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Redacción ejecentral

BUITRES

> Más de 50 personas, entre políticos, empresarios y funcionarios de tres estados del país, junto con unas 26 empresas, se apropiaron de al menos 1.8 millones de metros cuadrados de playa y predios urbanos ubicados en seis de los 10 municipios de Quintana Roo. Todo ocurrió en los últimos tres sexenios priistas

Luis León, Francisco Pazos, Jonathan Nácar y María Idalia Gómez

A través de una sofisticada red que se extendió a lo largo de 18 años en Quintana Roo, que involucra a tres exgobernadores y sus familiares; presidentes municipales del PRI y PAN; funcionarios estatales y federales, empresarios nacionales y extranjeros, notarios públicos y hasta posibles integrantes del crimen organizado, despojaron al estado de las mejores propiedades en el Caribe mexicano.

En esta madeja —de acuerdo a documentos que integran uno de las carpetas de investigación sobre corrupción en la entidad—, aparecen como cómplices por lo menos 50 personas y 26 empresas, y proyectos inmobiliarios que, a través de engaños,  documentos falsos y operaciones financieras irregulares, se apropiaron de al menos 1.8 millones de metros cuadrados de terrenos de playa, con altos valores comerciales, valuados como joyas del Caribe por su multimillonario potencial turístico; así como predios urbanos ubicados en siete de los 11 municipios que conforman Quintana Roo.

ejecentral tuvo acceso a una parte del expediente integrado por más de mil fojas en las que, a través de reportes de inteligencia, documentos gubernamentales y judiciales, forman parte de una investigación ministerial que se inició en contra del exgobernador Roberto Borge, pero que al deshilvanar el tejido de vínculos de los presuntos involucrados, se comenzó a documentar la maquinaria construida en el sexenio de Joaquín Hendricks Díaz, quien llegó a la gubernatura de Quintana Roo en abril de 1999 y que designó a funcionarios en puestos clave en el Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE), en el Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad de Quintana Roo (Infovir) y en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, entre otras dependencias. Además de empresarios que fue vinculando con sus operadores y familiares, directamente con sus hermanos Pedro y Gilberto Hendricks.

Esta trama, plantean los informes, fue fortalecida en los gobiernos subsecuentes, el de Félix González Canto y Roberto Borge. Y en ella aparecen políticos y empresarios de Yucatán y Nuevo León.

Por ahora, el daño patrimonial es incuantificable, pues las investigaciones no han determinado la magnitud total del despojo al fundo legal de Quintana Roo. Tampoco les ha sido posible a las autoridades establecer con precisión los beneficios recibidos por cada uno de los involucrados de esta red.

La conversiónde pesos a millones

Los tentáculos de la trama llegan a Yucatán, en donde empresarios se sumaron como operadores, prestanombres y testaferros para celebrar contratos de compraventa para predios subvaluados que, en semanas o meses, eran revendidos a precios exorbitantes.

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ejecentral tuvo acceso a parte del expediente en el que quedan exhibidos los operadores y las empresas conformadas para la comercialización irregular de predios en Quintana Roo.  (Da clic en la imagen para ampliar)

De acuerdo al expediente, uno de los engranes fundamentales, que potenció las operaciones irregulares, durante las últimas tres administraciones priistas, fue Rodolfo Rosas Moya, empresario de la construcción e inmobiliario de origen poblano, quien es investigado actualmente por la compra-venta fraudulenta de terrenos a través de sus empresas, por lo menos cuatro: Comercializadora Ronac, Pyrsa Construcciones, MayaZama, y Tecrock.

La operación se hacía de dos formas: una de ellas era entregarle predios donados a cambio de obras que debería realizar a favor del municipio o el estado, las cuales no siempre concluía o equivalían al costo de los terrenos dados en pago. La segunda forma de operar de Rosas Moya era que las autoridades estatales le subsidiaran el costo de terrenos, y el empresario lo revendía en millones de dólares.

Un ejemplo fue la operación de Comercializadora Ronac, cuando compró 600 hectáreas en el municipio de Solidaridad a un precio subsidiado de 11 pesos por metro cuadrado, y dos días después firmó un contrato de promesa de compra-venta por un precio muy superior, un total de cinco mil pesos por metro cuadrado, valor al que al final se vendió. En ese predio ahora se ubican el centro comercial Galaxia y varios fraccionamientos como el Plaza Las Américas.

Logró hacer este tipo de operaciones, se establece en el expediente, gracias a que desde 2001 y hasta 2006, se relacionó o incluso asoció con empresarios y políticos de Yucatán y Quintana Roo. Tal fue el caso de Gabriel Mendicuti, cuando era alcalde de Playa del Carmen; Bernardo Romero de la Peña, secretario del Consejo de Administración de Tectrencher, y Juan Manuel González Zetina (primo del gobernador González Canto), y quien fuera secretario de Desarrollo Industrial y Comercial en Yucatán, y exfuncionario del gobierno municipal de Cancún en donde fungió como representante del “Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo Sustentable de la Isla de Holbox”, de la cual hoy es parte propietario de 12 lotes.

Otro de los personajes clave para Rosas Moya fue Francisco Garibay Osorio, quien en ese momento era director del Infovir, durante el gobierno de Joaquín Hendricks, y después se convirtió en director del IPAE, ya en la administración de González Canto.

Incluso, Garibay Osorio creó su propia empresa con sede en Jalisco, llamada Nueva Alternativa de Quintana Roo, para facilitar trámites en terrenos en el Caribe. Fue hasta 2006 cuando comenzó a ser señalado por ejidatarios por el despojo de tierras en beneficio de empresarios, y lo denunciaron ante la procuraduría estatal.

Uno de los casos que el expediente ofrece pruebas, son las operaciones en las que se le acusa de beneficiar a la empresa Comercializadora Ronac. En esta parte del expediente aparece el nombre de Gilberto Hendricks, hermano del exgobernador Joaquín Hendricks, y quien fue delegado del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, desde donde se adelantaban o retrasaban juicios por terrenos, y podrían ubicar aquellos que presentaran algún tipo de conflicto, de acuerdo a los testimonios dentro de la investigación.

Desde el Infovir, Garibay Osorio siguió operando el IPAE. Esto se confirma, precisan los documentos, con el caso de la venta de tres mil 237 metros cuadrados de un predio en Tulum en favor de Grupo MayaZamá, y en el que el terreno también fue subvaluado.

Operaciones internas

La documentación revisada y verificada por distintas fuentes consultadas por este semanario, detalla que, desde la administración de Joaquín Hendricks, el método que se implantó para consolidar la enajenación de terrenos ejidales y del patrimonio estatal, consistía en que se identificaba los bienes y los empresarios que serían beneficiados, luego Garibay Osorio tenía órdenes de ingresar expedientes de enajenación incompletos y con información falsa.

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Pesquisa. Los documentos forman parte de una investigación contra los gobiernos de Borge, González Canto y Hendricks Díaz. (Da clic en la imagen para ampliar)

Las lagunas documentales provocaban que los expedientes fueran retenidos, lo que era aprovechado por operadores de la red, entre empresarios y particulares, para subsanar con documentación faltante y pagar dos mil pesos por expediente, para que se les diera trámite, facilitando el despojo y permitiendo que los terrenos enajenados fueran revendidos a precios tres o cinco veces superiores a los que pagaron originalmente.

Este modus operandi se repitió en terrenos del Caribe ubicados en Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel, Cancún, y Puerto Morelos.

Uno de los inversionistas que resultó afectado fue el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, y también quedó atrapada en esta red la familia del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

El cuartel pendiente

En abril de 2006 debió haber quedado construido y listo para operar el cuartel de la entonces Policía Federal Preventiva en el ejido de Leona Vicario, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Tras más de una década del proyecto, aún no hay fecha de inauguración, debido al presunto fraude y desvío de recursos para la obra que habría realizado Rodolfo Rosas Moya.

De acuerdo con el expediente del caso, fue a la empresa privada Tecrock, de la que es socio Rosas Moya, a quien se le asignó, previa autorización de la Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo, el contrato de obra pública a “precios unitarios y tiempo determinado”, por 54 millones 973 mil 621 pesos.

MAPA S REDES

No obstante que la empresa contratista, de la cual se ostentó Rosas Moya como administrador único, recibió al menos dos anticipos por cinco millones 497 mil 362 pesos y 10 millones 994 mil 724 pesos para trabajos y la compra de equipos y materiales para la obra respectivamente, mismas cantidades que fueron supuestamente depositadas por Rosas Moya a la cuenta legal de Tecrock.

Pero, según la demanda interpuesta el 29 de agosto de 2006 por Bernardo Romero de la Peña, como representante legal de Tecrock, el empresario dispuso ilegalmente de dichos pagos, así como de los desembolsos subsecuentes que el gobierno de Quintana Roo realizó, los cuales “no han sido ingresados a ninguna cuenta legal de la sociedad”, ya que a las que supuestamente fueron ingresados los pagos fueron abiertas en incumplimiento de los estatutos de la propia empresa.

CIFRAS S REDES

Este semanario consultó con autoridades de la Policía Federal respecto a la puesta en marcha de dichas instalaciones para la operación de sus efectivos, y de manera escueta y sin detalle al respecto, una funcionaria del área de Comunicación Social de la dependencia refirió que “está próximo a inaugurarse”.

> El método para la enajenación de terrenos consistía en identificar los bienes y a los empresarios que serían beneficiados. luego, francisco Garibay Osorio tenía la orden de ingresar expedientes incompletos o con información falsa.

El exgobernador cae

Un segundo operador que fue identificado en los reportes de inteligencia fue el exdiputado federal del PRI, Felipe Enríquez Hernández, quien fue secretario particular de María Teresa Tello, cuando ésta fue secretaria de la Reforma Agraria durante el sexenio del expresidente Vicente Fox. Fue en este cargo que el priista estableció vínculos con funcionarios de nivel medio, para identificar predios ejidales en litigio y reservas territoriales de Nuevo León, para apropiárselos a través de operaciones aparentemente legales.

Este mismo modelo lo exportó a Quintana Roo, en donde utilizó sus relaciones políticas en Monterrey y el Estado de México, señala uno de los documentos, para abrirse camino en el sureste, a través del exgobernador Félix González Canto.

En Nuevo León su vínculo y asociación empresarial con el exgobernador Natividad González Parás y su familia, le abrió las primeras puertas. Pero su éxito llegó con la relación que forjó en el Estado de México. Y es que Enríquez Hernández colaboró directamente en las campañas electorales para gobernador de Arturo Montiel y para la presidencia de Enrique Peña Nieto. Como muestra de la confianza, Peña Nieto ya siendo presidente lo designó, en 2013, embajador de México en Uruguay, en donde permaneció hasta 2015.

FELIX Y BORGE

Complicidades. Los exgobernadores Roberto Borge y Félix González Canto. Foto: Tomada de noticaribe.com.mx

De acuerdo a las indagatorias, Enríquez Hernández constituyó ocho empresas que le permitieron comprar terrenos en el Caribe y en la zona urbana, a precios castigados y que revendía por millones de dólares.

La empresa Raíces Consultoría S.A. de C.V, por ejemplo, fue utilizada para adquirir terrenos en Isla Blanca (Cancún), un total de 30 kilómetros de playas vírgenes. Esos terrenos fueron traspasados posteriormente al Grupo Hotelero Martinón y NH Hoteles, que desarrollaron cuartos de hospedaje y condominios de tiempo compartido conocidos como ‘Sotolindo’.

Pero conseguir este negocio no fue fácil. Obligó a Enríquez Hernández a trasladarse a la Ciudad de México, para conversar en el Reclusorio Norte con uno de los dueños de ese predio, el exgobernador Mario Villanueva, quien lo recibió y decidieron asociarse gracias a que su amigo el también exmandatario estatal Félix González Canto, se lo presentó y recomendó, además de que participaba en la operación.

Pero Felipe Enríquez no cumplió sus promesas, por lo que Villanueva, quien para entonces ya había sido extraditado a Estados Unidos, lo demandó junto con González Canto.

“Con el fin de definir los detalles respecto a la venta del terreno, el día miércoles 9 de abril de 2008 vino a visitarme a mi celda en el Reclusorio Norte el señor Felipe Enríquez Hernández, quien me indicó lo siguiente: Tenían interés de adquirir las 19 hectáreas de nuestra propiedad, pero además deseaban comprar dos predios aledaños, uno de 8 hectáreas perteneciente a la señora Sara Blake de Betancourt y otro de 13 hectáreas del señor Juan Ángel Valle Cárdenas, con lo que la superficie total que deseaban comprar era de 40 hectáreas”, detalló Villanueva en su querella por fraude contra el político regiomontano y el exgobernador González Canto, bajo la promesa de pago de 40 millones de dólares por el caso de los predios de Isla Blanca, litigio que persiste.

Hoteleros españoles investigados

Con información privilegiada para apropiarse de tierras ejidales a nombre de su familia o de terrenos que tienen un litigio, Enríquez Hernández consolidó sus operaciones a través de las empresas Desarrollos Punta Piedra y Consorcio GH. En sus actas constitutivas aparecen Hugo César Flores Toba, su cuñado; José Treviño Ruiz, empresario regiomontano; el exgobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, y su hermano, Luis Francisco González Parás; así como los constructores José María Garza Ponce y su hijo José María Garza Treviño, quienes  junto con una cuarta  empresa RYR S.A. de C.V. -en la que nuevamente aparece la  familia de Natividad González Parás y los  socios españoles del grupo hotelero Martinón-, se apropiaron de 31 mil 274 metros cuadrados ubicados en Punta Allen, a cinco kilómetros de las ruinas de Tulum, según la escritura pública número 15,464, con fecha 14 de diciembre de 2009.

Mientras que en otras actas constitutivas de dos empresas vinculadas a la red aparece DIMSA, que entre sus socios se ubica a Isabel Tenorio Romero, esposa del exgobernador Mario Villanueva. Y en otra, GLS-4 aparece el yerno de Luis Francisco González Parás, hermano del exgobernador de Nuevo León.

Este entramado se comenzó a comprender y aparece como parte de las indagatorias, gracias a las demandas de los ejidatarios que fueron despojados, también por el juicio que inició el exgobernador Villanueva, para que le restituyan la propiedad, ya que está en un lugar privilegiado, a la entrada de la reserva de la biósfera de Sian Ka’an.

los implicados

eje central tuvo acceso a parte del expediente en el que quedan exhibidos los operadores y las empresas conformadas para la comercialización irregular de predios en Quintana Roo.

Pesquisa. Los documentos forman parte de una investigación contra los gobiernos de Borge, González Canto y Hendricks Díaz.

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