El presidente Enrique Peña Nieto exigió a embajadores y cónsules mexicanos difundir “una imagen veraz y objetiva del país que disipe dudas o distorsiones a nuestra realidad”. Su misión es cambiar la idea que en México no hay Estado de Derecho, transparencia ni honestidad. Contra esos demonios que cuelgan a este gobierno como a ningún otro en una generación, Peña Nieto hizo la encomienda, que responde a la visión de la realidad mexicana que tienen en Los Pinos, que a decir por encuestas y críticas, no es la que ven millones en México y en el mundo.
La realidad del presidente, como afirma la mente estratégica detrás de él, Aurelio Nuño, jefe de Oficina de la Presidencia, busca consolidar este año las reformas económicas. La otra realidad es que esas reformas se devaluaron por un modelo de exclusión política y social que hizo crisis en el último trimestre del año, en el cual quedó patente la ausencia de leyes, la opacidad y el nepotismo empresarial. No son realidades excluyentes, salvo que por diseño así se quieran manejar.
Al no consolidarlas, el discurso presidencial parecería obedecer a un capricho: si la realidad que ven millones no es la suya, el problema es para quienes discrepen. Si se empataran, lo que habría que plantearse es la refundación de la República, porque el pacto social de 1928 dejó de ser funcional y se necesita uno nuevo que logre la reconciliación entre todos los mexicanos. Pero esta no es la realidad del presidente, y dos botones de muestra reflejan las visiones antagónicas.
La primera es la forma como ven en Los Pinos la operación inmobiliaria de la casa privada de Peña Nieto, adquirida por su esposa Angélica Rivera a un empresario cercano al presidente, así como la participación del mismo hombre de negocios en un convenio similar con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Eduardo Sánchez, el vocero de la Presidencia, dijo en una entrevista con la agencia británica Reuters, que las leyes mexicanas no establecen que el presidente o el secretario incurrieran en ninguna conducta de ilegalidad, por lo que “no hay conflicto de interés”.
Terco hasta la ignominia, lo que dice el vocero es una aberración para quienes entienden lo que es la ética política. En los 90’s, por ejemplo, Bill y Hillary Clinton, testificaron ante un Gran Jurado sobre una operación fallida de bienes raíces en Arkansas, dos décadas antes de ser presidente. Conocida como Whitewater, la investigación lo colocó en el umbral del desafuero, ante la sospecha que estaba relacionada con el financiamiento de su campaña para la gubernatura en Arkansas. Los Clinton fueron deslindados de responsabilidad por un fiscal especial nombrado por la entonces procuradora Janet Reno, pero su socio fue a la cárcel.
En septiembre pasado, sobre un tema similar de conflicto de interés en Los Pinos, se escribió en este espacio que la falta de una cultura sobre ese dilema, que es cuando una situación determinada afecta la imparcialidad de una persona o explota sus relaciones para beneficio persona, es una seria deficiencia en México. Un conflicto de interés se resuelve cuando el funcionario público lo expone antes de ser descubierto y se excusa de participar en todo aquello que genere sospecha. Al no hacerlo, la sospecha de corrupción es muy grande.
Ni Peña Nieto o Videgaray lo aclararon antes de ser denunciados en los medios. En una entrevista que dio Videgaray en diciembre a la cadena MSNBC, la conductora Michelle Caruso le dijo: “Si Bárbara Bush (esposa de George Walker Bush) hubiera tenido una casa construida por Halliburton (empresa cercana al gobierno), G.W. Bush habría sido desaforado”. Lo que sugirió es que el parámetro ético en Los Pinos está muy alejado al que se usa en otras partes del mundo. Querer que el cuerpo diplomático cambie al mundo es, por tanto, imposible.
El otro gran tema es el Estado de Derecho. La interminable aparición de fosas clandestinas y la existencia de 22 mil 300 personas desaparecidas o sin localizar desde 2006 -nueve mil 790 en este sexenio-, enfatiza cómo es que la ley no gobierna este país. Hay regiones, como el corredor Iguala-Taxco en Guerrero, llenos de tumbas ilegales sin que existan responsables. Menos del dos por ciento de las denuncias llegan a sentencia. ¿Cómo no ver el monstruoso sistema incólume de justicia mexicano?
Un ejemplo grotesco de la debilidad legal es el compromiso del presidente que no habría más bloqueos en la autopista que lleva a Acapulco. Su promesa es retórica. Esa vía está permanentemente bloqueada por razones políticas y sociales. La Policía Federal, recomendó este fin de semana que quienes viajen al puerto utilicen la carretera libre, porque la de cuota está en poder de grupos opositores al gobierno. Es decir, la claudicación total.
La realidad del presidente de libertad de tránsito en la autopista sólo existe en su mente. Su afirmación que están detenidos los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, es falsa. Crímenes sin castigo. Opacidad como una constante. No hay culpables. Nadie está bajo proceso. Menos aún presos. En el mundo se preguntan porqué. Peña Nieto piensa que es una distorsión de la realidad mexicana, pero la realidad –se puede alegar-, es la distorsión conceptual, intelectual y operativa en la casa presidencial. Esto, ni por decreto, ni con represión podrá modificarse, aunque el presidente crea que a golpe de spots, propaganda y amenazas, sea posible.
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