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Juan Carlos Rodríguez

Los estados del norte desplazaron en 2017 a las entidades del sur en materia de malos manejos del presupuesto federal. Mientras que en años pasados los campeones del desvío de recursos eran Veracruz con Javier Duarte, Quintana Roo con Roberto Borge o Oaxaca con Gabino Cué, esta vez las mayores anomalías ocurrieron en Coahuila, Tamaulipas y Sinaloa, de acuerdo con los dos reportes parciales del análisis de la Cuenta Pública 2017.

En el último año de gobierno de Rubén Moreira —actual diputado federal del PRI y efímero secretario general del partido— la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que 13.6% de los recursos analizados presentaban inconsistencias, lo que equivale a mil 328 millones de pesos.

El mayor desfalco ocurrió en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, uno de las bolsas de recursos federales con menos controles. De los 692 millones de pesos transferidos ese año, el gobierno de Moreira no logró comprobar el destino de 674.8 millones, equivalentes al 97 por ciento.

Graf-WebDe ese total, 382.6 millones de pesos no presentaron documentación comprobatoria; 196.8 millones corresponden a bienes adquiridos que se encuentran en bodegas del contratista y no fue posible su verificación física o instalación, y 41.1 millones se fueron a otras cuentas de la Secretaría de Finanzas del estado, sin acreditar su aplicación en obras y acciones que cumplan con los objetivos del fondo.

Otra de las irregularidades millonarias en que incurrió Coahuila fue en el manejo de las participaciones federales, es decir, los recursos provenientes de los impuestos. De un total de 4 mil 128 millones de pesos transferidos, el estado no distribuyó adecuadamente 295.5 millones. Asimismo, de 499.8 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples, el gobierno moreirista no logró explicar el destino de 209.1 millones; es decir, poco más de la tercera parte.

En el segundo lugar de los estados con mayores vicios en su contabilidad está Tamaulipas, actualmente gobernado por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, que asumió el cargo en octubre de 2016. De acuerdo con la ASF, en 2017 el gobierno tamaulipeco presentó inconsistencias en 8.5% de los recursos que le envió la Federación, equivalente a mil 83 millones de pesos.

El mayor golpe de la corrupción fue contra el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, con una sangría superior a los 380 millones de pesos, los cuales se integran por recursos no ejercidos ni reintegrados a la Tesofe por 14.4 millones; incumplimientos en materia de servicios personales, por 7.2 millones, pagos a personal no reconocido por 334.4 millones; así como por retenciones de ISR que no fueron enteradas al SAT por 34.7 millones.

Finalmente, Sinaloa, gobernado desde el 1 de enero de 2017 por el priista Quirino Ordaz Coppel, es la tercera entidad con mayores problemas en su contabilidad; de los 12 mil 250 millones de pesos que le fueron transferidos en 2017, 732 millones tienen irregularidades, lo que equivale a 6% del total.

Penúltimo año
El tercero y último informe de la Cuenta Pública 2017 estará listo en en febrero  de 2019, cuando se revelen las auditorías forenses.

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