En días pasados se dio a conocer el “Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024". Este documento es producto de la realización de una serie de foros de consulta a nivel nacional, en general es la hoja de ruta de la administración del poder ejecutivo encabezada por el Lic. Andrés Manuel López Obrador; quien la autodenominó cuarta transformación “4T”.
Aunado a la estrategia estrategia nacional de seguridad y la estrategia de paz, se pueden recoger como las directrices y vértices en temas de suma importancia para el desarrollo y progreso del país. Entre las actividades planteadas e instituciones obligadas a seguir el plan estratégico. Están involucradas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
El pasado 30 de abril, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento interior de la SSPC, lo cual da forma, estructura y operatividad a la nueva SSPC, diría mi abuelo “se acabaron los pretextos; a darle”, hay que trabajar como hasta ahora; sólo que con la autonomía e independencia de la SEGOB, que fue lo que por 6 años no permitió un avance real al combate a la impunidad y coordinación con las autoridades estatales y municipales.
Tanto la “nueva SSPC como la FGR” tienen la presidencia de las conferencias nacionales en el tema de seguridad pública y procuración de justicia, respectivamente. Esto implica interactuar de forma coordinada y complementaria con los Estados y Municipios. Menudo reto, ya que la “soberanía” de ambos entes jurídicos ha sido hasta ahora el pretexto jurídico y político idóneo para que la cultura de la legalidad esté por los suelos, la impunidad por los cielos.
Tanto la SSPC, como la FGR tienen enormes retos, ambas en sus ámbitos de competencia a nivel federal y la colaboración con estados y municipios, estos que normalmente obedecen a tomas de decisión, basados en temas políticos demasiado locales; esto ha implicado, que se tomen recursos federales que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha destinado para capacitación policial, implementación de Centros de Control de Confianza, equipamiento policial, etc., que han sido ocupados para pavimentar calles, arreglar parques, etc. Y con estas acciones han generado que hoy por hoy se tengan los índices de inseguridad que padecemos hoy por hoy.
Este problema, no ha sido dimensionado en términos de costo de pérdidas económicas, inversión, estabilidad, cumplimiento de la ley, respeto de los derechos humanos, calidad de vida, etc. Sólo ha tenido en el mejor de los escenarios una consecuencia política que después ha traído como consecuencia la exigencia de parte de estados y municipios que la Federación resuelva el problema. La respuesta por parte de la Federación tanto en seguridad y justicia ha sido sin filias, lo mismo a lugares que están gobernados por el PAN, PRI, PRD y Morena, estas son cosas de forma que hacen fondo.