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Juan Carlos Rodríguez

La corrupción ganó terreno en la recta final del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. En 2017, seis instituciones que tenían expedientes limpios en las investigaciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) incurrieron en pagos indebidos, facturas a sobrecosto, compras sin documentación comprobatoria y desvío de recursos que, en conjunto, representan un daño al erario por arriba de 300 millones de pesos.

Las dependencias que en la segunda entrega del análisis de la Cuenta Pública 2017 entraron a la lista de malos manejos contables son: la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), dirigida por Roberto Serrano Altamirano; la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encabezada por Jaime Francisco Hernández; la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyo rector es Enrique Graue Wiechers; el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dirigido por Osvaldo Santín Quiroz; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encabezada por el general Salvador Cienfuegos Zepeda, y los Tribunales Agrarios, cuyo magistrado presidente es Sergio García Ramírez.

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Infraestructura indígena

Las irregularidades en que incurrió  la CDI ascienden a 159.1 millones de pesos y están concentradas en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas en Chiapas, Hidalgo, estado de México, Sonora y Yucatán.

Las pesquisas de la ASF detectaron recursos no ejercidos en Chiapas e Hidalgo por 9.9 millones y 76.6 millones, respectivamente; depósitos realizados de manera extemporánea por 58.1 millones en Chiapas; incumplimiento del gobierno de Chiapas de una aportación comprometida previamente por 8.3 millones; pagos injustificados a una empresa de supervisión en Chiapas por 1.2 millones y mermas en los volúmenes de asfalto por 1.3 millones en Yucatán.

Anomalías en ductos

Otra empresa que se había mantenido limpia desde 2012 es la CFE, que para 2017 presentó inconsistencias por 141.9 millones de pesos. Ese año, la ASF fiscalizó la construcción de gasoductos para el transporte de gas natural a fin de verificar que correspondan a los previstos en los proyectos, así como el cumplimiento de plazos para el inicio del servicio. La investigación también buscó verificar que se suministre el servicio de transporte a las centrales generadoras de energía eléctrica conforme a lo contratado, y que en su pago, comprobación y registro contable se observaran las disposiciones legales.

›El órgano fiscalizador encontró que no se aplicaron sanciones al transportista del Gasoducto Ramal Hermosillo, por 49.1 millones de pesos, por no alcanzar la fecha programada de inicio del servicio de transporte de gas natural, y del porcentaje de integración nacional de tubería ofertado; asimismo, detectó falta de amonestaciones al transportista por no alcanzar el porcentaje de integración nacional de tubería ofertado del Gasoducto Ojinaga-El Encino, por 92.7 millones de pesos.

Pagos indebidos en la UNAM

En los 18 años de historia de la ASF, la UNAM ha sido objeto de 17 auditorías y en todas había salido limpia. Hasta ahora. Al realizar una auditoría de cumplimiento financiero al rubro “Prestaciones, Estímulos y Adquisición de Bienes”, el órgano fiscalizador encontró anomalías por 16.7 millones de pesos.

Al detallar los hallazgos, la ASF informó que la máxima casa de estudios incurrió en falta de documentación comprobatoria de 13.4 millones de pesos en las nóminas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y pagos injustificados por 1.9 millones a 100 empleados por concepto de “percepción adicional” y “prestación adicional”

La ASF también halló estímulos adicionales otorgados a 528 académicos por 1.3 millones de pesos que no corresponden a los montos establecidos en los tabuladores de las convocatorias del “Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura”.

Plazas no autorizadas en el SAT

Durante tres sexenios, al Servicio de Administración Tributaria, encargado de recaudar y distribuir los ingresos provenientes de los impuestos de los contribuyentes, le han realizado 199 auditorías, y en todas ha logrado aclarar las observaciones realizadas por la ASF. Sin embargo, para 2017 deberá aclarar operaciones anómalas por 7.9 millones de pesos.

De la partida “Remuneraciones al personal eventual” la Auditoría Superior descubrió que se realizaron pagos por 3.1 millones de pesos en plazas no autorizadas; sueldos por 839 mil pesos en niveles no autorizados, y pagos en demasía por 166 mil pesos. Asimismo, la ASF detectó que no se proporcionó la documentación que acredite la devolución a la Tesorería de la Federación por 72 mil pesos por concepto de pagos de becas, y por 27 mil pesos por pagos en demasía a prestadores de servicios eventuales.

De la partida “Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos”, se realizaron pagos por 35 mil pesos por concepto de suministro de combustible a 11 vehículos que no se encontraban dentro del padrón. De la partida “Servicios de vigilancia”, se realizaron pagos de los cuales no se proporcionó la documentación comprobatoria por 3 millones pesos, ni la documentación que acredite el cobro de deductivas por 434 mil pesos.

Bienes y servicios en Sedena

En lo que va del sexenio, la Secretaría de la Defensa Nacional se había distinguido por su pulcritud contable y desde 2013 mantenía en ceros su expediente de solventación de faltantes. En la segunda entrega del análisis de la Cuenta Pública 2017, la dependencia que dirige el general Cienfuegos presentó irregularidades por 3.5 millones en compras de bienes y servicios.

›La ASF identificó “ausencia de mecanismos de control y operación en el manejo y aplicación de los recursos que motivaron, entre otros, la falta de justificación y de evidencia documental para acreditar que con los procedimientos de adjudicación seleccionados se aseguraron las mejores condiciones de compra para el Estado; deficiencias en la selección de proveedores, toda vez que los bienes no fueron comprados directamente con el fabricante, lo que ocasionó que se pagaran recursos en exceso con respecto al valor real de los bienes por 1.7 millones de pesos, así como por la entrega de certificados de calidad presuntamente no fidedignos. Falta de aplicación de penas convencionales y recursos pendientes de reintegrar a la Tesorería de la Federación por concepto de penalizaciones por 1.8 millones de pesos”.

Olvidan devolver dinero a la Tesofe

Otra institución que se había mantenido lejos de desvíos y pagos indebidos eran los Tribunales Agrarios, institución encargada de garantizar el ordenamiento territorial, mediar para el eficiente uso del suelo, dar certeza jurídica a ejidatarios y comuneros y resolver litigios sobre tenencia de la tierra. 

En su más reciente informe, la ASF reportó falta de justificación y de evidencia documental para acreditar que en los procedimientos de adjudicación seleccionados se aseguraron las mejores condiciones de compra para el Estado; falta del reintegro a la Tesorería de la Federación de recursos disponibles al cierre del ejercicio por 1.8 millones de pesos; percepciones pagadas en exceso por 182 mil pesos; falta de comprobación de la aplicación del gasto de los recursos ejercidos en viáticos nacionales por 155 mil pesos, y otorgamiento de viáticos y pasajes sin contar con la documentación que justificara que correspondieron a comisiones relacionadas con el desempeño de funciones oficiales propias de los Tribunales Agrarios.

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