Hay algo profundamente doloroso en que una universidad tenga que contar a sus alumnas asesinadas en lugar de celebrar sus graduaciones.
Aylin Rodríguez Fernández, Kimberly Joselin Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón y Claudia Tacoronte Aguilera. Cinco estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos han sido víctimas de feminicidio desde abril de 2025. Cuatro de ellas fueron asesinadas en 2026.
Aylin tenía 20 años y estudiaba Psicología. Kimberly, 18, pertenecía a la Facultad de Contaduría, Administración e Informática. Karol, también de 18 años, estudiaba Derecho. Michelle tenía apenas 15 años y era alumna del bachillerato de la UAEM. Claudia tenía 21, era española y había llegado a Morelos como estudiante de intercambio. Fue asesinada el 12 de septiembre en Cuautla.
Detrás de cada nombre hay una familia que esperaba un regreso, una llamada, una graduación, una vida que todavía estaba comenzando.
Y detrás de los cinco casos hay algo que obliga a mirar más allá de cada expediente; la capacidad de las instituciones para prevenir la violencia antes de que sea demasiado tarde.
Morelos registró 21 víctimas de feminicidio entre enero y julio de 2026, de acuerdo con el Informe de Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ese periodo, el estado ocupó el sexto lugar nacional por número de víctimas y el segundo por tasa, con 1.97 feminicidios por cada 100 mil mujeres, frente a una tasa nacional de 0.55.
Estos datos no permiten reducir lo ocurrido en la UAEM a una sucesión de hechos aislados.
Tampoco significa que la universidad sea responsable de cada crimen cometido contra sus estudiantes. Una institución educativa puede establecer protocolos, acompañar a las víctimas y reforzar sus medidas internas. La seguridad pública, la prevención del delito, las búsquedas y la investigación de los feminicidios corresponden a las autoridades.
El caso de Claudia muestra además que una respuesta posterior puede ser rápida y aun así llegar después de la tragedia. El 17 de septiembre, autoridades federales y estatales detuvieron a Francisco Javier “N”, quien tenía una orden de aprehensión por el feminicidio.
Detener a un presunto responsable es necesario. Pero no responde por sí solo a la pregunta central: ¿qué se hizo para evitar que ocurriera?
La seguridad de una mujer no puede medirse únicamente por la capacidad de las autoridades para encontrar al responsable después de su muerte.
Aylin, Kimberly, Karol, Michelle y Claudia no deberían convertirse en nombres que aprendamos a repetir cada vez que ocurre otro feminicidio.
Eran estudiantes.
Tenían derecho a estudiar, a caminar, a salir, a regresar a casa y a imaginar un futuro.
El reto para las autoridades no es solamente esclarecer cada asesinato, sino construir las condiciones para que ninguna otra joven tenga que convertirse en una nueva cifra. La seguridad de las mujeres no puede evaluarse únicamente después de una tragedia; también debe medirse por la capacidad de prevenirla.
