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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) enfrenta graves problemas: sus jefes, los diputados federales, no la conocen ni utilizan la información que produce. Por si fuera poco, su eficacia ha caído a tal punto, que sale más cara mantenerla por el poco dinero que recupera.
Así es como este órgano, dependiente legalmente de la Cámara de Diputados, está a punto de cumplir tres sexenios y se supone que debe ser uno de los pilares institucionales para combatir la corrupción en México, pero no es útil para elaborar iniciativas, generar políticas públicas ni diseñar el presupuesto.
Una encuesta aplicada a 277 diputados de la presente Legislatura para medir el impacto del trabajo que realiza la ASF —cuya misión es vigilar que los gobiernos gasten bien el dinero público— arrojó que 40 diputados (18% de la muestra) no conocía uno solo de los informes que emite el órgano fiscalizador; 56 legisladores (25%) dijeron conocer al menos un informe y sólo 16 diputados (7% de los entrevistados) conocen hasta cinco reportes.
El documento más conocido por los diputados federales es el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, que se publica cada año en tres entregas y que muestra las irregularidades presupuestales en que incurrieron las dependencias federales, estatales y municipales; así como organismos y empresas que reciben recursos públicos.
Los informes más desconocidos por los representantes populares son el Análisis de Avance de Gestión Financiera (se publica cada año, informa sobre el flujo contable de ingresos y egresos, y da a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación) y el Informe del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas (se entrega semestralmente y actualiza la manera en que los entes auditados devuelven recursos mal utilizados, acatan recomendaciones o aplican las sanciones dictadas por la Auditoría).
La ignorancia legislativa
Casi siete de cada 10 diputados ni conoce y mucho menos utiliza en alguna de sus tareas los informes que elabora la Auditoría Superior.
De acuerdo con el Informe Anual sobre los Resultados de la Evaluación del Efecto o la Consecuencia de la Acción Fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación 2017, un sondeo aplicado a 40 diputados que forman parte de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; Transparencia y Anticorrupción, y Vigilancia de la ASF mostró que sólo 35% de ellos emplea la información para elaborar iniciativas de ley, mientras que el restante 65% no le da ninguna utilización, aun cuando forman parte de áreas clave para la elaboración del gasto y combatir la corrupción.
El informe sobre el impacto del trabajo de la ASF recoge algunas opiniones de los entes auditados sobre las áreas de oportunidad del proceso de fiscalización. Una de ellas refiere lo siguiente: “En relación a cómo califican la experiencia ante el proceso de fiscalización, las entidades auditadas, responden que es buena en general; sin embargo, falta mayor difusión y conocimiento hacia las entidades fiscalizadas de dicho proceso y de cuál es su utilidad, en virtud de que en muchos casos se fiscalizan operaciones y recursos que ya fueron revisados por otras instancias de control”.
Los actores que más jugo le sacan a los informes de la Auditoría son los secretarios técnicos de las comisiones legislativas. El 16% de ellos ocupan los informes de las ASF para elaborar iniciativas, otro 16% para hacer dictámenes, 21% para análisis del proceso presupuestario y 7% para comparecencias de funcionarios públicos.
De esta desconexión entre diputados y la ASF son conscientes el propio órgano fiscalizador y la Comisión de Vigilancia, pues en un informe divulgado el mes pasado, llamado Datos básicos de la Primera Entrega de Informes Individuales de Auditorías Correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, se establece que una de las metas del nuevo auditor superior será mejorar la relación con los diputados.
“Generar una nueva dinámica con los legisladores, encaminada a incentivar que los resultados de las auditorías se conviertan en el insumo primordial para sus labores. Se buscará con ello, transmitir mensajes claros y concisos; proporcionar asistencia técnica y capacitación a los legisladores y sus equipos asesores; gestionar las denuncias y solicitudes de auditoría de los legisladores; y generar nuevos productos y materiales informativos”, reconoce el documento.
Rendimiento, en declive
El poco impacto de la información de la Auditoría Superior de la Federación no es el único problema que enfrenta la institución que hoy está en manos de David Colmenares Páramo; la efectividad de sus observaciones está en declive.
Según el Informe Anual sobre los Resultados de la Evaluación del Efecto o la Consecuencia de la Acción Fiscalizadora 2017, el porcentaje de recomendaciones que están bien fundamentadas y que han sido atendidas por los entes fiscalizados va en caída desde hace seis años. Mientras que en 2010 el porcentaje de recomendaciones “procedentes” era de 98.7, para 2015 cayó a 82.4, y no se ha recuperado desde entonces.
Otro indicador de la ASF que se desplomó en los últimos años fue el de solicitudes de aclaración, mismo que refleja una reducción en la detección de irregularidades. En 2014, por cada 100 auditorías practicadas, en 72 se solicitaban aclaraciones a los entes auditados; en 2015, el porcentaje wcayó a 23, lo que denota menos incentivos a la administración pública para clarificar y justificar sus gastos.
La rentabilidad económica de la ASF también ha disminuido en lo que va del presente sexenio. En 2012, último año del gobierno del presidente Felipe Calderón, por cada peso que se le asignaba de presupuesto, la Auditoría Superior lograba recuperar 10. Es decir, la tasa de retorno del órgano fiscalizador era superior al 1000 por ciento.
Pero las cosas cambiaron durante la administración de Enrique Peña Nieto, que se caracterizó por actos de corrupción como la Estafa Maestra, así como los desfalcos en Veracruz con Javier Duarte, Chihuahua con César Duarte y Quintana Roo con Roberto Borge. En 2013, por cada peso gastado en la ASF, ésta recuperaba cuatro; y en 2014, la proporción bajó a tres pesos recuperados por cada peso gastado. La peor marca se alcanzó en 2015, cuando se obtuvieron números rojos: por cada peso gastado en la ASF, se rescataron sólo 60 centavos.
el porcentaje de recomendaciones de la ASF que están bien fundamentadas va en caída. Mientras que en 2010 la proporción de observaciones “procedentes” era de 98.7%, para 2015 cayó a 82.4%, y no se ha recuperad0.
La lupa en el cierre de sexenio
La auditoría superior de la Federación ha detectado la relevancia de los siguientes temas para que formen parte de la fiscalización en la Cuenta Pública de 2018:
Implementación de las reformas estructurales. A partir de 2013, el gobierno promovió la instrumentación de 12 reformas estructurales en las materias siguientes: laboral, educativa, telecomunicaciones y radiodifusión, energética, competencia económica, financiera, hacendaria, el nuevo Sistema Penal Acusatorio, en materia de amparo, político-electoral, transparencia y combate a la corrupción.
Conformación de padrones de los programas gubernamentales que otorgan subsidios. La ASF ha identificado que prevalece el problema de la falta de estructuración e integración de dichos padrones, toda vez que se observa dispersión de la información, así como fallas o abusos en la canalización de recursos.
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). La ASF ha identificado que las adecuaciones y ampliaciones presupuestarias no se sustentan con información de desempeño, lo que impide evaluar el efecto de dichas ampliaciones en los objetivos y metas de los programas.
entregas. El segundo informe de la Cuenta Pública 2017 estará listo en octubre próximo, y la tercera entrega se publicará en febrero de 2019.