Héctor J. Villarreal Ordóñez

La Agencia de Noticias del Estado Mexicano podría enfrentar una crisis en la relación con buena parte de sus corresponsales acreditados en el extranjero. Los vicios e insuficiencias de origen de ese vínculo son un problema latente desde tiempo atrás.

Fundada en 1968, Notimex fue por años una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria. En las décadas de 1980 y 1990 fortaleció su operación internacional. Los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo entendieron la utilidad de una agencia de noticias que proyectara que México se volvía una sociedad y una economía más abierta y democrática y registrara, con la perspectiva de una agencia gubernamental, noticias del mundo, especialmente las relacionadas con nuestro país, como la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio. Periodistas destacados fueron enviados a diversos países por Notimex, que fue también escuela del oficio por la que pasaron profesionales que hoy tienen trayectorias destacadas en otros medios o en la comunicación pública.

Sin embargo, conforme a las normas, usos y costumbres de esos años, aquellas asignaciones se hicieron con criterios discrecionales y negociaciones o acuerdos individuales, no siempre mediante contratos laborales y con recursos que la S.A., respaldada por su Consejo de Administración, presidido por el Secretario de Gobernación, administraba con márgenes también discrecionales, para cumplir su función.

En junio de 2006 la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado mexicano volvió a Notimex un organismo descentralizado, no sectorizado, con una Junta de Gobierno presidida rotatoriamente por las secretarías de Estado que la integran, con un representante del entonces IFE y —grave error— con la dirigencia del sindicato de trabajadores de la vieja Notimex S.A., la cual, por cierto, sigue en funciones y ejerció una nociva influencia en decisiones directivas durante los últimos años.

Entre noviembre de 2011 y febrero de 2013 dirigí la agencia. Un problema administrativo fue la inexistencia de contratos en archivos institucionales o en poder de los corresponsales que documentaran su vínculo laboral. Sobre ello y otras inconsistencias había indicios y observaciones de la Secretaría de la Función Pública. A finales de 2012, la Secretaría de Hacienda frenó la transferencia de recursos para la operación internacional de Notimex y advirtió a la dirección que sólo pagaría, directo, a personal en el extranjero cuando la agencia presentara contratos de prestación de servicios.

Los corresponsales no renunciaron a relación laboral alguna. No había contrato vigente al cual renunciar, lo que no implica que, ante autoridades administrativas o jurisdiccionales en materia laboral, una relación no existiera ni pudiera eventualmente acreditarse. La firma de contratos fue indispensable para que la SHCP pagara sus ingresos. Los montos se acercaron lo más posible a lo que venían percibiendo antes y nadie tuvo merma significativa en el ingreso recibido.

En el sexenio anterior se hicieron cambios a las contrataciones. El gobierno peñanietista vio y usó a Notimex como apéndice de su oficina de prensa, cambió su logo y castigó su operación reduciendo su presupuesto.

Los corresponsales de Notimex son en su mayoría periodistas profesionales, serios y experimentados. Al margen de vericuetos administrativos, es justo resolver su relación con la agencia. Pero la nueva dirección general y la junta de gobierno que heredan el asunto no podrán hacerlo solos. Hará falta presupuesto y voluntad política de diversas autoridades gubernamentales. Buen reto para la autollamada 4T, si no amanece mañana con que Notimex es medio fifí. 

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