Hannia Novell

Un joven de 15 años mató a su padre a balazos. Cinco tiros disparó contra el hombre quien, durante años, abusó sexualmente de él y de su hermana menor. Las agresiones habían quedado encerradas en un silencio de miedo, culpa e ignorancia. Todo salió a la luz cuando Regino pidió perdón por sus actos.

“Quiero pedirle perdón más a mi hijo, esto que voy a decirles me está atormentando. No sé si me vayas a perdonar, al igual que tu mamá; cuando eras chico abusé de ti y de tu hermanita”, confesó el empleado de una empresa de seguridad privada.

Las últimas palabras de Regino fueron su confesión y la solicitud de perdón. Unos instantes después, el adolescente descargó cinco tiros en el cuerpo de su victimario. Él y su madre acudieron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para denunciar el homicidio y explicaron la dolorosa historia de violencia sexual que el occiso cometió en vida contra sus hijos.

La autoridad determinó dejar libre al joven, tras considerar que tanto él como su hermana sufrieron daños psicológicos y emocionales graves por parte de su agresor.

Este suceso estremecedor causó revuelo en la opinión pública. Más allá del asombro y conmoción, es preciso recordar que corresponde al Estado mexicano tomar cartas en el asunto y garantizar las condiciones necesarias para el libre y sano desarrollo de todos los niños de México, como lo señala expresamente el Artículo 4 de la Constitución.

Recientemente, la Comisión Nacional de los  Derechos Humanos (CNDH) presentó el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que Infringen la Ley Penal de la República Mexicana. En el documento, la institución expone una serie de irregularidades presentes en los 45 centros de tratamiento distribuidos en todo el país, los cuales alojan a mil 237 hombres y 208 mujeres.

En sus hogares, los menores sufrieron golpes, amenazas, castigos y abusos sexuales, así como la falta de alimentos, cuidados médicos y condiciones básicas de higiene y educación. Un infierno que no cambió del todo al llegar a los centros de tratamiento.

La CNDH denunció malos tratos, instalaciones insalubres, deficiencias en la alimentación, falta de personal especializado, sanciones disciplinarias extremas, ausencia de programas contra adicciones e insuficiencia de actividades necesarias para la reintegración social, entre otras tantas irregularidades que violan las garantías individuales de quienes también son los hijos de México.

El hijo de Regino no llegó a un centro de internamiento, pero es creciente la participación de niñas y niños en actividades delictivas. La pobreza y la falta de oportunidades para el progreso; la irresponsabilidad y falta de cuidado de sus padres; y el crimen organizado, que aprovecha su inocencia y necesidad para introducirlos en un mundo de drogas, violencia y muerte, son los principales detonantes de los menores infractores.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los legisladores, la iniciativa privada y la sociedad en su conjunto están obligados a mirar por el interés superior de la niñez y a satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. 

Llegó el momento de poner manos a la obra. Son urgentes reformas legales, políticas públicas y acciones de gobierno que permitan el crecimiento y desarrollo de todos los niños y adolescentes, en un ambiente de paz, cordialidad y oportunidades de superación. Los niños son el futuro y destino de la Patria. 

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