pendientes sobre los cuales existen los consensos necesarios para aprobarlos y sacarlos adelante son la confección del Sistema Nacional Anticorrupción como un engranaje institucional de combate a este flagelo no sólo en el orden federal, sino también en el local y municipal y la esperada transformación de la actual PGR en la Fiscalía General de la República (FGR) como un ente que goce de autonomía constitucional y fortalezca su función social como representante de la sociedad.
Tal y como lo ha aseverado Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI, en la Cámara de Diputados se están construyendo los acuerdos necesarios para aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual estaría integrado por cuatro instituciones con atribuciones perfectamente delimitadas y dotadas de un específico marco de cooperación y coordinación: la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, el fortalecimiento del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que encabeza el Magistrado Manuel Hallivis, la consolidación de la Auditoría Superior de la Federación y la permanencia de la Secretaría de la Función Pública pero con nuevas y mejores atribuciones.
La aprobación de la iniciativa presidencial para crear la Ley de la FGR vendrá a fortalecer la transición de la que nuestro sistema jurídico penal es objeto desde 2008 y que demanda la urgente rehabilitación de la institución que hoy día es sinónimo de corrupción e impunidad: el Ministerio Público.
Se trata de acciones legislativas que se inscriben en el Decálogo por un México en paz, con justicia y desarrollo que el Presidente Enrique Peña Nieto presentó a finales del año pasado y que en este 2015 se volverán realidad, como lo es también el caso del mando único policial que ha recibido el apoyo de los gobernadores y jefe de gobierno del Distrito Federal y que se prevé que durante el mes de febrero sea aprobado en el Senado de la República y turnado a la Cámara de Diputados.
El nuevo modelo policial que está planteando el Presidente de la República permitirá crear 32 policías sólidas y eficaces, cuya capacitación, adiestramiento, equipamiento y capacidad de respuesta podrán ser homologadas y permitirá que actúen con mayor fortaleza y contundencia frente al poder del crimen. Con ello, se atiende la difícil situación que enfrentan miles de policías municipales y se abona en la dirección correcta para evitar que los propios uniformados sirvan a los intereses del crimen.
En el mismo tenor se encuentra la iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional que se busca facultar al Poder Legislativo Federal para crear una ley que contemple la disolución de un gobierno municipal coludido con el crimen y con la que el Presidente de la República da respuesta a las exigencias de poblados enteros que han visto en la incursión del Ejército y la Policía Federal una solución a la asechanza de la delincuencia.