Raúl García Araujo

El Gobierno de la Ciudad de México ha tenido un pésimo manejo del tema de la joven de 17 años que presuntamente fue violada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Volcó toda la fuerza del Estado –recursos públicos, funcionarios y espacios en medios de comunicación- contra la joven a la que, además de ser violentada sexualmente, también le fueron violados sus derechos cuando servidores públicos de la Procuraduría capitalina filtraron su denuncia con nombre y apellidos.

Tal vez sin pretenderlo, la administración de Claudia Sheinbaum fue alimentando el odio, la histeria y los actos de violencia ocurridos el pasado viernes, cuando grupos de mujeres feministas tomaron las calles de la Ciudad de México.

Un grupo de manifestantes causó destrozos y la imagen de una ciudad sin ley fue difundida en todo el mundo, más aún cuando periodistas fueron agredidos por infiltrados en la movilización.

Ante la postal de violencia y vandalismo, Sheinbaum acusó de nueva cuenta que todo era una “provocación”.

Sin duda, la investigación sobre la joven violada fue una de las raíces de la marcha del viernes que se salió de control.

Lejos de tratar el tema con discreción, tomando sus reservas y estudiando los errores, Sheinbaum aprovechó la difusión de un video –la noche del miércoles 14 de agosto- donde aparece la víctima con los policías a los que acusa de violación para recargar todo el peso de su gobierno.

Para el día siguiente –jueves 15 de agosto-, la consigna era evidenciar que la joven estaba mintiendo. La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, envió a su directora de Comunicación, Lorena Ortega Espinosa, y a su vocero, Ulises Lara, a sembrar la duda al señalar que detectaron inconsistencias en las declaraciones de la víctima.

No quedó en una conferencia de ambos funcionarios, sino que el vocero de la Procuraduría se subió a un carrusel de entrevistas por varios medios de comunicación para colocar ese mensaje.

A estas afirmaciones también se sumó el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta.

Ni Claudia Sheinbaum ni su equipo de asesores pensaron que estas declaraciones provocarían la irritación de los movimientos feministas que habían citado para una magna marcha para el viernes 16 de agosto.

¿Qué esperaban? ¿Que las mujeres salieran a un día de campo, cuando el Gobierno de la Ciudad de México ya había sido juez y parte en una investigación que sigue en proceso?

Los daños materiales saltan a la vista pero a la luz de los reclamos de mujeres que todos los días son víctimas de agresiones en casa, el trabajo y el transporte público, el costo de las reparaciones es nada.

Pésimo el manejo de Claudia Sheinbaum de este caso. Lo primero que debería de hacer la jefa de Gobierno es despedir a quienes le aconsejaron echar todo el aparato de su administración contra una joven de tan solo 17 años.

Incluidos, entre ellos, la directora de Comunicación Social y el vocero de la Procuraduría capitalina por generar encono con sus declaraciones en un caso que le está costando políticamente mucho a la jefa de Gobierno.

También habrá que hacer un análisis del trabajo que se realiza en la Secretaría de Gobierno, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, que no advirtió a su jefa que la marcha del pasado viernes estaba plagada de movimientos radicales que desde principio a fin vieron la oportunidad de desestabilizar al gobierno de la capital del país.

Después de los desmanes de la semana pasada, Claudia Sheinbaum dice que no va a criminalizar ninguna manifestación social y anunció la implementación de una serie de mesas de trabajo para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, mientras que la Secretaría de Gobernación analiza emitir una Alerta de Género en la Ciudad de México.

En Cortito: Nos cuentan que la gente del gobierno de la ciudad y diversos actores políticos andan molestos con los consejeros electorales locales porque no los ven muy dispuestos a trabajar con la administración de Claudia Sheinbaum. Se dieron cuenta con el tema de la Ley de Participación Ciudadana y después de que comenzaron a opinar que se deben promover amparos con esa ley. Dicen que esa idea proviene de consejeros afines al PAN y al PRI y que están muy preocupados porque no saben qué les espera para la elección de 2021.

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