Solamente el crimen organizado se ha salvado del derrumbe revelado por el momento mexicano. El gobierno, en cambio, vive una convergencia sin igual de crisis de percepción y de experiencia ingrata. Si los adversarios conspirativos del presidente Enrique Peña Nieto lo hubieran planeado no hubiera podido salirles mejor: grave crisis en justicia y desplome de una licitación de familiares del grupo en el poder del país que se va a visitar. A la tristeza y la indignación nacional por sucesos que aún no se aclaran pero que demuestran la corrupción de servidores públicos y la presencia brutalmente dominante del crimen organizado, triturador de cuerpos y evidencias, en algunos municipios, se sumaron incidentes cuya concatenación accidentada sorprende. En el caso de Ayotzinapa la respuesta twitera al desbalance entre credibilidad gubernamental y detallado esfuerzo de exposición del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, revela una capacidad de libertaria subversión respecto del discurso oficial a la cual el funcionario se vio obligado a responder. Su propia explicación al trending topic “ya me cansé” parece inverosímil: no ha dormido en 40 días y, por si faltara, asocia el yerro a su “cansancio” ante una violencia que el núcleo del gobierno aseguraba haber disminuido. Respecto de la “Casa Blanca” de Peña Nieto, la denuncia del equipo de Carmen Aristegui prendió en todo lo alto de la prensa estadounidense antes que en la prensa nacional, buena parte de la cual está supeditada a la ambigüedad a que la obliga su dependencia del erario. La asociación entre la parte vendedora del inmueble de Las Lomas, de 80 millones de pesos, y la empresa mexicana y la china responsables del proyecto en primera instancia ganador para el transporte México-Querétaro, se incendió hasta dejar irreconocible los restos del discurso de transparencia que intentaba el gobierno federal y que instrumentalizó hasta para la integración del actual IFAI. La decisión presidencial de mantener el viaje a China y otras naciones fue defendida por un compromiso estratégico ante la comunidad internacional cuya inversión debe mantenerse a salvo de la tormenta política, aún en el contexto de la crisis de justicia y derechos humanos que vivimos. A las crisis de seguridad y de credibilidad en el discurso de transparencia se agrega ahora la de carácter diplomático: hay que decirle a una familia poderosa en China, integrada a la dirigencia del país, que si no es esta será en otra ocasión y, al mismo tiempo, no es posible ocultar en el mediano plazo el efecto del acuerdo probable y predecible al que pueda arribarse. La prensa que ataca a quienes cuestionan exige documentos cuando hay evidencias, exige evidencias cuando hay documentos, pide ideas cuando sobran, espera investigación cuando la ignora y reclama para sí el curioso espacio de la defensa de las instituciones cuando es tiempo de asumir las consecuencias de sus límites y de proponer sus nuevos contenidos. Su contenido es claro: justicia expedita, garantía de respeto a los derechos humanos y honradez a prueba de moches así como la capacidad de que la opinión pública ubique a la ilegalidad como núcleo de la convergencia de crisis que presenciamos.
EPN: convergencia de crisis