San Luis Potosí es el único estado de la República que tiene frontera con Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato, las tres entidades donde se ha solicitado la desaparición de poderes debido al repunte en los niveles de violencia en los últimos meses y a la presunta incapacidad de las autoridades para controlar la situación.
Al mismo tiempo, la entidad gobernada por Juan Manuel Carreras López sufre el embate de tres organizaciones del crimen organizado: el Cártel del Noreste en la zona del altiplano, el Cártel Jalisco Nueva Generación en la región centro (la más poblada del estado y que incluye la capital), y el Cártel del Golfo en la Huasteca.
Pese a la complejidad del contexto, San Luis Potosí enfrenta un problema que merma su capacidad institucional de respuesta ante el crimen: no todos los alcaldes colaboran en materia de seguridad pública y en capacitación de sus respectivas policías.
“Lamentablemente, tenemos muchos presidentes municipales que no están comprometidos”, aseveró Jaime Ernesto Pineda Arteaga, secretario de Seguridad Pública del estado, quien añadió que dichos alcaldes han dejado de lado la capacitación de sus corporaciones, por lo que en las calles hay “policías que de seguridad no saben nada”.
“Conozco casos de presidentes municipales que han despedido a policías que habían aprobado el control de confianza y estaban debidamente certificados, pero en su lugar metieron al compadre, al amigo o al familiar. Tenemos policías que en realidad son civiles uniformados”, alertó Pineda Arteaga, quien recibió a ejecentral y a otros cuatro medios en las instalaciones del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2), inaugurado en septiembre pasado.
El funcionario se negó a dar a conocer cuáles de sus 58 municipios no colaboran y los nombres de los alcaldes que han mostrado resistencia a tener a sus corporaciones en orden, pero lo que sí se sabe es que San Luis Potosí es el tercer estado —después de Sinaloa y Guerrero— con menores niveles de personal que ha sido evaluado, aprobado y que está actualmente en funciones.
De acuerdo con el más reciente informe sobre la Evaluación de Control de Confianza al Personal del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sólo 55% de los policías potosinos que fueron aprobados en sus evaluaciones se encuentran actualmente en funciones.
Con corte al 31 de agosto de 2019, el documento —que refleja el estatus de los Centros de Evaluación y Control de Confianza del país— refiere que San Luis Potosí tiene una fuerza policial de seis mil 324 elementos, de los cuales dos mil 726 están adscritos a la Secretaría de Seguridad Publica estatal, dos mil 205 a las corporaciones municipales, 713 a la procuraduría local y 680 son de prevención y reinserción social.
Actualmente, todos los elementos policiacos de San Luis Potosí han sido evaluados; 84% fue aprobado, 15% reprobado y 1% está pendiente de resultado. Sin embargo, de los que pasaron sus pruebas de control de confianza, poco más de la mitad se mantiene activo y 45% no está en funciones, lo que confirma el elevado nivel de policías evaluados, pero que han sido separados de sus cargos.
Las corporaciones con más elevado nivel de reprobación son las policías municipales con 21% y la procuraduría estatal con 19%; le siguen la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Preventiva, con 10% cada una.
Repunte de la violencia
Hasta 2015, año en que comenzó la gestión de Juan Manuel Carreras, los municipios de San Luis Potosí eran relativamente pacíficos y no figuraban en la lista de las demarcaciones más inseguras del país. Pero esa situación comenzó a cambiar en 2016, año en que la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Matehuala entraron al listado de los municipios más violentos.
De acuerdo con el estudio La violencia en los municipios de México 2018, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, el norteño municipio de Matehuala, fronterizo con Nuevo León, y San Luis Potosí capital están dentro de los 100 municipios más inseguros del territorio nacional.
El primero se ubica en la posición 74, con niveles delictivos superiores a la capital de Guanajuato; Toluca, estado de México; Coatzacoalcos, Veracruz, y Yautepec, Morelos. San Luis Potosí, en tanto, ocupa el sitio 82, con una incidencia delictiva mayor a Iztacalco, Ciudad de México; Cuautla, Morelos; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Tapachula, Chiapas.
En 2015, año en el que Juan Manuel Carreras llegó al gobierno, la capital de San Luis Potosí estaba en la posición 180, Soledad en el lugar 217 y Matehuala en el 223. Ciudad Valles y Tamanzuchale no figuraban hace cuatro años en el listado; ahora están en las posiciones 155 y 223, respectivamente. Es decir, en tres años los municipios más poblados de la entidad ingresaron a la lista negra.
¿La falta de compromiso de los alcaldes potosinos no interfiere con la estrategia estatal de seguridad y con la llegada de la Guardia Nacional? —se le preguntó al secretario Pineda Arteaga, quien asumió el cargo en diciembre de 2017.
—No afecta, porque la Guardia Nacional no viene a suplir a nadie, sino a complementar los trabajos. Siempre los contrapesos de las diferentes niveles de gobierno vienen a sumar. Esos contrapesos deben de existir si los aprovechamos positivamente, pues vienen a ayudar.
Porque si no hay voluntad de los alcaldes, será muy difícil la coordinación de esfuerzos para combatir al crimen…
—Así es, pero muchas veces los municipios voltean a ver al estado o a la Federación ya cuando el agua les llega a los aparejos.
¿Si hay evidencias sobre la negligencia de los alcaldes en materia de seguridad, no amerita abrirles una carpeta de investigación?
—Aquí lo que no podemos perder de vista es la autonomía de los municipios y la precariedad de los recursos con que operar. Sin embargo, creo que es un tema en el que el Congreso local debe tomar cartas en el asunto.
Y ahora que comienza el último tercio de la actual administración, ¿cuáles son los retos en materia de seguridad para los dos años que quedan?
—El reto es bajar los índices delictivos, sobre todo el robo a comercio, robo a transeúnte y robo de vehículo. El narcomenudeo y la delincuencia organizada también está en nuestro mapa de prioridades.
Hablemos ahora de los estados vecinos; muchos de ellos tienen problemas graves de inseguridad. ¿Cómo se está protegiendo San Luis Potosí?
—Como dice la canción, somos vecinos de 10 estados. ¡Y vean qué estados! Veracruz, nada sencillo; Tamaulipas, nada sencillo; y además Guanajuato, Jalisco y Nuevo León. Sólo por citar algunos. Aquí en las mesas de coordinación diseñamos barreras y desplegamos operativos de contención. Cuando vemos, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, que con los operativos contra el robo de combustible hay un desplazamiento de las bandas y quieren entrar aquí, hacemos labores de inteligencia para detenerlos y evitar que vean en San Luis Potosí un paraíso de oportunidades o un resguardo.
¿Y cómo es la relación con los gobiernos vecinos?
—Muy buena, tenemos excelente coordinación. Y en este tema la colaboración entre las fiscalías es muy importante para tener éxito en el combate regional a la delincuencia.
Estabilidad, en riesgo
En la edición pasada, ejecentral publicó que en junio de este año, tres semanas antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador conmemorara el primer aniversario de su triunfo en las urnas, se constituyó un bloque de cinco gobernadores denominado Alianza Centro Bajío Occidente (ACBO).
En teoría, el pacto entre Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí obedecía a la idea de integrar y potenciar a las cinco economías más dinámicas del país; pero desde el punto de vista electoral, equivale a la construcción de un frente opositor, pues lo integran dos gobernadores panistas, dos priistas y uno de Movimiento Ciudadano, además de que son los cinco estados donde López Obrador obtuvo menos votos en los comicios de 2018.
Dentro del ACBO, la izquierda nunca ha ganado una elección local, pero San Luis Potosí es la entidad donde el partido López Obrador, Morena, tendría más posibilidades de triunfar, ya que el año pasado el tabasqueño tuvo 42% de los sufragios en la elección presidencial y el voto opositor estuvo más atomizado (26% para Ricardo Anaya y 20% para José Antonio Meade).
Sin embargo, la estabilidad de la entidad está cada vez más comprometida y los desafíos en materia de seguridad se muestran cuesta arriba.
Mientras que en 2015, cuando llegó el gobernador Carreras había 392 homicidios y dos mil 723 delitos con lesiones, para 2018 ya eran 900 homicidios y tres mil 618 lesiones. Mientras que en 2015 se registraban 230 delitos contra la libertad personal y seis mil 33 robos, para 2018 ya se contaban 501 delitos contra la libertad personal y 13 mil 991 robos. Es decir, la inseguridad se ha desbordado en la presente administración.
El Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común, publicado el pasado 20 de septiembre por el Centro Nacional de Información del SESNSP, muestra que sólo en agosto pasado se cometieron cuatro mil 665 delitos en San Luis Potosí, lo que lo coloca en la posición número 12 a escala nacional.
La entidad tuvo una tasa de 163.8 delitos por cada 100 mil habitantes, cifra que supera la media nacional, que es de 139 delitos por cada 100 mil pobladores.
Comparado con las cifras de agosto de 2018, San Luis Potosí tuvo un incremento de 34.2%, lo que representa el aumento más elevado de todo el país, superando por mucho la media nacional que corresponde a 4.1 por ciento.
Conozco alcaldes que han despedido a policías que habían aprobado el control de confianza, pero en su lugar metieron al compadre, al amigo o al familiar. Tenemos policías que en realidad son civiles uniformados.”
Jaime Ernesto Pineda,titular de la SSP.
34.2 por ciento aumentó la incidencia delictiva en SLP en el último año, esto lo coloca como el estado con mayor aumento de agosto de 2018 a la fecha.
El dato. Con casi tres millones de habitantes, SLP ha experimentado en los últimos cuatro años un desarrollo industrial que ha ido acompañado del incremento en la incidencia delictiva.