La Cámara de Diputados, se encuentra en el proceso de la Reforma Constitucional al artículo 19, del tema se ha hablado básicamente, con argumentos para evitar “la puerta giratoria” y porque el robo de hidrocarburo no está considerado como un delito grave. Para entender de forma y fondo lo que ahora se discute entre los diputados, que ya fue discutido en el Senado y que próximamente se discutirá en la legislaturas de las entidades federativas, nos tenemos que ir con un paso atrás. Sí el origen de la supuesta “puerta giratoria” es la reforma de 2008, en la que se planteó el cambio del sistema de justicia penal. En 2008, se modificó el sistema inquisitivo mixto y de tipo escrito, a uno de carácter adversarial y oral. La esencia de esa reforma fue tratar al “delincuente” como inocente hasta en tanto no se le demostrara que era culpable. Para que esto fuera tangible, se requería generar equilibrios y contrapesos entre los operadores del sistema y las instituciones que conforman el Sistema Penal que incluye también el Sistema Penitenciario. La apuesta por migrar a un sistema penal de primer mundo fue muy alta, para ello se estableció un periodo de transición del 2008 al 2016, sin embargo, nuestra realidad es que, no tenemos condiciones de primer mundo, ni en el corto plazo lo seremos, lamentablemente nos falta mucho. El sistema penal y penitenciario, es como la cañería de una ciudad, no se ve, no se siente; excepto cuando falla y la ciudad se inunda y sale a flote la podredumbre de todo lo que circula por las tuberías subterráneas. Igual ocurre con el sistema penal y penitenciario, por más de 30 años los presupuestos se han reducido cada año y entonces el cambio del sistema penal adversarial no se ha concretado por las deficiencias de su cañería. La debilidad institucional, con personal sin capacidades, certificaciones, actualizaciones, falta de recursos y de voluntades políticas, generaron que los ocho años que se tuvieron para remozar, adecuar y modernizar sus tuberías, no fueron suficientes, hubo más de 3 encargados de la implementación transversal, no hubo continuidad entre sus acciones, las cuales con los resultados se aprecia que nada estuvo concatenado de forma estratégica y de forma simultánea a la sociedad no se comunicara y formara con dos elementos básicos, el respeto a la autoridad y a la ley. Entonces, el resultado no puede ser distinto, los delincuentes salen, por falta de elementos del Ministerio Público para poder probar los hechos, las agravantes, grados de participación y justificación de argumentos que permita que los delincuentes sean vinculados a proceso y que se queden en la cárcel por conexidad de delitos graves como lo es la delincuencia organizada, etc. La sociedad, no se preparó para considerar que permitan monitorear a los imputados hacer algo mientras están sujetos a un proceso penal, el estigma de los antecedentes penales perpetúa a pesar de que la ley ya no lo permite, salvo casos excepcionales. Los jueces no cuentan con herramientas para imponer otra forma de seguimiento de los procesos, lo más fácil es tener a alguien sujeto a proceso y a la mano en el centro penitenciario más cercano y son jueces de legalidad, más que de impartición de justicia. Por otro lado, la sociedad mexicana no hace que el Estado de Derecho se respete, esto es cumplir con la ley (hacer lo que se permite y no hacer lo que se prohíbe) y si bien es cierto cuando cualquier funcionario protesta “guardar y hacer guardar las leyes” el Estado de Derecho es un camino de doble sentido, así que, efectivamente el que roba hace lo que la ley no permite y el que no lo sanciona, no cumple con la ley que lo obliga a investigar, procesar y sancionar. Lotería, si todo el mundo hace lo que quiere, no hay forma de no tener el caos que tenemos, (violencias, inseguridad, robo de hidrocarburos, bloqueos de vías ferroviarias, incremento de agresiones a niñas, niños, mujeres, etc.). Si no hay brújula personal (autodelimitación), no hay brújula colectiva. Y sí el Estado no invierte en la cañería, porque eso no se ve, el caos va en aumento. Hace poco escuche con atención el mensaje anti robo de combustible, es correcto, que el Estado genere otros mecanismos, para no criminalizar el origen del mal, que en algunos casos es la pobreza; sin embargo decía un muchacho que conocí reclutando para un trabajo que él era pobre pero honrado y quería hacer patria, trabajando diario, entonces la pobreza tampoco justifica, que se tome lo que no es de uno, sea lo que sea incluso cualquier hidrocarburo. El ejemplo del robo de hidrocarburo sirve para explicar lo que se ha conocido como la “la puerta giratoria”. Si alguien que robó gasolina de un ducto de PEMEX es detenido, y puesto a disposición del juez, en la primera audiencia va a salir, con una medida cautelar de fianza y firma periódica. Al salir, seguramente a seguir haciendo lo mismo, ya que el problema es que en muchos lugares la permisibilidad de ciertas conductas, se convirtió en el modo de vida, esta persona al ser detenida nuevamente, podrá salir y por ello se llama “puerta giratoria”. La prisión preventiva es oficiosa, sólo en los delitos graves, la idea de la Reforma Constitucional de 2008, es que la mayoría de los delitos no lo sean, y con ello se generen alternativas para los sujetos a proceso penal, estén con limitantes, pero que les permitan hacer una vida más normal con restricciones (aplicación del principio de presunción de inocencia). Las limitantes de alguien sujeto a proceso pueden ser por ejemplo: no salir de un área determinada o no acercarse a cierto tipo de lugares, tener un brazalete que lo monitoree, entregar el pasaporte, visa(s), para que no salgan del país, y estén pendientes de su proceso, no pongan en riesgo a las víctimas, testigos, etc., sin embargo, esas medidas distintas a la de prisión, no son del todo viables, en atención a que el Estado a nivel federal no invirtió en ello, y a nivel local algunos estados como Chihuahua, Morelos, Oaxaca, Estado de México, Chiapas, Querétaro y la Ciudad de México son los que invirtieron en formar una Unidad de Medidas Cautelares y capacitar a su personal para contar con UMECA, sin embargo, también les hace falta presupuesto y personal con perfiles especializados. Entonces, con el catálogo de delitos graves que se tiene actualmente, algunos son de alto impacto social, económico, etc. pero está limitado y lo que se busca es ampliarlo a delitos como el robo de hidrocarburos, portación de arma de fuego, algunos delitos contra menores, no está mal, siempre y cuando en paralelo se invierta en la cañería del Sistema Penal y Penitenciario de este país, para realmente estar al nivel de nuestros socios comerciales, de lo contrario perderemos cada vez más; la imagen de México está en riesgo, el discurso es que somos un Estado Democrático Constitucional de Derecho, si esto no se hace palpable en el corto plazo, serán cuestiones que afecten a la 4T; esas son cosas de forma que hacen fondo.
4T de delitos graves e instituciones débiles
