Pagos en exceso, prestadores de servicios que no presentaron informes de actividades, falta de documentación de proveedores y anomalías en los reportes de apoyos para alimentos a funcionarios de casilla son algunas de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la gestión financiera del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que provocó un daño patrimonial por 93.5 millones de pesos.
De acuerdo con la segunda entrega del Informe de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2018, el INE no pudo justificar el pago de 66.2 millones de pesos a 99 prestadores de servicios contratados por honorarios, toda vez que no hay evidencia documental comprobatoria de las actividades realizadas durante el pasado proceso electoral, en el que se eligió presidente de la República, diputados y senadores.
La segunda anomalía más costosa detectada por la ASF tiene que ver con los apoyos para la alimentación de los funcionarios de casillas. Según al auditoría 93-GB de la Cuenta Pública 2018, “se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 18 millones 159 mil 966 pesos por concepto de la diferencia determinada entre el importe registrado como ministrado a las entidades federativas por concepto de apoyos para alimentos a funcionarios de casillas y el importe comprobado mediante el Sistema de Contratación, Pago y Comprobación de Recursos”.
Otro desorden contable identificado por el órgano fiscalizador está relacionado con las empresas que dan servicio al INE, pues no se logró solventar un pago por 5 millones 125 mil 504 pesos “debido a la falta de documentación que acredite que los proveedores entregaron los dos mil cuadernos del contrato INE/082/2017, por 112 mil pesos, así como los 9 millones 390 mil materiales del contrato INE/100/2018 por 5 millones 13 mil 504 pesos”.
En su informe entregado el jueves pasado a la Cámara de Diputados, la ASF diagnóstico que el INE tiene una “falta de control y supervisión en los pagos efectuados por la nómina mediante la cual se realizó el pago de dietas a consejeros electorales locales y distritales en el año electoral federal”.
Según las pesquisas, “se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2 millones 429 mil 26 pesos por recursos ejercidos con cargo en la partida 44108 ‘Dietas a consejeros electorales locales y distritales en el año electoral federal’, de los cuales mil 396 casos, por 405 mil 620 pesos corresponden a pagos en demasía”.
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