Cerca del 27% de la población decidió intercambiar su voto por un beneficio individual en las elecciones presidenciales de 2012.[1] Esto equivale a poco más de 13 millones y medio de personas que vendieron su voto a algún partido político. Los bienes que están en juego varían significativamente dependiendo del tipo de votante, región y partido político. Algunos ofrecen trabajos en el gobierno, otros efectivo, despensas, materiales de construcción o incluso programas sociales.
Lo preocupante de que las personas decidan hacer acuerdos clientelares o de venta de votos no es el poco peso que le dan a las plataformas de los partidos políticos. El problema fundamental radica en que se distorsiona el vínculo entre electores y gobierno desgastándose así los principios democráticos que fomentan gobiernos de calidad. La verdadera rendición de cuentas a la que será sujeta el gobernante se reduce al momento de cumplir sus promesas de entregar el bien ofrecido, ya sea antes o poco después de la elección. Así, los votantes juzgan a partidos y candidatos, no tanto por su desempeño en el gobierno, sino por la calidad de regalos que reciben durante las campañas.
El Partido Revolucionario Institucional fue sumamente exitoso creando estructuras clientelares que se fueron desgastando a raíz de las crisis económicas severas y los crecientes movimientos democratizadores a nivel local. El triunfo de Vicente Fox en el año 2000 se enfocó en un cambio que supuestamente representaba la consolidación democrática de México. Sin embargo, el bienestar que esperábamos los mexicanos a raíz de esta nueva forma de gobierno nunca llegó.
El desempeño de los partidos, tanto a nivel nacional como a nivel estatal y municipal, ha generado un desencanto profundo por parte de la ciudadanía con respecto a sus gobernantes. Las personas que dicen no identificarse con ningún partido político ha aumentado de 26% en 2006 a más de 40% actualmente. Entre el 35 y el 45% de las personas a nivel nacional considera que no hace diferencia qué partido gobierne. El 76% de la población está insatisfecha con la situación actual del país. Y México es uno de los países de América Latina que menor apoyo muestra hacia la democracia según el Latinobarómetro 2013 – únicamente 37% de la población considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.
Cuando los votantes perciben que no existen beneficios de ofertas programáticas, o que los partidos que compiten no se diferencian entre sí, los incentivos a vender el voto (o a no participar en las elecciones) son mayores. La venta de votos, por su parte, se vincula a una mayor tolerancia al desempeño mediocre de los gobernantes. Los electores saben que durante las campañas recibirán atención, promesas, regalos, y que una vez terminados los comicios todo seguirá igual que antes.
Cuando Enrique Peña nieto fue electo Presidente, las bajas expectativas de la población respecto a su gobierno eran preocupantes. Entre el 40% y el 50% de la población consideraba que no observaríamos mejoras en los principales temas y más del 30% incluso pensaba que empeorarían la seguridad, los salarios y el respeto por los Derechos Humanos. Peor aún, el 78% de la población consideraba que la corrupción se agravaría o permanecería igual.
En Agosto de 2012 el 60% de la población consideraba que el PRI compró votos en la elección presidencial, 42% manifestaba que es el partido que más votos compra, y el 30% señalaba que era el partido más corrupto. Con estas cifras es lamentable que el PRI haya ganado la elección con un margen cómodo de victoria. ¿La respuesta es la compra de votos? Seguramente sí. La venta de votos como resultado de doce años de alternancia a nivel nacional con resultados mediocres, de la creciente corrupción de los partidos a nivel estatal y del cinismo de los gobernantes respecto a la democracia en sí.
Actualmente el escenario que enfrentamos es aún peor. El Presidente Peña Nieto se encuentra en sus niveles más bajos de desaprobación, la población por primera vez empieza a preocuparse por los niveles de corrupción como por la inseguridad y la economía. Aunado a esto, no parece haber alternativas viables aún consolidadas ante los votantes. La izquierda se encuentra en un proceso de fragmentación en donde puede reducirse a sus niveles de voto duro. El PAN ha sido incapaz de capitalizar el descontento con el Presidente ya que no ha logrado formular una ruta creíble ante los votantes para convencerlos de ser una mejor opción. Y los partidos pequeños se mantendrán, esperemos, en un voto auténtico de nicho y con escasos recursos.
Así, muchas personas han decidido, como en 2012, considerar la opción de vender su voto al mejor postor. Actualmente contamos con un padrón de 83 y medio millones de votantes. Estimando una participación un poco mayor que la tradicional en elecciones intermedias dado que hay nueve gubernaturas en juego, podemos pensar que 48% de la población saldrá a votar. Tomando en cuenta los niveles de venta de votos de la elección presidencial anterior, podemos pensar que alrededor de 14 millones de votantes irán a las urnas para votar por el partido o candidato que les regaló una despensa, unos tenis, le ofreció afiliarlo a un programa social o le dio algo de dinero en efectivo. Catorce millones de decisiones supuestamente democráticas que serán tiradas a la basura o fungirán como parapeto de algunos políticos.
Los responsables de esto son los líderes políticos que no han buscado consolidar las instituciones democráticas cuando alcanzaron el poder. Mandatarios nacionales, estatales y municipales que prefirieron rutas fáciles de supervivencia política en lugar de construir vínculos con un electorado a base de desempeño. El único precio que se debe pagar por un voto es un buen gobierno. Hasta que no aprendamos eso podremos seguir viviendo las consecuencias del clientelismo: el deterioro de nuestra democracia y gobiernos de mala calidad.
[1] Does Everyone Have a Price? Tesis doctoral de Elda Lorena Becerra Mizuno. Diciembre, 2012.
@lorena_becerra